Es esa la que tiene a partir de hoy respecto de Venezuela el gobierno del señor Presidente Petro y ello deriva de la activación de la actividad fronteriza en ambas naciones y la puesta en práctica efectiva de la reapertura de relaciones acordadas entre ambos países.
Se inicia hoy un nuevo proceso entre dos naciones con procesos políticos opuestos. Uno que tiene la característica que el presidente de uno de los dos países ha sido objeto de medidas de protección por parte de organismos internacionales; un país en el cual las decisiones que aquellos adoptan, son acogidas en la legislación interna en tanto que otro -donde quien dirige los destinos nacionales- es señalado por misiones internacionales de derechos humanos como violador de los mismos, implica una diferencia notoria.
Ciertamente que la situación fronteriza es menester resolverla en beneficio de las poblaciones de ambos lados de los límites geográficos y que, adicionalmente, la regularización acordada debería incidir en que Colombia no sea afectada por actuaciones violentas diseñadas desde el otro de aquéllos por los grupos irregulares que en Venezuela acampan, así como que el flujo comercial que se habrá de generar, guste a algunos o no, beneficiará a ambas naciones, pero también es verdad que la relación entre estas debería ir mucho más allá.
A pesar de lo que buenos amigos colombianos consideran en el sentido que creen muy difícil que Colombia se involucre en la solución del conflicto interno venezolano, es lo cierto que si Venezuela hace lo propio respecto del colombiano, nada pudiere reclamársele al gobierno del señor Presidente Petro, si este hiciere lo contrario. En palabras muy venezolanas, la salsa que es buena para el pavo lo es para la pava.
Lo que ha ocurrido en Venezuela estos últimos años ha impactado a Colombia; mas de dos millones y medio de nacionales de este país en la tierra de Nariño y Caldas evidencia que la situación no es normal, circunstancia esta que se repite por el hecho que grupos irregulares colombianos se encuentran en Venezuela y desde allí, según se ha recogido de fuentes oficiales, han afectado a personas y bienes en Colombia. La regularización de las relaciones entre ambas debería impactar esas variables y a eso uno estima que, cuando menos los Palacios de Nariño y San Carlos, apuestan.
Ciertamente que la línea que cada gobierno pisará será digna de equilibrista. Cada uno, obviamente, tiene sus intereses particulares y en función de los mismos actuaran. Lo cierto es que, en el medio se encontrarán setenta millones de personas que pudieren resultar afectados o beneficiados, según sea el caso, por las decisiones que se adopten.
Como uno de esos millones de venezolanos residentes en Colombia, que cree que el gobierno de este país está llamado a liderar un movimiento que facilite la solución del conflicto político existente en nuestro país, espero no equivocarme y que, con el paso del tiempo, más pronto que tarde, las gestiones que se realicen desde Bogotá faciliten que a Venezuela retorne la institucionalidad inexistente en este momento desde hace varios años.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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