Cambio de ciclo

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En menos de treinta días llega a su fin la gestión del señor Presidente Iván Duque frente a los destinos de Colombia y por tanto el momento es propicio para hacer una corta evaluación de lo acontecido respecto de la migración venezolana en el país a partir del siete de agosto de 2018.

Continuó el con la implementación del Permiso Especial de Permanencia que se desarrolló a partir del gobierno del señor Presidente Santos, extendiendo la protección que dicho instrumento permitía a los militares, fuerzas policiales y familias de estos que el año 2019 decidieron enfrentar la gestión del señor Maduro en Caracas.

Adicionalmente a éllo, el Poder Ejecutivo fue parte del programa “Primero la Niñez” a través del cual se extendió la nacionalidad colombiana por nacimiento a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia a partir del 1 de enero del 2015 y hasta agosto del 2021, lo que fue posteriormente implementado a través de la Ley 1997 del 2019, a la vez que desde presidencia se trató de implementar el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización –PPFF- afectado, no solo por la manera como fue concebido, sino también por la llegada al país del covid, para concluir con la expedición del Decreto 216 del 2021 mediante el cual creó el Permiso por Protección Temporal para el Migrante Venezolano, mediante el cual se decidió regularizar a los migrantes que en Colombia se encontraban al 31 de enero del 2021, en tanto que permitiría que a la protección accedieren quienes llegaren por puestos fronterizos hasta el 24 de noviembre del próximo año.

Hemos sostenido que la normativa contemplada en el citado Decreto 216 compendia –y amplía- las disposiciones que desde el año 2017 el estado colombiano había establecido para la migración venezolana y es lo cierto que esa política de Estado que Colombia ha desarrollado, ha sido reconocida internacionalmente como una de las más generosas que, en materia de migración, país alguno hubiere sancionado.

En un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano, no debe haber motivo para que los migrantes venezolanos y los refugiados que en el país nos encontramos, tengamos temor alguno respecto del desconocimiento de las normas que Colombia ha adoptado como propias respecto de la actuación frente a ambos grupos de personas.

Si dos administraciones de diverso pensamiento político, con el apoyo del Poder Legislativo y el soporte del Poder Judicial del país, lograron construir una política pública de identificación e inclusión a la migración, quienes ayer fueron parlamentarios y mañana estarán en posición ejecutiva, no tendrían motivos para modificarla y sí, quizás, para ampliarla puesto que la situación venezolana no se ha resuelto y por las fronteras, de manera irregular, continúan ingresando venezolanos que ven en Colombia el sitio propicio para producir económicamente, lo que obligará al Estado a identificarlos y caracterizarlos en un futuro.

Independientemente de quien ocupe el Palacio de Nariño, los venezolanos que en Colombia estamos, habitantes como lo somos del país en los términos previstos en el Título III de la Constitución Política, continuaremos aportando nuestro esfuerzo a los fines de contribuir al engrandecimiento de Colombia pues, en la medida que a élla le vaya bien, igual nos pasará a nosotros.

Gonzalo Oliveros Navarro
Fundación2Paises
@barraplural
@fundacion2pais1

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FUENTE: Gonzalo Oliveros Navarro

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