Delcy Rodríguez, ahora Presidente encargada, e insoslayablemente figura emblemática del chavismo-madurismo, intenta hoy proyectar una imagen de ruptura con el período de horror y barbarie que condujo a la destrucción institucional y económica de Venezuela, sin embargo, en medio de un escenario marcado por el tutelaje norteamericano, hace un esfuerzo por diferenciarse pero tropieza con realidades difíciles de ocultar y superar.
Uno de los obstáculos más evidentes y quizás más difícil de desmontar en el corto plazo es la consolidación de poderosas mafias que han capturado el control de los medios de producción, estas estructuras no solo operan al margen de la legalidad, sino que se sostienen gracias a flujos de dineros muchas veces inexplicables, y a la protección directa o indirecta de sectores de las élites militares y policiales, configurando un entramado de intereses que condicionan profundamente la vida económica del país.
En el caso del estado Apure, el control de la carne, debe ser urgentemente evaluado, ya no es un hecho aislado, ni una irregularidad menor, sino la consolidación de un monopolio de facto que asfixia a los productores, distorsiona los mercados y termina impactando directamente el acceso de los venezolanos a un alimento esencial, este esquema no solo afecta a una región históricamente ganadera, sino que repercute en toda la cadena de distribución nacional, elevando costos, reduciendo la oferta y profundizando la crisis alimentaria, este tipo de monopolio ha surgido en la figura del empresario Bruno Venturi, quien es el dueño del Matadero Industrial del Sur C.A, y con sus familiares directos controla una red de más de una veintena de frigoríficos y carnicerías bajo la denominación CAPOCHI C.A, haciendo que los competidores sean irrelevantes, pudiendo incidir totalmente en la fijación de precios, y distribución del producto sin competencia real, en este criterio la forma y desempeño de este negocio es inconstitucional a toda vista.
Pero el problema no se limita a Apure, aunque aquí sus efectos resultan especialmente perversos: los apureños, en medio de esta distorsión, terminamos pagando la carne más cara de toda Venezuela, pese a que el estado es, en teoría, el segundo mayor productor del país, esta contradicción revela la magnitud del desorden y la captura del mercado.
El control del negocio cárnico, paradójicamente sin ningún tipo de control institucional efectivo, ha generado una cadena de distorsiones que impacta incluso en la inflación nacional, un estado que debería garantizar el abastecimiento a precios justos termina, por el contrario, contribuyendo al encarecimiento del producto.
Según cifras del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (INVELECAR), en Apure el precio promedio del ganado en pie se ubica en 2,05 dólares por kilogramo, sin embargo, estos valores no se reflejan en el mercado, ninguna estructura de costos racional justifica que la carne se comercialice en 10 dólares por kilogramo, o que cortes como el lomito o la punta alcancen los 12 dólares, esta brecha evidencia un esquema de intermediación abusiva que concentra las ganancias en manos de un solo actor o grupo, en detrimento tanto del productor como del consumidor final.
A esto se suma un elemento aún más grave: la actividad se desarrolla con el respaldo o la permisividad de los organismos de seguridad del Estado, lo que ha derivado en la práctica según múltiples productores, la eliminación de controles sanitarios fundamentales, los protocolos del INSAI, especialmente los relacionados con el análisis de sangre para verificar la salud del ganado y los mecanismos de movilización, las famosas guías, requeridas en los puntos de control de la Guardia Nacional, han sido ignorados, poniendo en riesgo no solo la economía del sector, sino también la salud pública, y estimulando el abigeato apoyado por los propios sectores militares, porque solo gritan en las alcabalas este ganado es tal y eso hace inverifible los lotes de ganado.
