HACIA LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA VENEZOLANA

IDEAS PARA UN NUEVO GOBIERNO

Dr. César Ramos Parra
Decano Fac. CS. VETERINARIAS LUZ
1990-1993

Consideraciones Fundamentales: El proceso de estancamiento al cual fue sometido el sector agrícola durante los últimos dieciocho años, no es consecuencia solamente, de la ausencia de políticas agrícolas, o del abandono técnico económico del campo, lo cual sucedió. En oportunidades anteriores, incluso en la década de los 80, el sector agrícola venezolano, pese a no contar con el apoyo por parte del gobierno en gestión, registró un mayor dinamismo y crecimiento, en contraste con otros sectores de la economía, lo cual fue consecuencia de la propia iniciativa de los productores, quienes pusieron a prueba su propensión natural a desarrollar sus unidades productivas, a través de la acción combinada de la inversión de capital y el mejoramiento
técnico progresivo de las mismas.

De allí que la situación actual, sin precedentes en la historia, ha sido determinado por la acción premeditada del régimen, el cual pretendió destruir al empresariado agrícola, al intentar desconocer los derechos de propiedad y posesión de sus tierras y bienhechurías que históricamente les fue reconocido, por estar consagrado en la Constitución. Desde el poder se impulsó una estrategia de hecho y derecho, apoyándose en instrumentos inconstitucionales, lo cual profundizó la situación de riesgo e incertidumbre en el campo, frenó las inversiones y condujo nuestra agricultura a su total estancamiento y a nuestro país, a la total dependencia de alimentos foráneos, sembrando de miseria y desnutrición, a todos los estratos sociales, fundamentalmente, a los más vulnerables, representados por la mayoría de nuestra población.

El hostigamiento sistemático a los productores se expresó de diversas formas: despojo de sus legítimas propiedades, aniquilamiento de sus organizaciones naturales, exclusión de todo mecanismo de participación, eliminación de los instrumentos de política agrícola necesarios para asistirle, indiferencia ante hechos delictivos cometidos en su contra, tales como secuestros, invasiones, abigeato, extorsiones, todo lo cual ha determinado un ambiente adverso, de inseguridad personal y patrimonial, agravado aún más por la inseguridad jurídica a la cual ha sido sometido..

Igual arremetida se impulsó en contra del agrocomercio, la agroindustria, frigoríficos, importadores y todos los sectores de la cadena agroalimentaria, conduciéndonos a la gravísima situación de desabastecimiento, hambre, desnutrición y miseria, en la cual nos encontramos.

La FAO, en su reciente informe para el 2020, resalta que nuestra seguridad alimentaria empeorará, así como una baja en la producción de cereales, niveles de producción y rendimiento por la escasez de insumos y combustibles, deterioro de la capacidad de importación, dada la devaluación y caida de las reservas en divisas; indica que 9,3 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, de los cuales 2,3 millones la padecen de manera severa, evidenciándose una peligrosa tendencia a agravarse la situación nutricional del venezolano.

En definitiva, el régimen, inspirado en una visión equivocada, anacrónica y fracasada, pretendió instaurar por la fuerza, un modelo político-económico en el campo que no se correspondía, ni con nuestra realidad ni con nuestra idiosincrasia. De allí, su más estruendoso fracaso.

Ante tales circunstancias, es posible afirmar que sólo, a través de la sustitución del actual régimen y el restablecimiento en el país de la institucionalidad y el imperio de la Ley, será posible la reconstrucción de la economía, y dentro de ella, su agricultura, la cual deberá ser relanzada con una visión innovadora, dejando atrás concepciones erradas del pasado, para avanzar, dentro de un horizonte temporal de mediano y largo plazo, hacia un modelo de desarrollo, construido con la participación integradora y armónica de todos los elementos del sistema agroalimentario, aprovechando nuestras ventajas comparativas y competitivas, que nos permitan alcanzar la soberanía alimentaría e insertarnos en los procesos de modernización. El nuevo modelo debe responder con sentido de justicia y equidad, a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales para que se transformen, en auténticos Empresarios del Campo y se impulse también la agricultura empresarial como fuente generadora de riqueza para el país, paralelamente con la asistencia integral a pequeños productores, indígenas y campesinos.

En consecuencia, con el marco referencial anteriormente descrito, presentamos un conjunto de ideas destinadas a ofrecer nuestro aporte a los procesos de reconstrucción del aparato productivo agrícola, y con él, a la reactivación de la economía nacional, como único mecanismo válido para generar riqueza, crear fuentes de empleo, mejorar los niveles de ingresos de todos los venezolanos y con ello, el mejoramiento integral de la calidad de vida, fundamentalmente de los sectores postergados de la sociedad venezolana.

