APURE ANTE SU PROPIA CRÓNICA JUDICIAL

Por: Diógenes A. Tirado Villanueva

Abogado | Analista jurídico

En Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez construye una tragedia que no nace de la sorpresa, sino de la advertencia ignorada. Santiago Nasar camina hacia un desenlace que muchos conocen, comentan e incluso intentan comunicar, pero nadie logra —o decide— detener. La muerte ocurre entre rumores, omisiones, cálculos equivocados y una comunidad atrapada en la costumbre de creer que otro actuará.

Esa imagen literaria permite mirar, con prudencia y sentido ético, la profunda necesidad de transformación del sistema de justicia en el estado Apure. No se trata de afirmar culpabilidades colectivas ni de reemplazar las investigaciones por juicios mediáticos. Se trata de reconocer que, durante años, ciudadanos, abogados, productores, defensores y usuarios del sistema han señalado problemas que requieren respuestas institucionales

verificables: retardo procesal, opacidad, dificultades de acceso a los tribunales y denuncias públicas que merecen investigación independiente y respeto al debido proceso.

La discusión no ocurre en el vacío. En 2026 se han anunciado y aprobado iniciativas nacionales de reforma judicial, entre ellas cambios a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al Comité de Postulaciones Judiciales, con una mayor presencia formal de representantes de la sociedad civil. El debate oficial también ha incluido la necesidad de combatir el retardo procesal y la corrupción judicial.

UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

Apure es un estado de vastas distancias, dinámicas fronterizas complejas y una población que no siempre cuenta con condiciones sencillas para acceder a la justicia. Para quien vive en comunidades apartadas, una audiencia diferida, un expediente extraviado o una respuesta que nunca llega no constituyen simples fallas administrativas: pueden significar la pérdida de una propiedad, la prolongación de una medida privativa de libertad, la ruptura de una familia o la imposibilidad de defender un derecho.

En municipios y zonas estratégicas como Guasdualito y Elorza, la descentralización no puede ser una consigna decorativa. Debe traducirse en tribunales funcionales, personal idóneo, defensa accesible, mecanismos de información para los ciudadanos y procedimientos que no obliguen a la población a recorrer largas distancias para obtener una actuación elemental.

La reforma, por tanto, no puede limitarse a sustituir nombres, crear comisiones o modificar organigramas. Una transformación auténtica exige que cada persona pueda saber dónde está su causa, cuál tribunal la tramita, qué decisión se tomó, cuáles recursos tiene disponibles y en qué lapso razonable debe recibir respuesta.

SAN FERNANDO: CENTRO Y RESPONSABILIDAD

San Fernando de Apure, como capital política, administrativa y judicial del estado, se encuentra en el centro de esta discusión. Desde allí se concentran buena parte de las decisiones, los despachos, las autoridades y los circuitos que impactan al resto de la entidad. Esa centralidad implica una responsabilidad mayor: la ciudad debe ser el punto de partida de la transparencia, no un símbolo de distancia entre la institucionalidad y el ciudadano.

Hablar de San Fernando como posible epicentro de prácticas que alimentan la desconfianza judicial debe hacerse con rigor. No es ético presentar denuncias, rumores o señalamientos como sentencias definitivas. Toda acusación requiere pruebas, investigación competente, derecho a la defensa, presunción de inocencia y decisión de la autoridad legalmente facultada.

Sin embargo, tampoco es ético que las denuncias públicas de presuntas irregularidades sean archivadas en la indiferencia. Medios de comunicación y organizaciones han difundido señalamientos sobre posibles hechos de corrupción vinculados con actores judiciales en Apure, así como reclamos de productores que solicitan revisión de expedientes agrarios. Tales denuncias no prueban por sí mismas responsabilidad penal o disciplinaria, pero sí refuerzan la obligación de los órganos competentes de investigar con imparcialidad, informar resultados y proteger a denunciantes y víctimas.

El problema central no es solo la presunta corrupción de una persona o de un despacho determinado. Es el riesgo de que la ciudadanía perciba que los derechos dependen de influencias, contactos, dinero o poder político, en vez de depender de la ley. Cuando esa percepción se normaliza, el daño alcanza a todos: al inocente que necesita protección, a la víctima que reclama reparación, al abogado que litiga con rectitud y al funcionario honesto cuyo trabajo queda bajo sospecha.

