Cuando el silencio se rompe y la justicia se desnuda

Robert Alvarado

“Donde se niega la justicia (… ) y donde se hace sentir a cualquier clase que la sociedad es una conspiración organizada para oprimirla, robarla y degradarla, ni las personas ni la propiedad están a salvo”, Frederick Douglass

Kamel Salame acaba de hacer algo que, para muchos, puede parecer un acto de valentía política, en una perspectiva que todo lo reduce a ese quehacer social mediante el cual se ejerce y distribuye el poder, se toman decisiones colectivas y se regula la convivencia en la sociedad. Para mí, que he caminado al lado de su historia más como amigo que como defensor, es un desahogo largo y doloroso que se convierte en una radiografía de la Venezuela judicial que hemos vivido durante casi dos décadas. Tras diecisiete años de un proceso injusto, diez de ellos pasados entre rejas y siete de un despojo patrimonial que el Estado aún se niega a reparar, Kamel rompe el silencio y, en esa ruptura, desnuda no solo su caso, sino el rostro de una justicia que ha sido más montaje que mecanismo de control social.

En el caso de Kamel Salame Ajami, un yaracuyano de pura cepa, el derecho se convirtió en un instrumento de persecución, en una cadena burocrática que alargó deliberadamente un proceso que ya de por sí carecía de base fáctica. Más allá de los circunloquios y criterios jurídicos, lo que emerge es la crónica de un empresario yaracuyano, de raíz humilde, que aspiró a la Alcaldía de San Felipe y que, tras triunfar de forma arrolladora, en lugar de un debate electoral, recibió un expediente penal construido sobre presunciones falsas, errores convenientes y una instrumentalización de la administración de justicia.

Durante más de diez años, Kamel vivió las audiencias diferidas, los traslados entre al menos cinco centros penitenciarios, las condiciones de salud que se fueron deteriorando y la constante sensación de que el Estado no buscaba esclarecer un delito, sino anular a un contrario político. Él mismo ha contado cómo introdujo más de cincuenta y siete amparos constitucionales ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cómo vio dilatarse ilimitadamente la apertura de su juicio, cómo el tiempo se convirtió en la sanción principal, aunque el veredicto final lo declarara absoluto. Y es precisamente en esa paradoja donde el caso Salame deja de ser una historia individual y se erige en paradigma de la justicia venezolana contemporánea. Así, el Estado venezolano, por intermedio de la gobernación del estado Yaracuy, se apropió de una verdad que todos sabíamos pero que nadie lograba verbalizar con tanta crudeza: que la justicia, en muchos casos, dejó de ser un sistema y se redujo a un escenario de teatro político. Kamel no fue condenado por pruebas, sino por la sospecha; no fue juzgado por su conducta, sino por su perfil político.

Como defensor de Kamel, acompañé de cerca los cincuenta y siete amparos constitucionales y los escritos de avocamiento, los intentos de lograr que la Sala de Casación Penal del TSJ revisara una causa que se había enquistado en la opacidad. En mi solicitud de avocamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia insistí en que un caso tan prolongado, tan politizado y tan cargado de irregularidades demandaba un control más estricto, no por favoritismo, sino por elemental exigencia de Estado de Derecho. Resultó frustrante constatar que, aun cuando la justicia superior reconocía el desastre, el sistema no corría a remolcarlo, sino a consolidar el daño. De hecho, la Sala Constitucional, en noviembre de 2014, obligó a la fiscal General de la época, Luisa Ortega Díaz, a reconocer que el señalamiento por narcotráfico no era más que una etiqueta estigmatizante. O sea, en sentencia del TSJ quedó sentado que la tardía imputación por el delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico era falsa e interesada. No obstante, Kamel siguió encarcelado.