Propuestas

Una visión moderna de la agricultura ha de ser desarrollada con una perspectiva sistémica. Es decir, que integre en forma armónica los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo, a los fines de alcanzar la soberanía alimentaría. Todo ello logrado a través de los procesos naturales, de negociación entre los cuatros sectores, bajo el arbitrio equitativo del estado, a objeto de que todos los sectores participen en la generación y distribución de la riqueza. Ello implicará la estructuración de un Plan de Desarrollo Agroalimentario, donde los diversos integrantes del sistema participen en la definición de las “reglas de juego”, a través de la definición de prioridades y condiciones.

En lo que respecta a la agricultura, proponemos:

Aspectos Jurídicos
El epicentro de la grave problemática de nuestro sector, está representado por la INSEGURIDAD JURÍDICA. Agravada por la inseguridad personal y patrimonial. La inseguridad en materia de tenencia de la tierra, deja a merced de decisiones caprichosas del gobierno de turno y constituye el factor de desestimulo más importante, si se desea reactivar y modernizar el aparato productivo agrícola del país, por desestimular la inversión. Si esta problemática no se aborda, de manera contundente, cualquier otro esfuerzo, carecerá de eficacia. En consecuencia, para restablecer un clima de confianza, urgen la adopción de las siguientes medidas:

• Restablecer plenamente el reconocimiento a los derechos de propiedad y posesión consagrados en la constitución, entendida la propiedad como el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de la tierra, para lo cual, se deberá implementar perentoriamente, lo establecido en la Disposición Transitoria Décimo primera de la Constitución vigente, en concordancia con el artículo 164 de la misma. Ello determina que las tierras baldías pertenecen los Estados y deben ser administradas por éstos, para lo cual se requiere el cumplimento de la disposición transitoria décimo primera, a través de la promulgación de una ley especial que la implemente.
• Impulsar, dentro de la nueva legislación, los procesos de privatización de la tierra a todos los productores, a titulo puro y simple, en forma onerosa y sin menoscabo de preceptos que garanticen el interés nacional y la seguridad alimentaria del país, con criterios innovadores sobre la función social de la propiedad de la tierra, la cual debe expresarse, sin mayores limitaciones, al uso de la misma, en atención a su vocación agroecológica, la producción de alimentos y materias primas, conforme a la planificación impulsada desde el Estado y al desarrollo de actividades compatibles con la preservación del ambiente.

• Garantizar la seguridad jurídica, personal y patrimonial a los productores a través de una acción proactiva de los órganos responsables de la seguridad del Estado.

• Impulsar la formulación concertada de una Ley de Desarrollo Agrícola de carácter Orgánico que, en consonancia con los preceptos constitucionales, permita regular las actividades del sector, a través de las leyes especiales.

Aspectos Económico-Financieros: La asignación de recursos públicos imprescindibles para lograr el desarrollar del sector, los cuales a través del uso racional de los mismos deben propender al desarrollo de la investigación, capacitación, financiamiento al productor, sanidad agropecuaria, construcción y mantenimiento del agrosoporte físico, entre otros.

Paralelamente proponemos impulsar, a través de la parafiscalidad, aportes de los productores, administrados por sus organizaciones naturales bajo la supervisión del estado, para ejecutar programas que impulsen el desarrollo y modernización del sector, destinados a posicionar nuestra agricultura en ámbito de competitividad mundial. De igual manera, es necesario garantizar los aportes del sistema financiero nacional, bajo las condiciones establecidas en las leyes.

La asignación y utilización de todos estos recursos provenientes de las tres fuentes mencionadas: recursos públicos, recursos de los productores y recursos de la banca, deberán armonizarse con los objetivos del Plan de Desarrollo Agroalimentario anteriormente señalado, garantizando recursos suficientes y oportunos a los planes de producción por rubro, así como la comercialización.

Se hace necesario mantener razonables niveles de protección a los productores de alimentos y materias primas, como mecanismo para compensar los precios rezagados que permitan el acceso a los alimentos a la mayoría de la población, cuyos niveles de pobreza constituyen motivo de preocupación para el sector productivo. De igual manera, el nivel de deterioro que experimenta el aparato productivo agrícola venezolano, como consecuencia de las acciones del régimen orientadas a su destrucción, ameritará un trato preferente en los primeros años de su reconstrucción. A tales efectos proponemos:

• Precios diferenciales en fertilizantes, electricidad para riego, gasoil, lubricantes.
• Exención del pago del impuesto sobre la renta.
• Restablecer los programas sociales garantizando la colocación de la totalidad de la producción nacional a través de políticas de contingentamiento.
• Establecer un plan de refinanciamiento a los productores con recursos provenientes de la banca nacional u organismos financieros internacionales.

