@elhabito
Sencillito: en este artículo le explicamos al mundo, sin adornos ni eufemismos, por qué Nicolás Maduro debe terminar en prisión.
No es un líder controversial. Es un criminal de Estado. Y hay pruebas. Nicolás Maduro, usurpa el poder en Venezuela desde 2013. Es el rostro de una maquinaria represiva acusada de crímenes de lesa humanidad, corrupción a gran escala y devastación de un país entero. Y ya no lo dice solo el pueblo venezolano. Lo dicen organismos internacionales. Lo respaldan informes. Lo gritan los números.
La Misión de la ONU sobre Venezuela, en sus informes de 2020, 2022 y 2023, documentó con nombre y apellido la participación directa de Nicolás Maduro en una cadena de mando que ordenó asesinatos, torturas, persecuciones y desapariciones forzadas. La Corte Penal Internacional lleva adelante una investigación formal contra su régimen por crímenes de lesa humanidad, y en 2023 se aprobó avanzar a la fase final: la que implica acusar penalmente a los responsables, con Maduro en la cúspide. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos han exigido su enjuiciamiento internacional por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No son rumores. Son expedientes.
Bajo su mandato, las fuerzas del Estado han asesinado, torturado y hecho desaparecer a miles de ciudadanos. Los cuerpos de seguridad, FAES, DGCIM, SEBIN, actúan como escuadrones de muerte, con prácticas documentadas que incluyen asfixias, descargas eléctricas, violencia sexual, simulacros de ejecución, aislamiento extremo y golpizas brutales. Las víctimas no son enemigos de guerra. Son estudiantes, periodistas, militares disidentes, defensores de derechos humanos, mujeres embarazadas, adolescentes. Cualquiera que cuestione. Cualquiera que incomode.
En paralelo, Maduro destruyó el sistema democrático venezolano: disolvió la Asamblea Nacional elegida por el pueblo en 2015, inhabilitó a los principales líderes de la oposición, modificó las reglas electorales a su antojo y ha organizado farsas de votación sin observación independiente, con millones de votantes presionados, migrantes excluidos y padrones manipulados. Incluso la ONU ha abierto una investigación este mismo mes, en junio de 2025, sobre el proceso presidencial más reciente. A pesar del triunfo masivo de la oposición liderada por María Corina Machado y la clara victoria del candidato unitario Edmundo González Urrutia, avalada por el Centro Carter y diversos observadores internacionales, Maduro se niega a reconocer los resultados y perpetra lo que muchos ya llaman el robo electoral más descarado de América Latina en las últimas décadas.
Y todo esto ocurre mientras el país colapsa. Venezuela vive la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental: más de 8.5 millones de personas han huido del país en la última década. Familias destrozadas. Niños sin escuela. Ancianos sin medicinas. Más del 90% de la población vive en pobreza, los hospitales están en ruinas, los salarios son simbólicos, y los niños mueren por diarreas o infecciones respiratorias que en cualquier otra parte del mundo serían tratadas con una pastilla.
Maduro ha estrechado vínculos con redes de narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado. Bajo su protección se trafica oro, coltán, combustible, armas, personas y droga, a través de rutas controladas por el régimen y sus aliados. Y se financian estructuras criminales que operan en varios países, desde Colombia hasta el Medio Oriente. Venezuela, bajo su mando, dejó de ser una nación soberana para convertirse en un nodo oscuro de poder ilícito.
Entonces, ¿por qué debe importarle esto al mundo? Porque lo que ocurre en Venezuela no es un drama local. Es un experimento de impunidad global. Si Nicolás Maduro no enfrenta la justicia, se instala un precedente tenebroso: que un dictador puede robar, asesinar, torturar y aún así ser reconocido como jefe de Estado, fotografiarse con presidentes, negociar contratos, dar discursos en la ONU. Maduro ha financiado grupos criminales, infiltrado procesos migratorios con agentes de inteligencia, consolidado alianzas con dictaduras como Irán y Rusia y desestabilizado la región con su presencia tóxica. Hoy, además, se denuncia la instalación de fábricas de drones con tecnología iraní en territorio venezolano, una amenaza creciente que puede convertir al país en una plataforma de operaciones militares o de espionaje que trasciende las fronteras. No es paranoia. Es geopolítica. Y es urgente.
No estamos hablando de ideología. No es izquierda ni derecha. Es crimen. Es dolor. Es sangre. La justicia internacional, si quiere seguir llamándose así, no puede seguir demorando lo inevitable. Y si no actúa, será cómplice de este monstruo.
𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥á𝐬 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐢𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐨. 𝐒𝐞 𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐯𝐢𝐬𝐚𝐧𝐝𝐨.
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FUENTE: >>r/s/w
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