Hoy, después de que Kamel recuperó la “libertad plena”, en virtud de que una sentencia absolutoria firme lo absolvió, lo que queda es un sabor amargo: el Estado lo declara inocente, pero el mismo Estado se niega a devolverle lo que le arrebató. Sus propiedades siguen congeladas, secuestradas, incautadas; el patrimonio que generó con décadas de trabajo se ha desvanecido en una especie de “muerte civil” tramitada por el Saren y el Servicio de Bienes Recuperados. Esa es la parte que muchos olvidan: la justicia no cierra cuando se dice “absuelto”, sino cuando se restituye lo restituible.

Lo que más duele, comunicacionalmente, es que durante años se vendió la imagen de un supuesto narco “desenmascarado”, mientras que dentro de los tribunales se acumulaban fallos, resoluciones y hasta la propia Fiscalía terminó reconociendo que la imputación por narcotráfico había sido producto de un error humano. Ese error, sin embargo, no fue asumido como una falla institucional, sino como un detalle que podía pasar por alto. La imagen ya estaba construida, el estigma ya se había fijado y el daño reputacional resultó más difícil de reparar que el daño material.

Así las cosas, Kamel rompió el silencio en una rueda de prensa en Yaracuy, rodeado de su equipo jurídico, pero también de su comunidad, de sus amigos y de la gente que nunca lo abandonó. En ese acto, la verdad dejó de ser un expediente y se convirtió en narrativa pública. La imagen de un hombre que pasó más de una década entre rejas, que hojeó más de cincuenta amparos, que fue trasladado de una cárcel a otra, y que hoy se sienta frente a las cámaras sin rencor, sino con una humildad recalcada, es una imagen que desmonta cualquier intento de sostener que el Estado “hizo justicia”. Por tanto, comunicacionalmente, el regreso de Kamel marca un antes y un después no solo en su historia personal, sino en la forma en que el país entiende la presunción de inocencia, la duración razonable del proceso y la responsabilidad del Estado cuando se equivoca. En un contexto de redes sociales saturadas de versiones parciales, el caso Salame se convierte en un raro ejemplo de veracidad documentada.

Confieso que, al escribir este texto, me cuesta mantener la distancia técnica. No es que haya dejado de ser abogado, sino que mi vínculo con Kamel ha sido tan profundo que, en muchos momentos, lo he defendido menos como cliente y más como amigo. Lo he visto perder salud, perder tiempo, perder patrimonio y perder el sueño por la incertidumbre de un veredicto de inocencia, mejor dicho, de No responsable, que finalmente llegó. Y también lo he visto conservar intacta una especie de dignidad sobria que no necesita de discursos grandilocuentes para ser percibida. De allí, que, en su regreso público, Kamel no se presenta como un héroe, sino como un ciudadano que exige que el Estado asuma que cometió un error estructural. Esa modestia, esa firmeza sin algarabía, es quizás lo que más incomoda a quienes lo persiguieron: no le encontraron rencor, sino exigencia; no le hallaron fragilidad, sino resiliencia.

Tras diecisiete años, el silencio de Kamel se rompe, pero no se disuelve. Esa palabra que vuelve a circular en los medios, en las redes, en las calles de Yaracuy, es ahora un recordatorio: la justicia no puede ser un espejismo para unos pocos mientras otros la usan como cuchillo. El caso de Kamel Salame, con su carga comunicacional y sus implicaciones jurídicas, debería obligar a una reflexión profunda sobre el rol de la justicia en Venezuela, sobre la relación entre política y persecución penal, y sobre la necesidad de que un Estado que se equivoca no solo se disculpe, sino que devuelva lo que arrancó.

Como defensor, como amigo, como testigo de excepción, solo puedo decir que Kamel Salame ya no es solo un expediente. Es un nombre, una historia, una advertencia: que en Venezuela, todavía, la justicia falta y que cuando se tarda tanto en llegar, se vuelve urgente que se haga justicia por la justicia misma, no por el favor o la complacencia.

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FUENTE: >>https://www.elnacional.com/columnas/2026/04/cuando-el-silencio-se-rompe-y-la-justicia-se-desnuda/

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