Abogado | Analista jurídico
Venezuela no enfrenta únicamente una crisis económica, social o política. En el centro de su deterioro institucional se encuentra un sistema de justicia cuya independencia ha sido cuestionada durante años y cuya actuación, en casos de especial sensibilidad pública, ha alimentado la percepción de que la ley puede operar como instrumento de control político antes que como garantía de derechos.
La discusión sobre el Tribunal Supremo de Justicia no es, por tanto, un asunto reservado para juristas. Abarca la libertad personal de los ciudadanos, la defensa de quienes disienten, la protección de la propiedad, la vigencia de los derechos políticos y la posibilidad misma de reclamar frente al Estado.
Una justicia difícil de escrutar
Uno de los rasgos más persistentes del sistema judicial venezolano es la opacidad. No se trata solo de expedientes que tardan años en resolverse o de tribunales con escasa capacidad operativa. El problema también se expresa en la limitada disponibilidad de datos públicos sobre concursos judiciales, nombramientos, régimen disciplinario, criterios de evaluación, causas de remoción y desempeño de jueces y fiscales.
Para el ciudadano común, esa falta de información produce indefensión. Una persona que acude a los tribunales necesita saber quién decide su caso, con qué garantías fue designado ese juez, qué recursos existen contra una decisión arbitraria y qué institución responde cuando se vulnera el debido proceso. Cuando esas respuestas no son accesibles, claras o verificables, la confianza en la justicia se erosiona.
La transparencia no es un lujo institucional. Es una condición elemental para que la justicia sea creíble. Sin ella, el poder judicial deja de ser un árbitro confiable y se convierte, a los ojos de la población, en una estructura cerrada, distante y vulnerable a intereses externos.
La provisionalidad como mecanismo de presión
La independencia de un juez no depende solamente de lo que establezca la Constitución. También depende de su estabilidad real en el cargo.
Durante años, una parte considerable de la judicatura venezolana ha trabajado bajo figuras de provisionalidad o temporalidad. Esto significa que muchos jueces no cuentan con las mismas garantías de permanencia que tendría un funcionario seleccionado mediante concurso público, con carrera judicial consolidada e inamovilidad protegida por la ley.
La consecuencia es grave, quien teme ser removido, trasladado o sustituido puede ver limitada su libertad para decidir. No hace falta una orden escrita para que exista presión; basta con que el funcionario sepa que su continuidad depende de autoridades superiores o de decisiones discrecionales.
Un Poder Judicial compuesto mayoritariamente por jueces sin estabilidad difícilmente puede actuar como contrapeso efectivo. La autonomía judicial requiere reglas claras de ingreso, ascenso, evaluación y disciplina. Requiere, sobre todo, que ningún juez tenga que escoger entre conservar su cargo y aplicar la ley con independencia.
Cuando la ley se vuelve herramienta política
Las denuncias sobre la utilización política de la justicia en Venezuela han sido reiteradas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La preocupación central es que el sistema penal, los tribunales y algunas instituciones de control han sido empleados de manera selectiva contra personas críticas del poder.
Dirigentes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, académicos, activistas y ciudadanos vinculados a protestas han enfrentado investigaciones, detenciones, medidas cautelares, restricciones de movilidad o procesos judiciales en contextos que han generado serias dudas sobre el respeto al debido proceso.
La justicia selectiva no se define solo por perseguir a alguien. También se manifiesta cuando determinadas denuncias avanzan con rapidez excepcional, mientras otras —especialmente aquellas relacionadas con abusos de poder, corrupción, tortura, desapariciones o violaciones de derechos humanos— permanecen estancadas, sin investigación efectiva ni sanción.
Ese doble estándar destruye el principio de igualdad ante la ley. En una democracia, la ley debe limitar al poder. Cuando la ley se utiliza para proteger al poder y castigar al adversario, la institucionalidad deja de servir a la ciudadanía.
El TSJ: centro de la crisis
El Tribunal Supremo de Justicia ocupa un lugar determinante en esta realidad. No solo es la máxima instancia judicial del país: sus decisiones tienen impacto sobre conflictos constitucionales, electorales, administrativos, políticos y civiles. Además, su influencia sobre la estructura judicial le otorga un papel decisivo en la designación, supervisión y disciplina de los jueces.
Por ello, la credibilidad del TSJ condiciona la credibilidad de todo el sistema.
Las críticas acumuladas durante las últimas dos décadas apuntan a una progresiva pérdida de autonomía del máximo tribunal frente al poder político. Decisiones en materias institucionales de alto impacto han sido interpretadas por sectores opositores, académicos y organizaciones de la sociedad civil como señales de alineamiento con el Ejecutivo y con la mayoría política que ha controlado la Asamblea Nacional en distintos períodos.
El resultado ha sido una fractura profunda de confianza. Para una parte importante de los venezolanos, acudir a la justicia en casos que involucren intereses políticos o estatales no representa una garantía, sino una incertidumbre.
La transición en curso
La renovación de magistrados y el debate sobre la reorganización del TSJ abren una oportunidad que no debería reducirse a un cambio de nombres. Venezuela necesita una verdadera transición judicial, no una sustitución administrativa dentro de la misma lógica de dependencia.
Una reinstitucionalización seria debe comenzar por un proceso público, verificable y abierto. La ciudadanía debe conocer cuántas vacantes existen, cuáles son los requisitos para postularse, qué credenciales presentan los candidatos, cómo se evaluarán sus méritos y qué mecanismos habrá para formular objeciones razonadas.
La selección de magistrados no puede decidirse en negociaciones cerradas ni convertirse en una cuota partidista. Un Tribunal Supremo legítimo requiere juristas con trayectoria comprobable, independencia ética, solvencia académica y ausencia de vínculos que comprometan su imparcialidad.
La transición también exige revisar las condiciones de los tribunales de instancia. No basta con reformar la cúspide si la base continúa afectada por precariedad, falta de recursos, retraso procesal, interferencias y temor institucional.
Una oportunidad que no debe desperdiciarse
El país necesita que el TSJ vuelva a ser un tribunal y deje de ser percibido como un espacio de confrontación política. Para ello, debe recuperar una función esencial: proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quienes ejercen el poder. La reconstrucción judicial demandará tiempo, voluntad política y vigilancia ciudadana. Implicará concursos transparentes, estabilidad para los jueces, fortalecimiento del Ministerio Público y la Defensa Pública, respeto estricto al debido proceso y reparación para las víctimas de abusos. Pero, sobre todo, requerirá una idea básica que ha sido debilitada por años de crisis: ningún poder puede estar por encima de la ley.
La transición del TSJ será una prueba decisiva. Si se limita a reemplazar magistrados sin modificar las reglas que permitieron la subordinación judicial, Venezuela seguirá atrapada en la misma estructura de opacidad. Si, en cambio, abre paso a independencia, transparencia y rendición de cuentas, podría convertirse en uno de los primeros pasos reales hacia la recuperación del Estado de derecho.
tiradodiogenes02@gmail.com
Instagram: diogenes.tirado
FUENTE: >>Diógenes A. Tirado Villanueva
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.