Un hombre se manifiesta en contra de la reescritura de la Constitución de Chile en Santiago el 26 de septiembre. (Javier Torres/AFP vía Getty Images)
Pedro Pizano and Axel Kaiser
Pedro Pizano es el Fellow de Derecho Penal Internacional y Periodismo de los Derechos Humanos del Instituto McCain para el Liderazgo Internacional. Axel Kaiser es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, Chile y Senior Fellow del Centro para América Latina del Atlas Network.
Este fin de semana, los chilenos decidirán si quieren reescribir su Constitución desde cero. El referéndum del 25 de octubre fue una concesión política significativa del presidente Sebastián Piñera después de meses de protestas y disturbios que dejaron daños estimados en 1,400 millones de dólares.
Pero reescribir la Constitución no solo es una mala idea; también es una forma terrible de intentar lograr el cambio que desean muchos chilenos.
Los partidarios de cambiar la Constitución señalan el hecho de que fue escrita durante la dictadura del general Augusto Pinochet y, por lo tanto, está manchada por su sangriento gobierno. La Constitución fue aprobada en 1980, con Pinochet en el poder. Sin embargo, algunos estiman que se ha modificado 140 veces. También se ha eliminado la firma de Pinochet. Ahora la firma el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), quien después de las 54 reformas aprobadas por casi toda la clase política en 2005 declaró que, a partir de entonces, Chile tendría una Constitución verdaderamente “democrática” que “uniría a todos los chilenos”. Está claro que la Constitución actual de Chile es igualmente un producto de la era de Pinochet y de la administración de Lagos.
Y es gracias a esa Constitución reformada que Chile se ha convertido en el país más libre, seguro y próspero de América Latina. Entre los países de América del Sur, tiene una de las calificaciones de Producto Interno Bruto per cápita más altas, una de las tasas de homicidio intencional más bajas y uno de los grados más altos de movilidad social. Además, tiene los indicadores de desarrollo humano más altos al sur del Río Bravo.
Aunque activistas y figuras políticas insistieron durante los meses de protestas en que la desigualdad ha aumentado y que el acceso a la educación, la salud y el poder político sigue fuera del alcance de la mayoría de las personas, los estudios muestran que la desigualdad de ingresos ha disminuido mientras que Chile logró la mayor movilidad social, con algunos caveats, entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El sistema de pensiones también se percibe como injusto, pero 70% de los fondos disponibles para los jubilados no son producto de su contribución al sistema, sino de las ganancias que les generan los fondos de pensiones.
Además de su carácter supuestamente antidemocrático, los críticos de la Constitución dicen que no proporciona una regulación adecuada de la economía o acceso a la salud, la educación, las pensiones y la seguridad social. Pero, ¿cómo pueden estos chilenos explicar que en todas estas áreas su país se desempeña significativamente mejor que otros países con constituciones más “progresistas”?
El equilibrio adecuado de estos derechos o prerrogativas es lo que está en juego aquí. Pero, ¿es reescribir la Constitución la mejor manera de mejorar el acceso y la justicia social? ¿Por qué no pasar por la legislatura e impulsar reformas en tensión con el poder Ejecutivo? ¿Son las personas que escribirán la próxima Constitución más sabias que las que redactaron la actual? ¿Cómo será la nueva Constitución más democrática?
Creemos que los chilenos deberían rechazar la idea de reescribir la Constitución. El país debería seguir el camino hacia una unión democrática liberal cada vez más perfecta. Las democracias liberales no se hacen solo mediante constituciones. La democracia liberal se trata de la tensión entre el gobierno de la mayoría y los controles antidemocráticos. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, es interpretada explícitamente por la Corte Suprema de este país como un control sobre la regla de la mayoría de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El ejemplo clásico es que si la mayoría de los ciudadanos en una democracia votaran para cometer un delito, los jueces no electos, dentro de un mecanismo liberal de control del poder de la mayoría para proteger el estado de Derecho, los detendrían.
En los últimos años, las tensiones entre el liberalismo y la democracia se han hecho sentir crudamente en todo el mundo. Las mismas tensiones se están produciendo en Chile. No hay nada de malo en apoyar el llamado popular por un cambio estructural. Pero en una región con una de las historias constitucionales más convulsionadas del mundo, la pretensión de crear prosperidad y equidad desde una hoja en blanco debe enfrentarse con escepticismo.
Antes de desechar su Constitución bajo la creencia de que una nueva será fundamental para resolver sus problemas, los chilenos deben reconocer que el período más exitoso del país en términos de estabilidad democrática, y prosperidad económica y social, ha ocurrido bajo la actual Constitución reformada. Si no lo hacen, es posible que se arrepientan de su decisión.
En lugar de derrocar su Constitución, los chilenos de todas las tendencias políticas deberían comprometerse nuevamente a luchar por reformas incrementales y ponderadas, tal como lo han hecho con éxito hasta ahora.
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