Es importante que toda la sociedad conozca en profundidad el desempeño criminal de los jueces y fiscales, porque no se trata solamente de resucitar la idea general que se puede comparar sobre las dictaduras y autocracias latinoamericanas, que naturalmente es la ejecutada durante las décadas de los años 70 y 80, por lo ocurrido en todo el continente Latino Americano, tratándose de países controlados por una bota militar sin respeto alguno por las formas del Estado de derecho, donde descaradamente ejecutaron acciones sistemáticas y generalizadas de violación de derechos humanos directamente o por medio de estructuras paralelas, cuya existencia no se reconoció oficialmente.
Desde esta perspectiva la figura del resto de los funcionarios de esas estructuras estatales tiene una importancia secundaria, pues no formaban parte directa del aparato represivo, por ejemplo, en algunos casos, los tribunales recibían y admitían recursos de habeas corpus sobre personas desaparecidas y oficiaban a los diferentes organismos de seguridad pública y estos respondían que no tenían conocimiento del destino de la persona en cuestión y allí se cerraba la investigación judicial, con un silencio poderoso.
En el caso de Venezuela actualmente no hay precedente inmediato de lo que ocurre en el poder judicial y el ministerio público, el autoritarismo tiene nuevas y más elaboradas expresiones, entre las cuales están la intervención en elecciones como medio para acceder al poder, el uso de mensajes populistas y de la imagen de líderes carismáticos para atraer a las masas y así explotar su desesperación, la instrumentalización del derecho y la justicia para lograr el objetivo político deseado, es una de las armas centrales. Es así como estas instancias tan importantes para la justicia fueron minadas de mediocres, abogados sin estudios en profundidad del valor de las leyes, peor aún graduados por instrucción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), miembros de colectivos armados, o de grupos irregulares, ex convictos, premiados con cargos de jueces y de fiscales, desde donde tejen relaciones con los llamados PRANES carcelarios y establecen cuotas económicas para todo tipo de procedimientos.
Constituyéndose en parte esencial del problema, actuando activamente para blanquear los actos de represión del poder de facto, e incluso ellos mismos son medios de represión contra la disidencia, complementando la acción de los órganos de seguridad, todo en beneficio del régimen, y por supuesto, a costa de los derechos humanos, con la agravante de elaborar expedientes para posteriormente extorsionar a ciudadanos, y apoderarse de los bienes que consideren deben engrosar sus propias finanzas.
Lamentablemente, hay que sentenciar las fallas estructurales del sistema de justicia venezolano, y su patrón de violaciones de derechos humanos e instrumento represor, la justicia en Venezuela está en manos no solo de corruptos, sino de desalmados, capaces de asesinar, robar y torturar con sus propias manos para preservar esos cargos en detrimento de la población, pero deben saber que nada dura para siempre y en algún momento la justicia que tanto vulneran los alcanzará.
Los abogados dignos resistimos y no nos entregamos al servicio de la dictadura, al contrario, estamos entregados a derrotarla.
tiradodiogenes02@gmail.com
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