Eso deberá hacer Colombia respecto del registro de la migración venezolana en el país, dado que el próximo 28 de mayo vence el plazo de regularización de quienes se encontraban en estas tierras para el 31 de enero del 2021 y no tenían la condición de migrantes regulares. La decisión en cuestión será producto, sin duda, de razones que en distintas oportunidades hemos expresado por esta vía.
Un país debe saber -con certeza- quién se encuentra dentro de sus linderos, sobre todo por razón de seguridad interna, pero también está obligado a saberlo por motivos de conveniencia.
En efecto, si Colombia conoce -como debería- que tipo de persona habita en el país, puede adoptar decisiones que con mayor facilidad propendan a la integración de ellas con el resto de los ciudadanos, de manera tal que, desconocerlo, a sabiendas de la necesidad respectiva, conspira contra el interés nacional.
Hemos sostenido en artículos previos que, de encontrarse Venezuela vinculada efectivamente a la Comunidad Andina de Naciones, la situación sería diferente y quizás la misma hubiere incidido de manera más favorable aún en la integración de nuestro dos países, sin embargo, nuestra ausencia no puede ser óbice para abstenerse de proponerle a Colombia el que se implementen, aún por fuerza de las circunstancias, las decisiones que correspondan según las mismas.
Ningún Estado puede darse el lujo de desconocer quien se encuentra dentro de su territorio. Saberlo le garantiza seguridad y, si se adoptan decisiones complementarias, progreso muy superior al derivado de la sola presencia del migrante y el consumo que este habrá de realizar.
Si la migración es desordenada por lo que a los venezolanos concierne - pues esa es lamentablemente la manera como hasta ahora la hemos ejecutado- Colombia puede hacer lo contrario respecto de nuestra recepción adoptando políticas públicas al respecto.
A estas alturas de los tiempos que corren en esta tierra de Nariño y Caldas, ya veremos si las decisiones respectivas las adopta el gobierno saliente -como en su momento lo hizo en abril del 2018 el del señor Presidente Santos al implementar el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos y su respectivo PEP o las mismas las acuerda el entrante, cualquiera sea la persona que ocupará la Casa de Nariño. En todo caso, quizás más que una ampliación de plazo, lo conducente sería establecer un registro permanente.
Gonzalo Oliveros Navarro
Fundacion2Paises
@barraplural
FUENTE: Gonzalo Oliveros Navarro
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