La investigación, que amplía el informe de la Misión de Investigación del 20 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos, documenta múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales antes, durante y después de las disputadas elecciones presidenciales de julio del país.
Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, todas ellas como parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como oponentes. Entre las víctimas hay niños y personas con discapacidad.
La Misión informó que los detenidos son amenazados, incluso con actos de tortura, con el fin de que se autoincriminen por delitos graves, como el terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación puede acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, que enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional.
El informe de la Misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período se cometieron siguiendo la misma línea de conducta que la Misión había calificado anteriormente como crímenes de lesa humanidad. Además, esas violaciones, cometidas con intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en función de la identidad de las víctimas.
Según la Misión de Investigación, en los recientes hechos de violencia, veinticinco personas fueron asesinadas a tiros. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.
El informe incluye casos ilustrativos que ejemplifican sus hallazgos y sitúa el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones.
La Misión reitera su llamado al Estado para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y respete la integridad física y psicológica de los detenidos y su derecho al debido proceso. La comunidad internacional y las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas deben prestar especial atención a la protección de los derechos de los niños en estas circunstancias.
La Misión expresa su gratitud por el continuo apoyo de la comunidad internacional, incluida la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de prorrogar el mandato de la Misión por otros dos años.
La Misión continuará con las investigaciones ya iniciadas sobre la situación de los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y sobre la violencia protagonizada por individuos armados conocidos como “colectivos”, tal como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos.
Lea el informe completo y detallado aquí .
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. Mediante sus resoluciones 45/20 y 51/29 , el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión por dos años más, hasta septiembre de 2024. La Misión presentará su próximo informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre.
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FUENTE: >>https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/un-international-mission-reveals-gross-human-rights-violations-venezuela
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