Por Maibort Petit
@maibortpetit
Nicolás Maduro consideró expropiar activos de la empresa española Repsol y excluirla de los negocios que mantenía con Petróleos de Venezuela como represalia por la posición crítica que la
administración de Mariano Rajoy mantuvo frente al con el gobierno venezolano.
Tal posibilidad se planteó en un punto de cuenta que el entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, presentó a Maduro a mediados del año 2015.
La gestión del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, frente a Venezuela, se caracterizó por la severa crítica ante el carácter autoritario del gobierno de Maduro, por la falta de división de los poderes públicos y las políticas implementadas por chavismo en contra del pueblo y en detrimento de la democracia.
El punto de cuenta
Un punto de cuenta fechado el 5 de mayo de 2015, dirigido por el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. para fecha, Eulogio Del Pino, al presidente de la república, daba cuenta a Nicolás Maduro de la evaluación estratégica del posicionamiento de la empresa petrolera española Repsol en Venezuela.
En el documento se refiere que Repsol está conformada mayoritariamente por capital privado español, siendo sus principales accionistas el Banco Catalán La Caixa (con el 11,59 por ciento) y la empresa de construcción civil española SACYR (con el 8,89 por ciento). Entre sus accionistas minoritarios se cuenta la empresa mexicana PEMEX (5 por ciento), mientras que resto de las acciones se cotiza mayoritariamente en los mercados de valores, especialmente el español. Entretanto, el estado español posee una acción dorada que le permite confirmar al presidente de la empresa —sin su aprobación no se puede nombrar— siendo que desde el año 2004, su presidente ha sido Antonio Brufau, quién viene de trabajar en La Caixa y se ha mantenido en su cargo tanto en gobiernos del PSOE como del Partido Popular, esto en razón de su cercanía con la monarquía española a quién continuamente hace favores y acompaña en visitas oficiales.
Se refirió que la producción de petróleo media de Repsol en 2014 fue de 354.500 barriles diarios, la cual disminuyó después que el 16 de abril del 2012 la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó la producción que esta empresa tenía en el país suramericano y que representaba una producción equivalente a unos 300.000 barriles por día, con lo cual su patrimonio se redujo prácticamente a la mitad. La nacionalización se fundamentó en la desinversión que Repsol adelantó en Argentina, al punto de tener que importar hidrocarburos por primera vez en mucho tiempo.
En 2013, la empresa llegó a un acuerdo de compensación con el gobierno argentino por USD 5.000 millones que junto a la venta de sus activos en la planta de Gas Natural Licuado en Trinidad y Tobago, les hizo reunir una cantidad de efectivo que los llevó a comprar a mediados de 2014 la empresa canadiense Talismán por USD 12.000 millones, convirtiéndose esta en su primer activo a nivel mundial.
En Venezuela Repsol es propietaria de cinco negocios petroleros y gasíferos, de los cuales 4 son en sociedad con PDVSA, a saber, la Empresa Mixta Petroquiriquire (60 por ciento PDVSA y 40 por ciento Repsol) con una producción para la fecha de 50 mil barriles diarios; la Empresa Mixta Petrocarabobo (71 por ciento PDVSA, 11 por ciento Repsol, 18 por ciento empresas indias) con una producción diaria de 15 mil barriles; la Licencia de Gas Cardón IV (49,5 por ciento Repsol, 49,5 por ciento la italiana ENI, 1 por ciento PDVSA) con una producción a final de año 450 millones de pies cúbicos por día; la Licencia de Gas Quiriquire Gas (40 por ciento PDVSA, 60 por ciento Repsol) con una producción de 200 millones de pies cúbicos por día; la Licencia de Gas Yucal Placer (69,5 por ciento la francesa TOTAL, 15 por ciento Repsol, 10,2 por ciento de la venezolana privada Inepetrol, 5,3 por ciento de la venezolana OTEPI) con una producción de 185 millones de pies cúbicos por día.
Los negocios de Repsol en Venezuela
Las inversiones de Repsol en Venezuela hasta el 2014 tenían un valor de unos USD 1.920 millones, teniéndose para ese entonces planes de inversión por aproximadamente USD 5.031 millones, que ubicarían los negocios de la empresa española en el país en unos USD 2.813 millones. Además, Repsol tenía dividendos y ganancias retenidas en los distintos negocios por un monto de USD 854 millones.
Se advirtió en el punto de cuenta que en caso de una disputa legal, si se reconocieran sólo las inversiones realizadas y dividendos por pagar, a Repsol había que compensarla por unos USD 2.420 millones. En caso de un reclamo en tribunales arbitrales, Repsol podría reclamar el valor futuro del negocio más las ganancias retenidas, uno monto que podía estimarse en unos USD 3.700 millones.