Siendo evidente que el corazón de este problema se encuentra en un sistema de control opaco, donde actores con poder territorial imponen condiciones arbitrarias para el sacrificio, movilización y comercialización del ganado, los productores denuncian que no pueden vender libremente su ganado ni trasladarlo sin someterse a estructuras que fijan precios, rutas y destinos, mientras poderosos movilizan sin ningún control, y más grave aún es la presunta complicidad de organismos de seguridad del Estado, cuya función debería ser garantizar la legalidad y proteger a los ciudadanos, en lugar de actuar contra estas prácticas, su inacción y en algunos casos su abierta colaboración ha permitido que este monopolio se consolide en toda Venezuela, alcabalas convertidas en filtros discrecionales, permisos utilizados como herramientas y operativos selectivos evidencian un patrón que favorece a determinados grupos en detrimento del productor independiente.
El impacto de esta estructura es devastador, los pequeños y medianos ganaderos son los más afectados, obligados a vender por debajo de costos, o paralizar sus actividades, la consecuencia es clara: menos producción, menos oferta y precios más altos para el consumidor final, en un país ya golpeado por la inseguridad alimentaria, esta situación agrava la vulnerabilidad de millones de familias.
Apure, tradicionalmente considerado uno de los pilares ganaderos de Venezuela, está siendo convertido en un territorio de control económico restringido a manos de pocos, este modelo no solo destruye el aparato productivo local, sino que envía un mensaje peligroso al resto del país: la ley puede ser sustituida por intereses particulares cuando existen redes de protección institucional, frente a este escenario, el silencio oficial resulta ensordecedor, no hay investigaciones transparentes, ni correctivos visibles, ni garantías para los productores, la ausencia de rendición de cuentas alimenta la percepción de que ciertos monopolio no son una desviación, sino parte de una estructura tolerada, cuando es promovida desde el poder.
Denunciar esta realidad no es solo un acto de responsabilidad ciudadana, sino una necesidad urgente para visibilizar una problemática que amenaza la seguridad alimentaria nacional, mientras no se desmonten estas redes de control y se restituya el Estado de derecho en la cadena productiva, el país seguirá pagando el precio de un sistema que privilegia a unos pocos a la costa del bienestar colectivo de la nación, ya veremos si esta versión de Delcy, Vladimir Padrino en su nuevo rol de Ministro de Agricultura o del nuevo fiscal se atreven si quiera a establecer un precedente
Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias
FUENTE: >>https://www.analitica.com/opinion/monopolio-en-el-control-de-la-carne-en-apure-golpea-a-todo-el-pais-con-servilismo-de-los-organismos-de-seguridad-del-estado/
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
Uno de los obstáculos más evidentes y quizás más difícil de desmontar en el corto plazo es la consolidación de poderosas mafias que han capturado el control de los medios de producción, estas estructuras no solo operan al margen de la legalidad, sino que se sostienen gracias a flujos de dineros muchas veces inexplicables, y a la protección directa o indirecta de sectores de las élites militares y policiales, configurando un entramado de intereses que condicionan profundamente la vida económica del país.
En el caso del estado Apure, el control de la carne, debe ser urgentemente evaluado, ya no es un hecho aislado, ni una irregularidad menor, sino la consolidación de un monopolio de facto que asfixia a los productores, distorsiona los mercados y termina impactando directamente el acceso de los venezolanos a un alimento esencial, este esquema no solo afecta a una región históricamente ganadera, sino que repercute en toda la cadena de distribución nacional, elevando costos, reduciendo la oferta y profundizando la crisis alimentaria, este tipo de monopolio ha surgido en la figura del empresario Bruno Venturi, quien es el dueño del Matadero Industrial del Sur C.A, y con sus familiares directos controla una red de más de una veintena de frigoríficos y carnicerías bajo la denominación CAPOCHI C.A, haciendo que los competidores sean irrelevantes, pudiendo incidir totalmente en la fijación de precios, y distribución del producto sin competencia real, en este criterio la forma y desempeño de este negocio es inconstitucional a toda vista.
Pero el problema no se limita a Apure, aunque aquí sus efectos resultan especialmente perversos: los apureños, en medio de esta distorsión, terminamos pagando la carne más cara de toda Venezuela, pese a que el estado es, en teoría, el segundo mayor productor del país, esta contradicción revela la magnitud del desorden y la captura del mercado.