Aspectos Institucionales

Proponemos retomar e impulsar la descentralización nacional, destinado a transferir competencias y recursos a las gobernaciones y municipios, como forma expedita de impulsar la participación de los actores en las decisiones que comprometan su destino. Será de esta manera como lograremos el desarrollo regional en atención a las potencialidades que cada una tiene. Ello implica, recuperar de inmediato la denominación, fortaleza y pleno funcionamiento del Ministerio de Agricultura como órgano rector de la política agrícola nacional, reservando para él las siguientes competencias: definición de políticas, asignación de recursos, rectoría de la política agrícola, administración de los procesos de negociación entre los diversos integrantes del sistema agroalimentario, apoyo a las unidades desconcentradas y descentralizadas y transferencia a éstas últimas de las competencias y recursos para la ejecución de obras y programas destinados a alcanzar su desarrollo.

El proceso de descentralización debe dar paso a la redefinición de la estructura organizacional del estado para la agricultura, que propenda al objetivo de modernizarla, asumiendo la responsabilidad de impulsar el desarrollo tecnológico necesario, aprovechando capacidades y recursos de las universidades e instituciones públicas y privadas que existen en el país.

Especial atención deberá tener la recuperación de las oficinas locales del sector agrícola para reestablecer los programas de asistencia técnica y atención integral al productor, por parte del Estado, a todos los niveles.

Sanidad Agropecuaria

• Restablecer la vigencia de las leyes sanitarias violentadas por régimen en detrimento del internes nacional.
• Impulsar el programa para el control y erradicación de la fiebre aftosa con la promulgación de una Ley especial que garantice la asignación de recursos y facilite la ejecución de otros componentes del programa, además de los ciclos de vacunación, previo una evaluación integral del mismo.
• Impulsar el desarrollo de programas similares para el control y erradicación de otras enfermedades que ocasionan pérdidas económicas a los productores y al país, limitando nuestra inserción en los mercados mundiales.
• Restablecer los convenios que determinaron la participación de los productores organizados en los directorios de los organismos públicos, o en el manejo de instrumentos de control, como las guías de movilización de ganado.
• Reestructurar y modernizar el sistema de sanidad agropecuaria, a través del equipamiento de sus laboratorios, dotación del personal especializado y la adecuación de los instrumentos legales que norman la materia.

PLAN AGRÍCOLA REGIONAL

Para hacer eficaz y de alto impacto los procesos de regionalización de la agricultura, es imprescindible la formulación de un plan por región que responda, entre otros aspectos, a las ventajas comparativas y competitivas que deriven de sus potencialidades y fortalezas productivas, tradición y vocación de los actores, u oportunidades que ofrezca el entorno. El mismo deberá ser formulado en armonía con la Política Agrícola Nacional y atenderá problemas coyunturales que permitan la reanimación del aparato agrícola regional al más breve plazo y una visión de mediano y largo plazo, respondiendo a criterios de orden más estructural.
A continuación, se mencionarán un conjunto de actividades que podrán contemplarse, al momento de su formulación.
1. En concordancia con la descentralización, debe considerarse la transferencia en propiedad de las tierras baldías, a las gobernaciones de estado, a fin de que estas sean administradas por estas entidades, conforme a la legislación que se promulgue al efecto.
2. Cada entidad federal debe formular y ejecutar su Plan Agrícola, en consonancia con los lineamientos de política nacional, para la agricultura
3. Entre las competencias del Poder Central a transferir a los estados, en materia agrícola, podrían mencionarse: financiamiento; Investigación, capacitación y asistencia técnica; Infraestructura y riego; mercadeo y comercialización, control sanitario, catastro rural, entre otros.
4. La aplicación inmediata de medidas orientadas a proteger a los productores del campo para garantizarle su seguridad jurídica, personal y patrimonial
5. Aplicación inmediata de un paquete de estímulo a la actividad productiva, entre otras; suministro de insumos agropecuarios, reactivación de plantas productoras de alimentos concentrados, asistencia integral al productor, entre otras.
6. Designar un equipo técnico, adscrito a CORPOZULIA, para la formulación del Plan Agrícola Regional, en el cual se contemplarán, todos aquellos aspectos enmarcados, dentro de un horizonte temporal de mediano plazo, cuyo objetivo será el del aprovechamiento intensivo de las potencialidades del Zulia, para alcanzar la soberanía alimentaria.

Consideraciones Finales

El impulso y consecución de una agricultura moderna, desarrollada a base del esfuerzo y creatividad del productor, que le estimule a asumir lo riesgos de esta actividad económica, a invertir su capital y a retar la incertidumbre, determinados por imponderables factores climáticos y ambientales que no siempre conducen a alcanzar los resultados esperados, sólo es posible lograrlo en un marco de libertades públicas y económicas, y de respeto a la propiedad. Es decir, esto sólo es posible en Democracia y Libertad con plena vigencia del Estado de Derecho
Una economía privada supeditada al arbitrio caprichoso del Jefe del régimen, no tiene viabilidad, de allí que es necesario conjurar definitivamente este régimen oprobioso que ha intentado cercenar el derecho de todos a decidir nuestro destino.

Cátedra Libre Responsabilidad Social Universitaria - LUZ
@LuzRsu

FUENTE: R/S/F

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