En Venezuela Repsol poseía dos de sus principales activos a nivel mundial: Petrocarabobo con 11 por ciento uno de los mejores campos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, con una producción estimada en 400 mil barriles diarios en 4 años siguientes a la fecha del punto de cuenta y que, para el momento, exhibía una producción temprana de 15.000 barriles por día. El otro activo era el Campo Cardón IV considerado el mayor descubrimiento de gas costa afuera en Venezuela, el cual permitiría producir hasta 1.200 millones de pies cúbicos en los siguientes tres años, exhibiendo para la fecha una producción de 450 millones de pies cúbicos por día.
Estratégicamente, esta era la inversión más importante del país, puesto que permitiría incorporar una cantidad de gas que balancearía el Sistema Nacional de Producción de Gas para la Generación Termoeléctrica y la Petroquímica que en el occidente del país depende de la producción de este gas. Al momento de emitir el punto de cuenta el proyecto se encontraba a medio camino con una producción inicial de 450 millones de pies cúbicos para ese 2015 a final del mes de junio, el cual se había realizado con una inversión totalmente a cargo de ENI (50 por ciento) y Repsol (50 por ciento), en virtud de que PDVSA no había participado por la necesidad de usar los recursos para cumplir con obligaciones con el estado.
Se alertó que en caso de que se produjera una expropiación de activos de Repsol en Venezuela, el mayor riesgo sería asumir las inversiones remanentes de este proyecto que es crítico para el balance de gas del país, mientras que el resto de los proyectos podrían ser asumidos por PDVSA con posible impacto en el ritmo de avance de la producción al requerir mayor demanda del flujo de caja que le sería requerido a la estatal venezolana.
Se indica que una vez asumida la expropiación habría posibilidades de encontrar socios que asumieran la participación expropiada a Repsol, pero con un potencial menor valor de negociación por el incremento de riesgo financiero que sería percibido.
En el punto de cuenta se hace referencia a la situación reinante para ese momento, la cual estaba “caracterizada por una política sistemática de agresividad hacia el gobierno nacional por parte de miembros del gobierno y organizaciones del estamento político español, así como figuras destacadas de partidos y otras organizaciones no gubernamentales de España”, por lo cual lo mejor era buscar una salida de carácter político que harían “cesar las tensiones derivadas, o de naturaleza corporativa, a efectos de liquidar las participaciones de REPSOL en negocios de hidrocarburos en el país mediante la venta por parte de esta de sus acciones en Empresas Mixtas y Licencias de Gas, ya sea a PDVSA y a otras empresas aceptables para el Estado Venezolano”, sin que esto significara excluir otras opciones que Venezuela pudiera activar en protección de sus intereses.
Las opciones planteadas
Dado el panorama planteado, en el punto de cuenta que Eulogio Del Pino presentó a Nicolás Maduro, las opciones que podían considerarse eran:
— Intervenir a Repsol: Esta alternativa se planteó en virtud de la influencia de Antonio Brufau ante el gobierno español, intervenir a Repsol y condicionar la continuidad de las inversiones de esa empresa en Venezuela al cese de las agresiones y amenazas de la administración española y sus representantes directos e indirectos hacia el gobierno de venezolano.
— Comprar la participación de Repsol en las Empresas Mixtas y Licencias de Gas: En este caso la opción planteada era acordar la compra de las acciones clase B de la empresa española en las empresas mixtas y participaciones en Licencias de Gas por parte de PDVSA. La estatal venezolana podría diluir luego su participación a través de la venta de un porcentaje de las acciones adquiridas a otra empresa internacional con capacidad de sostener el ritmo de las inversiones. Otra alternativa era colocar dichas acciones en la constitución de un Fondo de Inversiones u otros esquemas de financiamiento que permitieran recuperar el capital invertido con una rentabilidad.
— Permitir a Repsol transferir sus acciones a una empresa aceptable para el gobierno Venezolano: Si bien este mecanismo está planteado en los contratos de empresas mixtas, en este caso PDVSA desistiría de ejercer su derecho de preferencia en la compra de las acciones. Entonces, el Ministerio de Petróleo y Minería procedería a aprobar previamente y por escrito la empresa a la cual Repsol propondría hacer la transferencia de acciones.