LA COSTUMBRE DE NO ACTUAR

La gran lección de García Márquez está en la responsabilidad compartida. En la novela, nadie se considera completamente responsable, pero el resultado final demuestra que la suma de pequeñas omisiones también puede producir una tragedia.

En la justicia ocurre algo semejante cuando: Una denuncia se recibe, pero no se investiga con oportunidad. Una causa se paraliza sin explicación clara. Un ciudadano desconoce el estado de su expediente. Un funcionario evita reportar una irregularidad por temor o conveniencia. Un gremio profesional guarda silencio ante prácticas incompatibles con la ética. La sociedad civil renuncia a vigilar porque cree que nada cambiará.

La inercia institucional es peligrosa porque convierte lo anormal en rutina. Y cuando la demora, la discrecionalidad o la falta de información se vuelven cotidianas, la justicia pierde su función esencial: resolver conflictos conforme a derecho y proteger la dignidad de las personas.

RECONSTRUIR EL EXPEDIENTE

La estructura de Crónica de una muerte anunciada también ofrece otra imagen pertinente: años después de los hechos, un instructor intenta reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios contradictorios, documentos incompletos y verdades dispersas. Apure necesita precisamente ese ejercicio de reconstrucción institucional, pero no para recrearse en el escándalo, sino para corregir las condiciones que permitieron los errores.

Ello exige una revisión seria de prácticas, expedientes y mecanismos de control. La transformación debe basarse en evidencia, auditorías, publicación de criterios objetivos y sanción cuando corresponda, sin selectividad política ni persecución personal.

Un programa mínimo de recuperación de confianza debería incluir:

• Publicación accesible de estadísticas sobre causas ingresadas, decisiones, diferimientos y tiempos de respuesta.

• Auditorías técnicas e independientes sobre expedientes con retrasos graves o denuncias documentadas.

• Concursos transparentes y evaluación pública de credenciales para jueces, fiscales, defensores y auxiliares de justicia.

• Protección efectiva para denunciantes de buena fe, víctimas y testigos.

• Fortalecimiento de la defensa pública y orientación jurídica gratuita en los municipios más alejados.

• Canales digitales y presenciales para consultar expedientes y formular reclamos sin intermediarios.

• Participación responsable de universidades, colegios de abogados, organizaciones sociales y medios de comunicación.

JUSTICIA QUE LLEGUE AL TERRITORIO

La justicia no puede administrarse únicamente desde los centros urbanos ni depender de la capacidad económica de quien necesita ser oído. Para Guasdualito, Elorza y las comunidades rurales, fronterizas e indígenas de Apure, la garantía de acceso debe ser real: jornadas judiciales, tribunales móviles cuando la ley lo permita, asistencia jurídica, intérpretes cuando sean necesarios y procedimientos comprensibles.

No basta con hablar de modernización si el ciudadano sigue enfrentando puertas cerradas, información contradictoria o trámites imposibles de seguir. La tecnología puede ayudar, pero no sustituye la obligación humana e institucional de atender con respeto, resolver con imparcialidad y explicar las decisiones.

La reforma judicial será creíble cuando el campesino, la mujer que reclama alimentos, el privado de libertad que espera audiencia, la víctima de un delito y el productor que defiende su tierra perciban que el sistema los escucha por igual.

 UNA RESPONSABILIDAD ÉTICA

La crítica pública al sistema de justicia debe ser firme, pero responsable. Debe distinguir entre hechos comprobados, denuncias en proceso, opiniones y rumores. Debe evitar convertir la legítima exigencia de rendición de cuentas en linchamiento mediático. Y debe recordar que la independencia judicial no significa ausencia de controles: significa que los jueces deciden con base en la Constitución, las leyes y las pruebas, no por presión, intereses o conveniencias.

 Apure no necesita otra historia en la que todos sepan que algo está mal, pero nadie asuma el deber de corregirlo. San Fernando debe convertirse en referencia de depuración, transparencia y servicio; no en un lugar donde las dudas sobre la justicia se acumulen sin respuesta.

La advertencia está sobre la mesa. La diferencia entre una reforma verdadera y una nueva frustración dependerá de que las instituciones actúen, el gremio jurídico ejerza su deber ético, la ciudadanía vigile y los medios informen con rigor. La justicia no puede quedar librada a la costumbre, al silencio ni al azar.

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FUENTE: >>Diógenes A. Tirado Villanueva

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