El sistema judicial venezolano muestra disfunciones profundas, dando lugar a actuaciones percibidas como arbitrarias o injustas.
La memoria, ese hilo conductor que nos ata al origen, me devuelve hoy a Upata, estado Bolívar. Allí, entre tareas escolares, distracciones y liceos, creció el respeto que hoy me obliga a alzar la voz. No es solo el deber de quien conoce el Derecho, es la deuda del amigo con una familia que, desde 1952, no ha hecho más que edificar país y labrar un legado de trabajo que, absurdamente, se intenta demoler tras las rejas de una “justicia” que opera en las sombras.
Tras una reveladora conversación con el ex parlamentario nacional Américo De Grazia, recientemente excarcelado sin verle la cara al juez que conoció de su causa (en contraste con Nicolás y Cilia que se la han visto dos veces en un breve lapso) y cuyo periplo personal por los tribunales especiales de terrorismo no es más que el espejo de una calamidad nacional, he comprendido la magnitud del abismo.
Américo, un hombre libre que nunca dejó de serlo tras las rejas, nos relata cómo la falta de acceso al expediente y la negación de una defensa técnica privada se han convertido en la norma de un sistema que, lejos de ser un palacio de justicia, se ha transformado en un tribunal de inquisición donde la tutela judicial y el debido proceso son una quimera.
La situación es, a todas luces, una afrenta a la dignidad humana. En el caso específico de sus primos, Carmelo y Daniel De Grazia, principales accionistas de Bancamiga Banco Universal, la infamia alcanza niveles insostenibles.
En el caso de Carmelo y Daniel, poseedores de las boletas de excarcelación N° 165-26 y 166-26, del 16 de marzo de 2026, emitidas por el Juzgado Especial 1° de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, a cargo del juez José Antonio García Morán, su libertad continúa siendo secuestrada mediante vías de hecho.
¿Cómo explicar, ante el derecho y la razón, que una orden de un tribunal competente no sea acatada por el director de un centro de reclusión? El artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal es taxativo: “Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales”. Iudex García Morán tacet.
Ergo, el desacato a esta norma, como ocurre en el caso de Carmelo y Daniel, no solo es una irregularidad procesal, es la comisión de un hecho punible que desdibuja el Estado de Derecho. Salvo mejor criterio de tercero.
Más grave aún es la naturaleza de esta detención, que parece supeditada a intereses patrimoniales inconfesables. La presión para lograr la cesión de Bancamiga a cambio de una libertad que, por derecho propio, debería ser inmediata, constituye una extorsión pura, vulgar, alejada de cualquier lógica procesal.
El artículo 44, numeral 5 de la Constitución es diáfano: ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación. La permanencia de Carmelo y Daniel bajo custodia, sumada a las condiciones inhumanas de confinamiento denunciadas por su padre, Palmerino De Grazia, revela una saña que nada tiene que ver con la justicia y todo con la vulneración sistemática de garantías.
Mientras el gobierno transitorio habla de “la necesidad de ‘modernizar’ y ‘humanizar’ la justicia”, por caso, la realidad de las celdas de El Rodeo I, esa “cámara de tortura”, como bien ha sido calificado, nos recuerda que el sistema ha optado por el lenguaje de la fuerza, de las vías de hecho, y no por el de la ley.
Américo, quien ha vivido en carne propia la discrecionalidad del poder, nos invita a no normalizar el horror. En ese sentido, la familia De Grazia no reclama privilegios, reclama humanidad. Reclama el cese de una tortura perenne que encapucha a sus familiares y silencia sus derechos, con una persistencia inusitada.
La violación del derecho a ser oído, la ausencia de un juez natural y la opacidad absoluta ante la cual nos enfrentamos, como resaltó Américo, son los pilares de este viacrucis no solo de la familia De Grazia, sino también de tantas familias venezolanas que se sienten burladas, por ejemplo, con la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía.
En este contexto, no existe tribunal que pueda sostenerse bajo la desobediencia de sus propias sentencias. La inacción ante las órdenes de excarcelación no es un error judicial, es una estrategia deliberada de dominación que busca quebrantar la voluntad de familias enteras a lo largo y ancho de nuestro país.
La historia de los De Grazia es la historia de una Venezuela trabajadora que hoy es víctima del capricho y la arbitrariedad. Como testigo de su integridad, exijo el respeto al hilo constitucional. La libertad de Carmelo, Daniel y el cese de la persecución contra Américo y su familia no son concesiones, son mandatos de ley.
El silencio ante esta infamia es cómplice. Por la verdad y la justicia, es imperativo que cese esta detención ilegítima y que se retome el camino de la legalidad, donde el juez sea el guardián de la libertad y no el ejecutor de un designio oscuro. Venezuela merece jueces que acaten sus propias órdenes y que reconozcan, en cada ciudadano, la dignidad inalienable de un ser humano libre.
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FUENTE: >>José Luis Centeno S
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