La amnistía de papel y el diálogo de las sombras

Por José Luis Centeno S.

Amnistía incumplida erosiona la credibilidad del diálogo político.

Cuando se inicia un diálogo de alto riesgo y legitimidad disputada, que pudiese quedar en una negociación táctica si no produce compromisos verificables, es bueno recordar la falta de compromiso de quienes hicieron de la amnistía una supuesta salida institucional a la reprochable situación de los presos políticos. 

Hoy es 1 de agosto de 2026 y la mesa está servida, pero los cubiertos están oxidados por la desconfianza y el mantel, ese que llaman “paz social”, está manchado por la tinta de sentencias que dicen una cosa y hacen exactamente la contraria.

Para entender hacia dónde pudiésemos ir, hay que mirar por el retrovisor hacia febrero de este año, cuando se anunció con bombos y platillos una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El nombre, pomposo, casi celestial. Prometía reconciliación, pluralismo y un borrón y cuenta nueva para los delitos “políticos” del marco electoral de 2024. 

La realidad, esa que no sale en las gacetas oficiales decorativas, nos muestra un paisaje mucho más descarnado. El compromiso institucional no fue más que un espejismo, una pirueta jurídica para calmar las aguas internacionales mientras en los sótanos de la justicia especial se seguía cocinando el mismo guiso de siempre.

Tomemos como ejemplo el caso de Ricardo Alberto Albacete Vidal, ese empresario metalúrgico de casi cinco décadas que terminó siendo el rostro de la inconsecuencia. Su pecado, la hospitalidad con María Corina Machado. Esa virtud que en cualquier país normal se agradece y que aquí se paga con el desvalijamiento de una vida. Lo acusaron de todo lo que el código penal permite cuando se quiere destruir a alguien: terrorismo, traición, sabotaje. 

Todo por unos transformadores que tenían facturas legales de hace diez años, pero que el relato oficial necesitaba convertir en “material estratégico” robado. Lo detuvieron, lo incomunicaron y, tras meses de un calvario que incluyó el hacinamiento en lugares que los mismos presos llaman “el inframundo”, decidieron que la mejor forma de “pacificar” era el destierro.

Lo echaron del país el 20 de diciembre de 2024, en una de esas maniobras diplomáticas que saben a derrota disfrazada de libertad. Pero lo verdaderamente cínico vino después. Cuando sus abogados, armados con la flamante Ley de Amnistía, fueron al tribunal a pedir que se cerrara ese expediente de ciencia ficción, chocaron con un muro de hormigón procesal. 

El tribunal, con una ligereza que asusta, despachó la solicitud diciendo que “no se subsumían los requisitos”. Así, sin más. Sin explicar por qué un caso que nació, creció y se reprodujo en el contexto electoral de 2024 no calificaba para una ley hecha, supuestamente, para esos mismos casos.

Es aquí donde la ironía se vuelve amarga. El mismo Estado que lo expulsó forzadamente, violando la prohibición constitucional del extrañamiento, usa ahora su ausencia física para mantener la causa en un limbo eterno.  Es el nudo gordiano de nuestra justicia: te echo porque me estorbas, pero no te perdono porque necesito que sigas siendo un “culpable” en mis archivos. 

Y mientras tanto, el expediente duerme el sueño de los justos en una Corte de Apelaciones que parece haber olvidado cómo se redacta un pronunciamiento. No hay respuesta. No hay despacho. Hay un silencio administrativo que grita la falta de compromiso de un sistema que solo entiende la amnistía como una herramienta de propaganda.

Este es el espejo donde debe mirarse el diálogo que arranca este 1° de agosto. ¿Qué valor tendría un compromiso sentado en manteles relucientes si este se usa para limpiar la fachada del interinato y no para restaurar los derechos? 

En este contexto, el caso de Ricardo Albacete no es una excepción, es el manual de procedimiento. El tribunal de juicio emitió un auto “en serie” apenas veinticuatro horas después de la solicitud, una eficiencia sospechosa que solo sirve para negar derechos. Y la alzada, esa que debería ser el control de legalidad, se sumerge en una mudez que invalida cualquier retórica de diálogo.

Mientras tanto, el empresario seguirá esperando fuera del país que la justicia venezolana deje de ser un laberinto sin salida y empiece a parecerse, aunque sea de lejos, a lo que dice la Constitución que todos juraron defender pero que pocos parecen recordar a la hora de firmar un auto. Seguirá fuera de la frontera, mirando cómo su patrimonio: maquinaria, plantas eléctricas, propiedad intelectual, es devorado por quienes deben custodiarlo.

Entonces, ¿cómo creer en nuevos acuerdos cuando los que ya están firmados y publicados en Gaceta Oficial son papel mojado? La desconfianza no es un capricho de la oposición, de la comunidad internacional o de la sociedad venezolana; es el resultado lógico de años de ver, por ejemplo, cómo la justicia se convierte en un arma de persecución por encargo.

Este 1° de agosto, cuando comiencen supuestamente a sentar las bases de la reinstitucionalización, de la participación política real, veremos fotos de apretones de manos y escucharemos discursos sobre la “nueva etapa” de la República o sobre la eventual etapa de transición política, después de las presumidas etapas de estabilización y recuperación. 

Pero, mientras el extrañamiento siga siendo una práctica de Estado y la amnistía sea un beneficio que se niega con fórmulas vacías, cualquier mesa de negociación será percibida como un teatro de sombras. La paz no se decreta, se construye con hechos verificables, y hasta ahora, lo único verificable es que la reconciliación nacional sigue siendo un rehén más del cálculo político.

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FUENTE: >>José Luis Centeno S

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