La ONG Defiende Venezuela denunció que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el CONAS cometen múltiples abusos en el marco de la «Operación Trueno», aunque las autoridades difunden que el objetivo de la operación es detener tanto a los culpables de extorsión y otros delitos, como a los cómplices de la banda criminal «El Tren del Llano».
Defiende Venezuela señaló que esos supuestos propósitos se usan como justificativo para atacar indiscriminadamente a la población de Altagracia de Orituco: «Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se ha atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes», dijo uno de los abogados de la ONG durante su visita a Altagracia.
El equipo de documentación reveló que las víctimas han señalado que los cuerpos de seguridad responsables de la «Operación Trueno» son la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la PNB, y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, al momento de ingresar a las viviendas o comercios, los funcionarios se identificaban como miembros del FAES.
Defiende Venezuela entrevistó a 15 familias y a más de 24 víctimas indirectas, incluyendo comerciantes y gremios de productores, recopilando la evidencia que soporta las declaraciones de los afectados.
Un operativo policial destinado a desarticular una banda criminal y brindar seguridad a los residentes de la localidad, terminó por hacer que los habitantes sintieran miedo de las medidas indiscriminadas de los funcionarios involucrados. Los ciudadanos consideran que no existe control judicial en las actuaciones desplegadas, según manifestaron en un comunicado.
La mayoría de los detenidos durante la «Operación Trueno» fueron trasladados a Caracas y presentados ante tribunales con competencia especial en materia de terrorismo. A ninguno se le permitió la representación de un abogado de confianza. Igualmente, los detenidos afirmaron que los incriminaron a través de la «siembra» de evidencia en sus expedientes judiciales.
En algunos casos, Defiende Venezuela pudo constatar que hubo desapariciones forzadas. Las autoridades policiales publicaron en redes sociales la aprehensión de estas personas, pero no suministraron información a sus familiares sobre el centro de reclusión donde pudieran localizarlas.
La ONG aseguró que los cuerpos policiales del Estado utilizaron algunas viviendas como centro de operaciones, donde no sólo pernoctaron sino que también organizaron ruidosas celebraciones hasta altas horas de la noche.
Los testigos relataron que los funcionarios no tenían una orden judicial emitida por un tribunal. Tampoco se contó con la presencia de un representante del Ministerio Público en los numerosos allanamientos, durante los cuales algunos propietarios sufrieron, además, el saqueo de sus viviendas.
Defiende Venezuela afirmó que «continuará monitoreando y documentando la situación de Altagracia de Orituco, alertando y denunciado los hechos de violación de derechos humanos ante los organismos internacionales de protección, con la intención que cese el hostigamiento contra los gracitanos y se respete las garantías judiciales de los detenidos».
Redacción: Sebastián Yáñez
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FUENTE: https://siemprevenezuelaweb.com/2022/06/06/la-brutal-operacion-trueno-viola-los-dd-hh-en-guarico/
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