— Revocatoria de Licencias de Gas y del derecho de ejercer las actividades primarias de la empresa mixta: esta alternativa consistía en invocar el derecho del gobierno venezolano de revocar los derechos a ejercer las actividades primarias que se le otorgan a una empresa mixta a través de un Decreto de Transferencia que se aplique si la empresa socia no cumpliera con el Plan de Desarrollo y Compromiso de Responsabilidad Social y demás términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Acuerdo de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo Nacional también tiene la potestad de revocar —a través del MPPPM— una Licencia de Gas en caso de incumplimiento del Plan de Desarrollo o de otras condiciones de la licencia.
Concluye el documento indicando que si se revocara el derecho de ejercer actividades primarias de una Empresa Mixta o la Licencia de una Licenciataria de Gas, la Empresa Mixta o Licenciataria quedaría imposibilitada de cumplir su objeto, lo cual pudiera conducir a una salida negociada con Repsol.
Si la salida negociada no fuera factible en el corto plazo, se llevaría a cabo al inicio de uno o más arbitrajes por parte de Repsol contra Venezuela.
Maibort Petit
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Se refirió que la producción de petróleo media de Repsol en 2014 fue de 354.500 barriles diarios, la cual disminuyó después que el 16 de abril del 2012 la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó la producción que esta empresa tenía en el país suramericano y que representaba una producción equivalente a unos 300.000 barriles por día, con lo cual su patrimonio se redujo prácticamente a la mitad. La nacionalización se fundamentó en la desinversión que Repsol adelantó en Argentina, al punto de tener que importar hidrocarburos por primera vez en mucho tiempo.
En 2013, la empresa llegó a un acuerdo de compensación con el gobierno argentino por USD 5.000 millones que junto a la venta de sus activos en la planta de Gas Natural Licuado en Trinidad y Tobago, les hizo reunir una cantidad de efectivo que los llevó a comprar a mediados de 2014 la empresa canadiense Talismán por USD 12.000 millones, convirtiéndose esta en su primer activo a nivel mundial.
En Venezuela Repsol es propietaria de cinco negocios petroleros y gasíferos, de los cuales 4 son en sociedad con PDVSA, a saber, la Empresa Mixta Petroquiriquire (60 por ciento PDVSA y 40 por ciento Repsol) con una producción para la fecha de 50 mil barriles diarios; la Empresa Mixta Petrocarabobo (71 por ciento PDVSA, 11 por ciento Repsol, 18 por ciento empresas indias) con una producción diaria de 15 mil barriles; la Licencia de Gas Cardón IV (49,5 por ciento Repsol, 49,5 por ciento la italiana ENI, 1 por ciento PDVSA) con una producción a final de año 450 millones de pies cúbicos por día; la Licencia de Gas Quiriquire Gas (40 por ciento PDVSA, 60 por ciento Repsol) con una producción de 200 millones de pies cúbicos por día; la Licencia de Gas Yucal Placer (69,5 por ciento la francesa TOTAL, 15 por ciento Repsol, 10,2 por ciento de la venezolana privada Inepetrol, 5,3 por ciento de la venezolana OTEPI) con una producción de 185 millones de pies cúbicos por día.
Los negocios de Repsol en Venezuela
Las inversiones de Repsol en Venezuela hasta el 2014 tenían un valor de unos USD 1.920 millones, teniéndose para ese entonces planes de inversión por aproximadamente USD 5.031 millones, que ubicarían los negocios de la empresa española en el país en unos USD 2.813 millones. Además, Repsol tenía dividendos y ganancias retenidas en los distintos negocios por un monto de USD 854 millones.
Se advirtió en el punto de cuenta que en caso de una disputa legal, si se reconocieran sólo las inversiones realizadas y dividendos por pagar, a Repsol había que compensarla por unos USD 2.420 millones. En caso de un reclamo en tribunales arbitrales, Repsol podría reclamar el valor futuro del negocio más las ganancias retenidas, uno monto que podía estimarse en unos USD 3.700 millones.
En Venezuela Repsol poseía dos de sus principales activos a nivel mundial: Petrocarabobo con 11 por ciento uno de los mejores campos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, con una producción estimada en 400 mil barriles diarios en 4 años siguientes a la fecha del punto de cuenta y que, para el momento, exhibía una producción temprana de 15.000 barriles por día. El otro activo era el Campo Cardón IV considerado el mayor descubrimiento de gas costa afuera en Venezuela, el cual permitiría producir hasta 1.200 millones de pies cúbicos en los siguientes tres años, exhibiendo para la fecha una producción de 450 millones de pies cúbicos por día.
