La crisis de alimentos también afecta a los presos. Sin embargo, los familiares de reclusos que están detenidos en calabozos policiales tienen que asumir estos gastos, pues el Estado no otorga recursos para esta población carcelaria que, según cifras oficiales, es de 33.000. Madres y esposas de reos en comisarías hacen peripecias para llevarles comida a sus parientes, e incluso, pagan vacunas a funcionarios que las extorsionan para dejarles pasar alimentos, tal y como ocurre en la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Boleíta.
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