El exvicepresidente ecuatoriano (2013-2017) Jorge Glas, quien cumplía condena por recibir millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, saluda después de ser liberado de prisión, en Lacatunga, Ecuador, el 10 de abril de 2022. (Mateo Flores/AFP vía Getty Images)
María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.
Este 10 de abril, el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas salió de prisión tras cumplir cuatro de los ocho años de condena por varios casos de corrupción. La noticia se dio el día anterior, después de que un juez aprobara un recurso de habeas corpus que el abogado de Glas justificó explicando la “grave situación de salud” del exvicepresidente, al igual que los amotinamientos que se han estado dando dentro de las cárceles. Ante esto, la presidencia de Ecuador, bajo el mando de Guillermo Lasso, manifestó su “rechazo y desacuerdo jurídico, así como nuestra preocupación por el abuso de las acciones constitucionales”.
Es muy difícil aceptar que la decisión —justo ahora— de liberar a Glas, considerado un preso político por el correísmo, pueda ser casual. Que ocurra a menos de un año de haber tomado posesión este gobierno, cuyo presidente no ha podido consolidar un liderazgo sostenido capaz de conversar y hacer acuerdos con las distintas fuerzas políticas, especialmente el correísmo —el cual aún tiene una importante representación en la Asamblea Nacional— deja un velo de duda sobre el rol de Lasso en su relación con las instituciones del país.
A menos de un año desde que se posesionó Lasso, el país parece enfrentar una debacle sin que el presidente logre encaminar soluciones a los principales problemas del país. Las cifras de inseguridad son históricamente altas; ha habido despidos de personal médico de la red de salud pública y el diálogo político y social está profundamente resquebrajado.
La última masacre carcelaria —y la primera de 2022— ocurrió el primer fin de semana de abril. Fue en la cárcel de Turi, en el sur del país, y según las cifras oficiales hubo 21 presos muertos y 10 heridos. Después de esto, las autoridades decidieron trasladar a cinco cabecillas de organizaciones criminales a una cárcel en Guayaquil: dos días después de que se hizo el anuncio, un guía penitenciario recibió un disparo en la cabeza. Esto ocurrió al interior de una oficina gubernamental en Quito. Después de los trasladados, hubo también incidentes en otros cinco centros penitenciarios del país.
Esto ocurre mientras los índices de inseguridad siguen disparados. Durante el primer trimestre de 2022 se registraron 651 crímenes violentos, 130% más que en el mismo período en 2021, en el que se registraron 283 según los datos oficiales.
A eso se suma la crisis en el sistema de salud pública, ya debilitado por la pandemia. Ese sistema al que Lasso ofreció darle prioridad durante su candidatura presidencial. Sin embargo, en abril varias organizaciones de médicos denunciaron que, nuevamente, se despidió a personal de la red de hospitales públicos. Solo en uno de los hospitales, en Quito, se denunciaron 160 despidos, aunque la cifra habría alcanzado los 400 a nivel nacional. Esto se suma a las múltiples quejas en hospitales públicos por falta de medicinas e insumos médicos y las deudas que el gobierno acumula con varios hospitales privados, especialmente los que atienden a pacientes con cáncer, que están en riesgo de suspender los servicios por la falta de pagos.
El gobierno de Lasso tampoco ha podido consolidar su política económica. Su primera propuesta que abarcaba reformas tributarias, laborales y relacionadas a las inversiones, fue devuelta por la Asamblea Nacional. Lasso tuvo que dividirla en tres propuestas distintas. Apenas una, la tributaria, está en vigor. Esto ha dificultado que aplique su propuesta económica y, a la vez, ha desnudado las enormes dificultades que el gobierno tiene para dialogar.
La Asamblea Nacional no ha hecho un mejor trabajo para legislar y llegar a acuerdos con el Ejecutivo. En medio de señalamientos de corrupción —uno de ellos, hecho por Guillermo Lasso en contra de cinco asambleístas que habrían pedido favores irregulares a cambio de votos— y con la presidenta de la Asamblea tambaleándose en su cargo, los rumores de muerte cruzada han tomado fuerza en los últimos meses. Ese mecanismo constitucional que, en un escenario de crisis profunda, permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional y gobernar por unos meses hasta convocar a elecciones, revive el fantasma de la inestabilidad política.
Aunque esa posibilidad también podría ser una salida para un gobierno que no logra consensuar con la Asamblea Nacional y que, por lo tanto, tiene congelados sus proyectos de ley emblemáticos. Con una Asamblea deslegitimada y paralizada —mientras se decide si se destituye o no a la presidenta del Parlamento que lleva semanas bloqueando un pedido para evaluar su trabajo—, la salida no se ve fácil.
Si a eso sumamos la desconfianza en la justicia, que tiende a responder al poder de turno, no es descabellado especular —como ya se está haciendo— que el gobierno tiene un rol protagónico en la liberación de Glas, aunque en público la cuestione. La simple sombra de la duda debilita aún más a un gobierno que se ha mostrado incapaz de resolver la crisis carcelaria —con el mismo argumento del estado de salud con el que se liberó a Glas, hay cientos de presos a la espera de ser liberados—.
Sin un norte claro, con un velo de duda sobre su eventual participación en la liberación de Glas, el Ejecutivo —y el Legislativo también— parece estar totalmente desconectado de las necesidades urgentes de un país golpeado por la pandemia y por la crisis económica. En medio, una sociedad inconforme y desatendida, que siente que la justicia solo cae sobre el más débil, es el caldo de cultivo ideal para la violencia que suele buscar mecanismos de desfogue por medio del crimen, la protesta descontrolada y los caudillismos populistas y totalitarios.
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FUENTE: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/04/10/ecuador-salida-jorge-glas-vicepresidente-guillermo-lasso-crisis/?utm_campaign=wp_post_opinion&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_postopinion&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F368f447%2F6254fd1664253a7f342b9425%2F5d6d07d49bbc0f370e3956ae%2F16%2F43%2F6254fd1664253a7f342b9425
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