Este artículo expone mi análisis de lo expresado durante esa entrevista y la interpretación política de las respuestas ofrecidas por ambos entrevistados.
Un antecedente que considero importante
Quiero comenzar recordando un hecho que, a mi juicio, ayuda a entender el contexto.
Cuando el gobierno interino de Juan Guaidó ya se encontraba en su etapa final, la Dra. Blanca Rosa Mármol defendió la tesis de que el llamado plebiscito conduciría a un gobierno de transición. Considero que existe una relación entre aquella posición y la propuesta que hoy presenta ANCO.
Durante la entrevista quedó claro que la propuesta de una junta de gobierno no está prevista expresamente en la Constitución ni fundamentada en el artículo 233 de la Constitución, relativo a la falta absoluta del Presidente.
Según explicó la Dra. Blanca Rosa Mármol, el fundamento jurídico sería el artículo 5, que establece que la soberanía reside en el pueblo.
Mi interpretación es distinta. Considero que, desde hace años, la soberanía venezolana se encuentra severamente comprometida por el incumplimiento sistemático del orden constitucional por parte del régimen y también por sectores de la oposición que, en distintos momentos, terminaron siendo funcionales al poder. A ello se suma, en mi opinión, la influencia de gobiernos extranjeros como Cuba, Rusia y China, además de la presencia de la guerrilla colombiana y del narcotráfico.
Desde esa perspectiva, sostengo que la soberanía no solo se declara jurídicamente, sino que también debe poder ejercerse materialmente. Mientras el monopolio de la fuerza continúe en manos del régimen, considero que la realidad política va mucho más allá de la simple invocación del artículo 5.
La conformación de la junta de gobierno
Se explicó que la propuesta contempla una junta integrada por un máximo de cinco personas, cuyos nombres posteriormente serían sometidos a un mecanismo de consulta mediante asambleas populares.
Tanto el profesor Pablo Aure como la Dra. Blanca Rosa Mármol coincidieron en que militares activos no deberían integrar dicha junta.
Durante la entrevista pregunté entonces quién garantizaría la gobernabilidad de esa junta si quienes poseen el monopolio de las armas no formarían parte de ella.
Con esa interrogante quedó demostrado que necesitan de EEUU para que los sostengan, pero hoy están enfrentados a Trump.
La doble nacionalidad
Durante la entrevista pregunté si Estados Unidos podría proponer venezolanos con doble nacionalidad estadounidense-venezolana para integrar dicha junta, por ejemplo, tecnócratas con amplia experiencia.
La Dra. Blanca Rosa Mármol respondió que no, argumentando que la doble nacionalidad impediría esa posibilidad conforme a la Constitución.
Esta respuesta me llamó profundamente la atención.
Por un lado, se propone una figura la junta de gobierno que no existe expresamente en la Constitución y cuya creación se justifica mediante una interpretación política del artículo 5. Pero, por otro lado, cuando la pregunta se refiere a quién puede integrar esa junta, entonces sí se recurre a una interpretación estricta del texto constitucional.
En mi opinión, aquí aparece la primera gran contradicción de la propuesta: la Constitución se interpreta con flexibilidad cuando permite construir la junta, pero se aplica de manera rígida cuando limita quién puede formar parte de ella.
La necesidad del respaldo de Estados Unidos
También quedó claro que los promotores consideran indispensable que Estados Unidos tome en cuenta esta propuesta.
Sin embargo, durante la conversación también quedó planteado que esa junta necesitaría garantías de gobernabilidad y protección frente a quienes actualmente controlan el poder real en Venezuela.
Desde mi perspectiva, allí aparece otra debilidad evidente.
Si Estados Unidos no estuviera dispuesto a respaldar políticamente ese proceso o asumir determinados costos para garantizar su viabilidad, la propuesta tendría muy pocas posibilidades de materializarse.
Por ello considero que nace dependiendo de factores que sus propios promotores no controlan.
¿Por qué no utilizar otras figuras ya existentes?
Fátima Sequea Planteo otra interrogante.
Si la Constitución no contempla expresamente una junta de gobierno, ¿por qué no recurrir al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio o a la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, que durante un tiempo recibió reconocimiento internacional y que Estados Unidos todavía utiliza para determinados objetivos?
La Dra. Blanca Rosa Mármol respondió que la Asamblea Nacional de 2015 había concluido su período constitucional y, por tanto, no correspondía utilizar esa figura.
Comparto que el período constitucional terminó.
Sin embargo, considero que, en un escenario extraordinario, también debía analizarse el reconocimiento político e internacional que recibió de EEUU y está vez para determinados fines porque forma parte de los mismos de siempre.
La reestructuración institucional
Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue la respuesta sobre la denominada refundación institucional.
Pregunté expresamente si esa junta impulsaría una reconstrucción integral del Estado venezolano y de todas sus instituciones, tal como durante años había planteado ANCO.
La respuesta fue negativa.
Según lo explicado, únicamente se reformaría el Consejo Nacional Electoral para convocar elecciones.
Incluso manifestaron que todavía no habían decidido si utilizarían el actual Registro Electoral o si abrirían un nuevo proceso para incorporar plenamente a los millones de venezolanos que hoy residen en el exterior.
Desde mi punto de vista, ello significa mantener prácticamente intactas las demás instituciones del Estado.
