Caracas 13 de diciembre de 2019. Hace apenas unos días, a finales de noviembre, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convocaron a una reunión a los habitantes de El Palotal, un sector en la zona más álgida entre San Antonio y Ureña del Táchira, en la frontera de Venezuela con Colombia. Dos hechos resaltan: la utilización de los consejos comunales para la convocatoria y la facilidad con la que los guerrilleros se identificaron.La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tiene la obligación constitucional de defender el territorio y la soberanía, no solo que parece incapaz de enfrentar a los grupos irregulares, sino que
parece haberse resignado a dejar en manos de la guerrilla el control de los pueblos fronterizos.
No es casual que como lo dijera la Fundación REDES, en el primer semestre de 2019 la actividad en las “trochas” o pasos ilegales se incrementaron por el cierre de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unión, que conectan el estado Táchira (Venezuela) con el departamento Norte de Santander (Colombia).
Desde el momento en que el Gobierno venezolano ordenó el cierre de esos pasos, trasladarse a territorio colombiano se convirtió en otro gran negocio para la poderosa industria del contrabando, que es la verdadera razón por la que paramilitares y guerrilleros se disputan el territorio venezolano.
“Desde que fue reabierto el paso en junio de 2019 ha persistido una intensa actividad ilegal en las trochas”, dice Fundaredes en un reciente informe, destacando que esos pasos legales e ilegales son el escenario de crímenes contra venezolanos por parte del ELN, “cuyos integrantes están inmersos en las poblaciones de Ureña y San Antonio del Táchira portando armas de guerra, vestidos de negro e identificados con brazaletes que hacen referencia ese grupo guerrillero”.
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Un miembro del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) muestra su arma en las junglas del noroeste del país (REUTERS/Federico Ríos)A los grupos guerrilleros ELN, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Los Pelusos, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL/FPLN), se le suman los paramilitares Los Urabeños y Los Rastrojos. Destaca Fundaredes al grupo “La Línea”, una banda que se dedicaba al contrabando, pero que desde el segundo trimestre del 2019 ha entrado en la lucha por el control del territorio, en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña (Táchira).
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Cúcuta, declaró al diario El Espectador que «La Línea controla el puente internacional de Ureña y se han dedicado a descuartizar y desaparecer gente. Es el grupo más violento que hemos conocido. Le manda videos a los familiares de la tortura, todo para sacar plata. Tiene gente venezolana, porque se han encargado de reclutarlos”.
Eso se corresponde con cifras manejadas por el profesor Javier Tarazona de la Fundación Redes, quien destaca que entre “la segunda y tercera semana de octubre de 2019, once personas fueron asesinadas en las trochas de los municipios Bolívar y Ureña. El modus operandi es desaparecer a las víctimas, torturarlas y matarlas. Los cadáveres generalmente aparecen baleados y maniatados”.
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Un hombre cruza hacia Colombia (REUTERS/Edgard Garrido)Las trochas
Son cientos las trochas que permean la frontera. Las más transitadas, según Fundaredes, están cerca de sectores o poblaciones colombianas: La Parada, Escobal, Puerto Santander, Arauca o Maicao, en los alrededores de los puentes internacionales y en La Guajira.
En ocho municipios del Táchira ocurre la mayor actividad en las trochas, por algo es considerada la frontera más viva de América Latina. De acuerdo con FundaRedes, hasta octubre 2019, fueron asesinados 31 venezolanos en trochas o pasos ilegales en Táchira y uno en Zulia. Tres eran adolescentes.
Tarazona dice que llevan registrados diez venezolanos desaparecidos en las trochas de Táchira en lo que va de 2019. Los pasos ilegales son controlados por los grupos irregulares, que controlan mercancía y personas, de manera que la Fuerza Armada perdió su función sobre el territorio.
A la muerte hay que agregarle el uso, pro parte de esos grupos, de unos 15 a 20 mil niños y jóvenes para actividades ilícitas en la frontera, tal como lo denunció Gerardo Rincón, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes.
Los niños, revela Rincón, «comienzan percibiendo un ingreso por trabajar como carretilleros, caleteros, y otros oficios, pero son captados por grupos irregulares a través de ofertas engañosas o de dinero”.
Es así como los niños son usados para delitos como contrabando, narcotráfico o cualquier otra actividad al servicio de las organizaciones armadas. Las niñas y adolescentes son utilizadas para actividades sexuales.
Ante lo que ocurre en el Táchira, dijo que “se trata de una situación muy delicada, que nos arruga el corazón, porque son nuestros niños, quienes están iniciando a su temprana edad en estos actos ilícitos al servicio de organizaciones criminales en la frontera, sin que el estado haga algo para reinsertarlos en la escuela, que es el lugar donde realmente deberían estar”.
Con información de Infobae
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