Observo muy emocionados a buena parte de los medios venezolanos, por la declaración del día de ayer 4 de agosto, del secretario de Estado sobre Venezuela.
Afirmó el que "espera" que las elecciones en Venezuela se produzcan en cuestión de meses y no de años. Como quiera que esa fue la parte de la declaración que generó titulares, obviando el resto de aquella, resulta prudente desmenuzarla en su integro contenido para comprender el contexto de lo afirmado, con ocasión de la firma de un memorándum con funcionarios paraguayos en Washington.
Lo primero es que recordó que procesos como el que se pretende adelantar en Venezuela, ya fueron posibles en la Europa del Este a la caída del muro de Berlín.
Lo segundo es que, valiéndose de la presencia de quienes le acompañaban, sostuvo que era menester desmontar un sistema que llevaba casi 30 años en el poder, comparándolo implícitamente, con lo que ocurrió en Paraguay, recordando que ese país requirió de más de 3 años para superar las estructuras que le había dejado la etapa previa a la democracia -dictadura de Alfredo Stroessner- para finalmente concluir que habría elecciones en Venezuela, cuando hubiere libertad de prensa, multiplicidad de partidos políticos, un nuevo órgano electoral y nos hubiéramos reconciliado.
Esa última es la palabra emblemática de la declaración. La reconciliación. Esa que puede llevar todo a buen puerto o que en su defecto sirva de argumento -por no decir excusa- para mantener, eternamente, el régimen tutorial al cual estamos sometidos.
Advierto desde ya que no soy optimista al respecto.
Creo que para que exista reconciliación es menester hacer algunas cosas previamente, entre otras, crear una verdadera, objetiva, imparcial e internacional, comisión de la verdad; una que evalúe la conducta de gobierno, militares y oposición desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 3 de enero de 2026 y que concluya las causas, motivos y razones por las cuales llegamos a donde estamos.
En paralelo a ello, integrar, con los juristas más calificados jurídicamente y preparados políticamente, un Tribunal Supremo de Justicia, casi, el mejor que nunca Venezuela ha tenido. Uno que decida los conflictos del país con estricto apego a la Constitución, los tratados internacionales y la ley, sin sorpresas como las del año 99.
En tercer lugar diseñar y crear un sistema de justicia transicional, ese que permita establecer sanciones especiales a quienes resulten responsables de los hechos que determine la comisión de la verdad y reconozcan su autoría, así como uno que sancione, debidamente, a los que evaden la misma y se determine jurídicamente su responsabilidad, previo el cumplimiento de las debidas garantías procesales.
La reconciliación solo será posible cuando cada uno de los actores que nos condujo a la situación actual venezolana, asuma la responsabilidad de su actuación. Así, mientras ello no ocurra, los norteamericanos tendrán el argumento perfecto -si es que lo necesitaren- para mantener la tutela que ejercen, la cual -por cierto y no es un dato menor- no han dicho que cesará si se cumplen todas las condiciones referidas.
Partiendo de que la tutela cesará si se cumplen las condiciones citadas, la dirigencia política y también los ciudadanos ávidos de pasar factura por el daño causado, tienen en sus manos, la posibilidad de acortar o alargar la misma. Así, la reconciliación, en principio, depende, en gran medida de ellos.
Bajo esos supuestos, dando por buena las palabras norteamericanas y el espíritu que, de buena fe uno entiende se derivan de las mismas, corresponde entonces a cada uno de nosotros, hacer lo que crea conducente para que la tutela se mantenga o pueda llegar a su fin.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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