Dos posturas, dos países

Gonzalo Oliveros

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Los colombianos eligieron a un presidente para que, desde el 7 de agosto de 2022 rigiere por cuatro años y sólo por ese periodo de tiempo, al país.

Ha emitido esta semana desde España el señor presidente Petro una declaración, posteriormente rectificada, de la cual se derivaba que el señor Fiscal General de Colombia era subalterno suyo. Como reacción a la misma este funcionario emitió una respuesta que, en tono y forma satisfizo a  una parte de los venezolanos por la preocupación que, respecto de lo que ocurre en esta tierra de Nariño y Caldas, sentimos quienes nacimos al norte del sur. Declaración esta que fue complementada con mucha más mesura por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia del país. 

La preocupación venezolana deriva del hecho que buena parte de nuestra población cree que en Colombia se repetirá la experiencia del chavismo y lo ocurrido evidencia la distancia que existe entre una y otra realidad. 

En la Venezuela de 1999, cuando se inició el proceso que ha destruido al país, las autoridades judiciales o se habían rendido a los pies del presidente Chávez, al extremo de llegarse a permitir una constituyente inconstitucional, quizás “porque el pueblo lo quería” y no porque la Constitución lo permitía o porque quienes dirigían la Fiscalía General de la Nación  eran simpatizantes del proceso. Lo anterior no ocurre en Colombia y hay pruebas de ello. 

Cursa desde hace años en Colombia un proceso judicial contra el ex presidente Uribe. 

Desde las filas de sus adversarios se advierte que desde la fiscalía se busca protegerlo y que hay magistrados que, por sus simpatías, pudieren colaborarle. Es decir, habría parcialización favorable a él.  

Esta semana, el Consejo de Estado, máximo órgano judicial contencioso administrativo del país destituyó como senador al presidente del Congreso, muy cercano al inquilino de la Casa de Nariño y otro senador -muy cercano al presidente Petro- expresó dudas respecto de la imparcialidad de la decisión. 

Obsérvese entonces que, desde dos flancos de opinión con extremo distanciamiento ideológico se critican decisiones judiciales, atribuyéndole intereses políticos disímiles a integrantes del poder judicial. Esto lleva a concluir que lo que existe es independencia en esas instancias de poder, que es de lo que Venezuela carece y es menester reconstruir de manera urgente y perentoria.  

Colombia es un país de leyes.  

A pesar de las críticas internas que existen respecto de su sistema judicial, sus jueces y magistrados expiden sentencias y fallos cuyo control último está en manos de la Corte Constitucional y cuando lo amerita, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela no tiene acceso a ésta por decisión del señor Chávez y en la Sala Constitucional caraqueña, el Estado no pierde una causa. Esa es una diferencia fundamental entre Colombia y la Venezuela que vivimos desde 1999. 

Los colombianos eligieron a un presidente para que, desde el 7 de agosto de 2022 rigiere por cuatro años y sólo por ese periodo de tiempo, al país. A diferencia de lo que ocurría en Venezuela para el inicio del proyecto chavista donde no había liderazgo alguno que pudiere hacerle contrapeso político e institucional al presidente de la época, eso sí existe en Colombia y debe ser conocido por los venezolanos.  

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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