Los asuntos públicos a todos conciernen, en cualquier parte del mundo.
En Colombia es natural conocer y o participar como espectadores, tanto de las sesiones de control que las distintas comisiones del congreso realizan, como de las que llevan a cabo las respectivas cámaras. De esa manera, quienes en estas tierras habitamos, podemos informarnos diariamente del acontecer público.
Por el contrario, Venezuela no ha tenido la posibilidad de desarrollar, en esta época de adelantos tecnológicos esa práctica y conste que las limitaciones no son solo las que pudieran derivarse del rezago de esa naturaleza en la cual nos ha sumido “el proceso”, a pesar de haber gastado fortunas en satélites enviados al espacio. En el
fondo, ha sido por la expresa decisión política de privilegiar la opacidad.
A pesar de que el texto constitucional establece como prerrogativa del poder legislativo en su artículo 187.3 el control sobre el gobierno y la administración pública, dicha disposición –como buena parte del referido texto- ha sido letra muerta.
A partir de las parlamentarias del 2005 en las que –producto de la abstención de la oposición- el chavismo copó íntegramente la Asamblea Nacional, sus integrantes no consideraron necesario ejercer la facultad fiscalizadora en cuestión, seguramente fundados en que bastaba la palabra del funcionario público respectivo, para que lo afirmado por él fuere absoluta verdad.
A posteriori, con el triunfo opositor en las parlamentarias del 2015 y las subsiguientes e incontables decisiones de los abogados que fungen como magistrados de la sala constitucional del supremo tribunal, bajo el argumento del “desacato” por parte del parlamento, no ha sido posible que élla ejerza las competencias que la constitución les establece.
Esta semana, la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó –cuya actuación algunos critican con más severidad que el actuar que se despliega desde Miraflores- realizó el control político de la gestión que en Colombia, donde tiene su sede, ha desplegado la directiva de la empresa “Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de Pequiven.
Dicha junta, designada por el Presidente Guaidó, -a despecho de lo que algunos opositores previamente habían escrito por las redes- presentó sus respectivas cuentas, evidenciando en las mismas que, a diferencia de lo que ocurría en la administración anterior en donde las pérdidas se acumulaban a pesar de la posición de dominio que en el mercado la misma ejercía, ahora, con una administración distinta adelantada por gente que conoce la materia, ganancias está produciendo, pero además, cuentas está rindiendo. Ese hecho es para quien esto escribe, una pequeña muestra de que es posible cumplir el texto que debe regir nuestro diario devenir ciudadano.
Los venezolanos debemos recobrar el sentido de la responsabilidad, no solo de la propia -que en todo caso es personal- sino sobre todo de la de los administradores de los bienes públicos. La exigencia de esta por parte de quien está facultado para éllo, es un avance en esta hora triste de la patria.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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