El régimen venezolano insiste en boicotear la reelección de Juan Guaidó el 5 de enero. El Tribunal Supremo de Justicia autorizó una vez más a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados opositores al considerarlos «traidores de la patria». Después de la solicitud hecha por el Fiscal chavista, Tarek William Saab, el Máximo Tribunal decidió el lunes comprometer la responsabilidad de Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba. Con ellos sumarían 40 los
parlamentarios perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Si por esta razón los recién perseguidos decidieran quedar en la clandestinidad, irse al exilio o refugiarse en una embajada, la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y por lo tanto continuar con la presidencia interina, podría verse afectada. El régimen sigue poniendo obstáculos a través de la intimidación y la persecución a pocos días de celebrarse la votación dentro de la cámara para darle al líder opositor la posibilidad de continuar con su mandato por segundo año consecutivo. Guaidó necesita 84 votos, el mínimo necesario para continuar con el cargo de Jefe del Parlamento.
«Guaidó aún cuenta con el G4 y tiene el apoyo del partido Acción Democrática con unos 24 votos, al igual que Primero Justicia. Mientras que en Voluntad popular están seguros 19 votos; y 11 votos en Un Nuevo Tiempo. No podemos olvidar que hay 23 diputados, entre principales y suplentes incorporados, que se encuentran en la clandestinidad, exilio, refugio y preso. Incluso de los que pudieran asistir a la sesión del 5 de enero algunos aún tienen medidas cautelares, lo que pasaría a ser otra arma para coartar voluntades por parte del régimen», dijo a ABC el analista político, Aníbal Sánchez. El también consultor electoral explicó que la sesión del 5 de enero «dependerá de la solidez del Bloque G4 más los partidos minoritarios que suman en total 88 votos».
El viernes, la diputada suplente, Yaneth Fermín, y el diputado disidente del chavismo, Fernando Orozco, denunciaron que sus viviendas fueron allanadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), uno de los tantos brazos represores del régimen, por supuestamente estar detrás de un plan desestabilizador contra varias unidades militares del país. Ambos están dentro de los 40 parlamentarios perseguidos. Diecisiete de ellos se encuentran en el exilio, mientras que el diputado Freddy Guevara se encuentra refugiado en la embajada de Chile desde hace más de dos años, y Juan Requesens cumplirá esta semana 500 días preso.
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