Por Omar González Moreno
El reciente pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha vuelto a poner en primer plano el caso venezolano en el panorama internacional.
¡La situación de derechos humanos en Venezuela ha empeorado!, exclamó sin titubeos ante delegados del mundo entero.
Sus palabras, cargadas de una verdad innegable, impactaron como un misil en la ya debilitada estructura del régimen de Nicolás Maduro, un régimen que ha sumido al país en una crisis humanitaria y política sin precedentes.
La crisis de derechos humanos en Venezuela no es un fenómeno reciente, pero su escalada en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes.
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el país enfrenta un deterioro sistemático en las libertades fundamentales.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y la criminalización de la disidencia son prácticas que se han institucionalizado bajo el régimen de Maduro.
Estas acciones no solo violan los tratados internacionales de los que Venezuela es signataria, sino que representan un ataque frontal contra la dignidad humana.
El régimen ha perfeccionado un aparato represivo que utiliza leyes inconstitucionales y arbitrarias, como la infame Ley contra el Odio, para silenciar cualquier voz crítica.
Periodistas, activistas, opositores políticos y ciudadanos comunes son blanco de un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo, donde no existe ningún tipo de garantías.
Las desapariciones forzadas, el terrorismo de Estado, unos delitos que remite a las peores dictaduras de la historia, han resurgido como una herramienta para infundir miedo y desmovilizar a la población venezolana.
Cada día, decenas de venezolanos más pierden su voz, su libertad o su vida.
Detrás de las cifras y los informes, hay historias de dolor que no pueden ser ignoradas.
Son madres que lloran a sus hijos desaparecidos, familias destrozadas por la violencia estatal, y cuerpos marcados por la crueldad de un régimen que no tolera la disidencia.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado casos de torturas que incluyen descargas eléctricas, asfixia y golpizas brutales, todas diseñadas para quebrar no solo el cuerpo, sino también el espíritu de las víctimas.
El impacto de esta represión no se limita a quienes son directamente atacados.
La sociedad venezolana vive bajo un manto de miedo y autocensura.
La libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier democracia, ha sido prácticamente aniquilada.
Medios de comunicación independientes han sido clausurados o asfixiados económicamente, mientras que los periodistas enfrentan amenazas, encarcelamiento o el exilio forzado.
Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, más de 500 medios han cerrado desde 2013, y el acceso a internet está cada vez más restringido para limitar la difusión de información crítica.
A esto se suma la crisis humanitaria que agrava el sufrimiento del pueblo.
La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y el colapso del sistema de salud han convertido la supervivencia en un desafío diario.
Más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de un futuro mejor, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Esta diáspora, una de las más grandes de la historia moderna, es un testimonio del desespero de un pueblo que ya no encuentra una soluciones pacífica en su tierra natal.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y legal de actuar frente a estas atrocidades.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado investigaciones interminables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, pero no termina de tomar acciones concretas, por los tentáculos de la corrupción de Maduro y sus secuaces.
Es imperativo que los gobiernos democráticos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil global se unan para exigir justicia y apoyar al pueblo venezolano.
Esto incluye no solo condenas verbales, sino también medidas prácticas que pongan fin a estas atrocidades.
La comunidad nacional e internacional debe alzar la voz por aquellos que han sido silenciados y exigir la liberación inmediata de los presos políticos.
Venezuela no solo sufre; clama por su derecho a existir como una nación libre y democrática.
El deterioro de los derechos humanos no es un problema aislado, sino un síntoma de un sistema que ha perdido toda legitimidad.
El mundo debe escuchar este clamor y actuar con decisión.
Es hora de que la comunidad internacional pase de las palabras a los hechos, de las condenas a las soluciones.
Por las madres que lloran, por los cuerpos marcados por la tortura, por un pueblo que resiste con el alma rota pero indomable: ¡basta ya!
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FUENTE: >>Omar González Moreno
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