Considero que una transformación tan limitada sería insuficiente para superar décadas de corrupción, impunidad y deterioro institucional.
El papel de María Corina Machado
También pregunté cuál sería el papel de María Corina Machado dentro de esa junta.
La Dra. Blanca Rosa Mármol respondió que ella no podría integrarla porque sería candidata presidencial.
Cuando pregunté cómo podría ser candidata si actualmente está inhabilitada, respondió que la propia junta eliminaría esa inhabilitación.
Aquí encontré otra contradicción importante.
Si la propuesta no contempla una reestructuración profunda del sistema judicial ni del Tribunal Supremo de Justicia, ¿con qué fundamento jurídico asumiría la junta esa facultad?
Desde mi perspectiva, tampoco obtuve una respuesta jurídicamente consistente.
Mi interpretación es que uno de los efectos políticos de esa propuesta sería facilitar la participación electoral de María Corina Machado.
Por su parte, el profesor Pablo Aure expresó una visión diferente.
Señaló que la finalidad principal era lograr la salida del régimen y entregar la transición a personas honorables, más que favorecer una candidatura determinada.
Respeto esa posición y considero que refleja una visión distinta dentro del propio grupo.
Humberto Calderón Berti y los antecedentes políticos
Durante la entrevista también recordé que ANCO ha propuesto el nombre de Humberto Calderón Berti.
Si bien posteriormente denunció irregularidades y, hasta donde conozco, no ha sido condenado judicialmente, considero que su cercanía pasada con sectores tradicionales de la oposición genera cuestionamientos políticos.
Mientras escuchaba las respuestas de la Dra. Blanca Rosa Mármol también recordé episodios anteriores relacionados con el gobierno interino de Juan Guaidó y las estrategias impulsadas por dirigentes como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Velásquez y Henry Ramos Allup.
Vale mencionar que Antonio Ledezma y varios del viejo interinato de Guaido participan en ANCO, al menos en los grupos de WhatsApp incluído el del estado Zulia.
Aclaro que esta asociación constituye exclusivamente mi valoración política basada en lo que he visto, acontecimientos y no una afirmación de coordinación entre dichas personas, aunque se puede suponer, en política no hay ingenuidad ni pureza.
Estado 51 y tutela internacional
Finalmente pregunté si esta propuesta surgía como miedo y respuesta al debate sobre un eventual Estado Libre Asociado, un "Estado 51" o una tutela internacional más amplia durante la transición.
La respuesta fue de rechazo a esas posibilidades.
También manifestaron su oposición a una tutela internacional orientada a una reinstitucionalización profunda del Estado antes de convocar elecciones.
Mi conclusión
Mi impresión final es que el profesor Pablo Aure actúa de buena fe y mantiene una posición coherente con su visión sobre la soberanía nacional. Respeto esa postura, aunque considero que corre el riesgo de ser utilizado políticamente por sectores tradicionales y posteriormente desplazado, como ha ocurrido con otras figuras independientes.
Respecto a la Dra. Blanca Rosa Mármol, mi interpretación es muy distinta.
Durante toda la entrevista observé una constante: cuando convenía, se apelaba estrictamente a la Constitución; cuando la Constitución representaba un obstáculo para la propuesta, se recurría a soluciones políticas por fuera de ella.
Se propone una junta de gobierno que la Constitución no contempla expresamente, pero se invocan restricciones constitucionales cuando conviene definir quién puede integrarla. Se plantea que la propia junta eliminaría la inhabilitación de María Corina Machado, pero al mismo tiempo no se propone una reforma profunda del Poder Judicial ni del Tribunal Supremo de Justicia que otorgue sustento jurídico a esa decisión. Asimismo, ANCO, organización que durante años habló de una refundación profunda del Estado, hoy plantea una transición donde prácticamente solo se modificaría el Consejo Nacional Electoral.
Estas respuestas me llevan a concluir que la propuesta no busca una transformación estructural del Estado venezolano, sino una transición política limitada que preserve buena parte del esquema institucional existente y conduzca rápidamente a nuevas elecciones.
En mi opinión, esa fórmula se parece más a otras transiciones políticas ensayadas en las últimas décadas que terminaron favoreciendo principalmente a sectores tradicionales de la dirigencia política.
Mi principal preocupación es que los venezolanos vuelvan a ser convocados para respaldar un proceso cuyo resultado sea simplemente sustituir a unos actores políticos por otros, sin desmontar las estructuras que hicieron posible la destrucción institucional del país.
Por ello considero que una verdadera transición debería tener como prioridad al ciudadano venezolano, reconstruir profundamente las instituciones del Estado, restablecer la independencia de los poderes públicos, combatir la corrupción y garantizar reglas que impidan tanto al régimen como a la oposición tradicional capturar nuevamente el poder.
Los lectores podrán sacar sus propias conclusiones a partir de las respuestas ofrecidas durante la entrevista y del contenido íntegro de la conversación.
Quieren hacerlo "a la venezolana", una fórmula que, en mi opinión, durante más de cincuenta años ha producido corrupción, impunidad y frustración.
Yo considero que Venezuela necesita una reconstrucción institucional profunda, con reglas claras, instituciones fuertes y un sistema donde el verdadero beneficiario sea el ciudadano venezolano y no las élites políticas de siempre.
Juan Carlos Justicia Vzla 💥
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FUENTE: >>Juan Carlos Justicia Vzla
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