Por una parte, el PEP TUTOR, aprobado en el cuarto trimestre del año 2024, de muy limitada aplicación. Adicionalmente, no se ha considerado -o aprobado- un proceso masivo de regularización y para colmo, quienes solicitaron refugio antes de la aprobación del Decreto 089 de enero del presente año, no tienen permitido trabajar en el país, todo lo cual, así respetuosamente lo afirmo, conspira no solo contra quienes serian beneficiarios de la respectiva decisión sino también contra Colombia misma.
Resulta contradictorio que una administración que se ha preocupado por la implementación de la reforma laboral y que por tanto, a través de la misma le de importancia al trabajo como hecho social, no concluya que la irregularidad migratoria, por una parte y el impedimento legal a los solicitantes de refugio para que trabajen, conspira contra esa decisión
Un migrante irregular o un solicitante de refugio previo a la expedicion del citado decreto, está obligado, por simples razones humanitarias, a trabajar pues debe mantenerse el y debe hacerlo con su familia.
Eso le obliga a aceptar condiciones laborales que, en caso de poder trabajar legalmente, no aceptaría y por ello ocupará un puesto no por sus competencias -como lo habría de hacer cualquier colombiano o un migrante regular- sino por la ventaja económica que al patrono le implica pagar menos salario, a pesar del riesgo que ello conlleve. Esa posición entonces es perjudicial para todos, para el contratante, el contratado, el Estado y también para quien pudiere ocupar el puesto por sus habilidades.
Alguno afirmará que eso se resuelve devolviendo al migrante irregular a su país de origen y al respecto afirmare que está errado pues, mientras en aquel no se resuelva la situación que originó la salida inicial, la decision se repetirá infinitamente.
Así mismo afirmaré que esa conclusión parte de la premisa según la cual, la migración es un problema y no una oportunidad y allí, obviamente tenemos una diferencia de criterio fundamental pues estoy convencido que es lo segundo en lugar de lo primero.
La actual administración del Palacio de Nariño inicia en menos de dos meses, su último año de gestión de los asuntos de Colombia, razón por la cual, respetuosamente, desde estas líneas solicitamos una reconsideración de las políticas públicas que desde ella, se han implementado respecto de la migración -especialmente la venezolana- para hacerla más inclusiva de la que ha desarrollado hasta ahora. Si ello ocurriera, Colombia retornaría al diseño de políticas públicas en materia migratoria como asunto de Estado y no como problema coyuntural de cada administración.
Gonzalo Oliveros Navarro
@fundacion2pais1
@barraplural
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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