El control del negocio cárnico, paradójicamente sin ningún tipo de control institucional efectivo, ha generado una cadena de distorsiones que impacta incluso en la inflación nacional, un estado que debería garantizar el abastecimiento a precios justos termina, por el contrario, contribuyendo al encarecimiento del producto.
Según cifras del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (INVELECAR), en Apure el precio promedio del ganado en pie se ubica en 2,05 dólares por kilogramo, sin embargo, estos valores no se reflejan en el mercado, ninguna estructura de costos racional justifica que la carne se comercialice en 10 dólares por kilogramo, o que cortes como el lomito o la punta alcancen los 12 dólares, esta brecha evidencia un esquema de intermediación abusiva que concentra las ganancias en manos de un solo actor o grupo, en detrimento tanto del productor como del consumidor final.
A esto se suma un elemento aún más grave: la actividad se desarrolla con el respaldo o la permisividad de los organismos de seguridad del Estado, lo que ha derivado en la práctica según múltiples productores, la eliminación de controles sanitarios fundamentales, los protocolos del INSAI, especialmente los relacionados con el análisis de sangre para verificar la salud del ganado y los mecanismos de movilización, las famosas guías, requeridas en los puntos de control de la Guardia Nacional, han sido ignorados, poniendo en riesgo no solo la economía del sector, sino también la salud pública, y estimulando el abigeato apoyado por los propios sectores militares, porque solo gritan en las alcabalas este ganado es tal y eso hace inverifible los lotes de ganado.
Siendo evidente que el corazón de este problema se encuentra en un sistema de control opaco, donde actores con poder territorial imponen condiciones arbitrarias para el sacrificio, movilización y comercialización del ganado, los productores denuncian que no pueden vender libremente su ganado ni trasladarlo sin someterse a estructuras que fijan precios, rutas y destinos, mientras poderosos movilizan sin ningún control, y más grave aún es la presunta complicidad de organismos de seguridad del Estado, cuya función debería ser garantizar la legalidad y proteger a los ciudadanos, en lugar de actuar contra estas prácticas, su inacción y en algunos casos su abierta colaboración ha permitido que este monopolio se consolide en toda Venezuela, alcabalas convertidas en filtros discrecionales, permisos utilizados como herramientas y operativos selectivos evidencian un patrón que favorece a determinados grupos en detrimento del productor independiente.
El impacto de esta estructura es devastador, los pequeños y medianos ganaderos son los más afectados, obligados a vender por debajo de costos, o paralizar sus actividades, la consecuencia es clara: menos producción, menos oferta y precios más altos para el consumidor final, en un país ya golpeado por la inseguridad alimentaria, esta situación agrava la vulnerabilidad de millones de familias.
Apure, tradicionalmente considerado uno de los pilares ganaderos de Venezuela, está siendo convertido en un territorio de control económico restringido a manos de pocos, este modelo no solo destruye el aparato productivo local, sino que envía un mensaje peligroso al resto del país: la ley puede ser sustituida por intereses particulares cuando existen redes de protección institucional, frente a este escenario, el silencio oficial resulta ensordecedor, no hay investigaciones transparentes, ni correctivos visibles, ni garantías para los productores, la ausencia de rendición de cuentas alimenta la percepción de que ciertos monopolio no son una desviación, sino parte de una estructura tolerada, cuando es promovida desde el poder.
Denunciar esta realidad no es solo un acto de responsabilidad ciudadana, sino una necesidad urgente para visibilizar una problemática que amenaza la seguridad alimentaria nacional, mientras no se desmonten estas redes de control y se restituya el Estado de derecho en la cadena productiva, el país seguirá pagando el precio de un sistema que privilegia a unos pocos a la costa del bienestar colectivo de la nación, ya veremos si esta versión de Delcy, Vladimir Padrino en su nuevo rol de Ministro de Agricultura o del nuevo fiscal se atreven si quiera a establecer un precedente
Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias
FUENTE: >>https://www.analitica.com/opinion/monopolio-en-el-control-de-la-carne-en-apure-golpea-a-todo-el-pais-con-servilismo-de-los-organismos-de-seguridad-del-estado/
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.