Distinta conducta

Por: Gonzalo Oliveros Navarro*

Observo entre quienes nacieron en Venezuela e hicieron vida en ese país y los nacidos en Colombia, una conducta diferente al momento de afrontar una situación de carácter jurídico frente al accionar de la administración que en el país lleva los asuntos públicos.

En Venezuela, cuando desde algún organismo público se emite alguna sanción contra el particular, el afectado –inmediatamente- recurre ante el abogado de confianza, a los efectos de que este revise el caso y ofrezca las alternativas que la ley otorga. En Colombia observo una conducta diferente que ha permeado hacia quienes, nacidos en nuestro país, hacemos vida ahora en este de Nariño y Caldas.

Así es como hemos observado que cuando a alguno de los afectados por la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil le llega la información de la decisión respectiva mediante la cual le cancelan su cédula de ciudadanía, originando con ello que esté latente un juicio penal en su contra, que puede perder el trabajo y no acceder al sistema de salud –entre otros problemas- el afectado procede, por su cuenta y riesgo, a preparar su respectivo recurso de reconsideración o subsidio de apelación, porque eso fue lo que dicha entidad le informó que debía hacer, luego de visitar las oficinas respectivas en la torre bogotana a donde le sugirieron dirigirse y quizás, allí mismo, lo prepara y presenta, exponiendo allí sus razones personales respecto de lo que pretende.

Si estuviéremos en Venezuela, esa misma persona consultaría a su abogado y este revisaría el expediente respectivo y, con vista al estado actual del proceso correspondiente y a los vicios que observaría en el procedimiento adelantado o el acto administrativo con el cual el mismo concluyó, plantearía la defensa que estimare conducente. La diferencia entre ambas conductas es notable, así como los efectos potenciales derivados de las mismas.

La intervención de quienes conocen la materia objeto del problema le otorga mayores posibilidades de éxito a quien buscó su acompañamiento y asesoría en la situación que le afecta, sin perjuicio, por supuesto, de que no hay garantías de resultados porque quien adoptará la decisión no es la persona que le asesora sino la misma administración o, en su defecto, el poder judicial, pero es lo cierto que, cuando se hacen los planteamientos correctamente, con la debida fundamentación legal y el soporte probatorio conducente, las probabilidades de victoria son muy superiores a las que derivan de una conducta contraria.

Así entonces, cuando menos en situaciones como las adelantadas por la Registraduría Nacional del estado Civil, pareciere prudente que los afectados consideraren adoptar una conducta distinta y así, antes de ejercer ellos por su propia mano su defensa o por la sugerencia de quien sería su contraparte en la causa que le afecta, consulten su situación con abogados, o con consultorios jurídicos de universidades o también con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos, todos los cuales han sido formados en las distintas universidades del país o del mundo, para afrontar problemas como esos. De esa manera minimizarían el riesgo de un resultado contrario a sus intereses pues el ejercicio del derecho, tanto para accionar como para defenderse, deviene del conocimiento que solo los estudios jurídicos dan. Es una respetuosa sugerencia.

*Fundación2Paises. @barraplural

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FUENTE: https://www.gacetaregional.com/sitegr/distinta-conducta/

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