Estratégicamente, esta era la inversión más importante del país, puesto que permitiría incorporar una cantidad de gas que balancearía el Sistema Nacional de Producción de Gas para la Generación Termoeléctrica y la Petroquímica que en el occidente del país depende de la producción de este gas. Al momento de emitir el punto de cuenta el proyecto se encontraba a medio camino con una producción inicial de 450 millones de pies cúbicos para ese 2015 a final del mes de junio, el cual se había realizado con una inversión totalmente a cargo de ENI (50 por ciento) y Repsol (50 por ciento), en virtud de que PDVSA no había participado por la necesidad de usar los recursos para cumplir con obligaciones con el estado.
Se alertó que en caso de que se produjera una expropiación de activos de Repsol en Venezuela, el mayor riesgo sería asumir las inversiones remanentes de este proyecto que es crítico para el balance de gas del país, mientras que el resto de los proyectos podrían ser asumidos por PDVSA con posible impacto en el ritmo de avance de la producción al requerir mayor demanda del flujo de caja que le sería requerido a la estatal venezolana.
Se indica que una vez asumida la expropiación habría posibilidades de encontrar socios que asumieran la participación expropiada a Repsol, pero con un potencial menor valor de negociación por el incremento de riesgo financiero que sería percibido.
En el punto de cuenta se hace referencia a la situación reinante para ese momento, la cual estaba “caracterizada por una política sistemática de agresividad hacia el gobierno nacional por parte de miembros del gobierno y organizaciones del estamento político español, así como figuras destacadas de partidos y otras organizaciones no gubernamentales de España”, por lo cual lo mejor era buscar una salida de carácter político que harían “cesar las tensiones derivadas, o de naturaleza corporativa, a efectos de liquidar las participaciones de REPSOL en negocios de hidrocarburos en el país mediante la venta por parte de esta de sus acciones en Empresas Mixtas y Licencias de Gas, ya sea a PDVSA y a otras empresas aceptables para el Estado Venezolano”, sin que esto significara excluir otras opciones que Venezuela pudiera activar en protección de sus intereses.
Las opciones planteadas
Dado el panorama planteado, en el punto de cuenta que Eulogio Del Pino presentó a Nicolás Maduro, las opciones que podían considerarse eran:
— Intervenir a Repsol: Esta alternativa se planteó en virtud de la influencia de Antonio Brufau ante el gobierno español, intervenir a Repsol y condicionar la continuidad de las inversiones de esa empresa en Venezuela al cese de las agresiones y amenazas de la administración española y sus representantes directos e indirectos hacia el gobierno de venezolano.
— Comprar la participación de Repsol en las Empresas Mixtas y Licencias de Gas: En este caso la opción planteada era acordar la compra de las acciones clase B de la empresa española en las empresas mixtas y participaciones en Licencias de Gas por parte de PDVSA. La estatal venezolana podría diluir luego su participación a través de la venta de un porcentaje de las acciones adquiridas a otra empresa internacional con capacidad de sostener el ritmo de las inversiones. Otra alternativa era colocar dichas acciones en la constitución de un Fondo de Inversiones u otros esquemas de financiamiento que permitieran recuperar el capital invertido con una rentabilidad.
— Permitir a Repsol transferir sus acciones a una empresa aceptable para el gobierno Venezolano: Si bien este mecanismo está planteado en los contratos de empresas mixtas, en este caso PDVSA desistiría de ejercer su derecho de preferencia en la compra de las acciones. Entonces, el Ministerio de Petróleo y Minería procedería a aprobar previamente y por escrito la empresa a la cual Repsol propondría hacer la transferencia de acciones.
— Revocatoria de Licencias de Gas y del derecho de ejercer las actividades primarias de la empresa mixta: esta alternativa consistía en invocar el derecho del gobierno venezolano de revocar los derechos a ejercer las actividades primarias que se le otorgan a una empresa mixta a través de un Decreto de Transferencia que se aplique si la empresa socia no cumpliera con el Plan de Desarrollo y Compromiso de Responsabilidad Social y demás términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Acuerdo de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo Nacional también tiene la potestad de revocar —a través del MPPPM— una Licencia de Gas en caso de incumplimiento del Plan de Desarrollo o de otras condiciones de la licencia.
Concluye el documento indicando que si se revocara el derecho de ejercer actividades primarias de una Empresa Mixta o la Licencia de una Licenciataria de Gas, la Empresa Mixta o Licenciataria quedaría imposibilitada de cumplir su objeto, lo cual pudiera conducir a una salida negociada con Repsol.
Si la salida negociada no fuera factible en el corto plazo, se llevaría a cabo al inicio de uno o más arbitrajes por parte de Repsol contra Venezuela.
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