✓El Movimiento Defensores Populares de la Nueva República, que preside el Abogado Dr. en Derecho, Hidalgo Valero, y el Frente Institucional Militar, que preside el Almirante Huizi Clavier, representado por los General Herrera Betancourt y Eduardo Caldera, dirigieron una “Carta Denuncia” a la Corte Penal Internacional, en defensa de los militares secuestrados por el Régimen; igualmente, piden una Decisión rápida y oportuna en el caso Venezuela 1, cuyo texto se reproduce a continuación:
Caracas, Venezuela 14 de julio 2.022.
Dr. Peter Kovács. Presidente y demás Magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala1), de la Corte Penal Internacional.
La Haya Países Bajos.
Su Despacho (Carta Denuncia Pública n°7)
Excelentísimos Magistrados de la Corte.
Nosotros, los abajo suscribientes de este Documento, venezolanos, mayores de edad, miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República y del Frente Institucional Militar, en este caso en defensa de los derechos humanos, nos dirigimos a ustedes con el debido respeto, para expresarles lo siguiente:
Nuevamente, como lo manifestamos en nuestra Carta Denuncia N° 6, de fecha 14 de enero 2.022, de la cual no hemos recibido respuesta aún. Citamos: “Ciudadanos Magistrados, es nuestra preocupación, el futuro y destino del sistema de Justicia Internacional, el cual tiene una prueba de fuego en el caso Venezuela 1, con riesgo de perderse la credibilidad en el sistema de Justicia Internacional. Los venezolanos al igual que muchos pueblos del mundo, confiamos en tener órganos eficientes, no estructuras burocráticas onerosas, por considerar una vía civilizada expedita, para lograr un mundo más justo, donde la defensa de los derechos humanos, que ha adquirido rango de jurisdicción universal, sea eficiente, para evitar grandes conflictos y hasta guerras”.
La Situación Venezuela 1, se abrió conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma (ER), a solicitud de seis países latinoamericanos, el 24 de septiembre de 2.018.
Han transcurrido 4 años, desde el inicio del proceso, y casi un año que el nuevo Fiscal Karim Khan, asumió el cargo, teniendo estructurado el Expediente, con bases razonables que determinan que funcionarios de alto nivel en Venezuela, han cometido crímenes de lesa humanidad y aún estamos en espera de la anunciada celeridad procesal.
Existen, países oprimidos por tiranos, que secuestran el poder a través del engaño y la fuerza de las armas, cometiendo los más atroces crímenes de lesa humanidad, para perpetuarse en el poder, conduciendo a los pueblos a crisis inimaginables como es el caso de Venezuela.
No obstante a la Comunicación enviada por el Fiscal de la CPI, a la Sala de Cuestiones Preliminares, signada con el N° ICC-02/18, de fecha 20 de abril 2.022, mediante la cual la RBV, confirma: “Está investigando o ha investigado a sus nacionales…en relación con actos punibles que vulneran los derechos humanos”. Según la nota del Fiscal, señalada en el punto N°7 del Escrito, dice: en vista que Venezuela no ha enviado material adicional, e información a la previamente emitida, el Fiscal nota que hay retardo al requerimiento pedido. Por lo tanto, la investigación continúa, ya que la RBV, solo se limitó a remitir los mismos nueva (9) informes, aportados en 2.020, durante la etapa preliminar.
Las víctimas esperamos que Karim Khan, ahora no esté prestado a la diplomacia en Venezuela. Su función es de ACUSADOR, por lo que deberá ejercer la acción penal ante esa Corte solicitando la apertura del juicio. (Art.15 y 42 del Estatuto de Roma)
- Las mazmorras del Régimen siguen abarrotadas de presos políticos. Se calculan actualmente, más de 110 presos políticos militares.
-Las ejecuciones extrajudiciales y el ataque a los Medios de Comunicación continúan
El 16 de abril 2.022, se venció la prórroga dada por el Fiscal a la RBV, para definir lo de la complementariedad, sin que el Régimen de señales de querer o poder enjuiciar a las líneas de mando, que son las mismas autoridades del Régimen que entrevistó el Fiscal de la CPI y poder cumplir con el Memorándum de Entendimiento, firmado entre las partes.
¿Qué espera el Sr. Fiscal, para hacer la petición de autorización de apertura del juicio, ante esa Sala de Cuestiones Preliminares (Sala1) como lo contempla el artículo 15 y 17 del Estatuto de Roma?
Preocupa a las víctimas y a sus representantes, después de 3 meses vencido la prórroga que se dio hasta el 16 de abril 2.022 a la RBV, para definir lo de la complementariedad, que aún no se conozcan las resultas, ni se ha abierto el juicio formal. También preocupa:
1) El Fiscal manifestó trabajar para fortalecer alianzas, para el enjuiciamiento de los presuntos delitos.
2) Agradece a Maduro presunto imputado, su cooperación.
3) El 9 de diciembre del 2.021, en la Asamblea Anual de la CPI, el Fiscal de la CPI manifestó que “seguirá criterios objetivos”. Su trabajo se basará en evidencias concretas, sólidas y que no estén contaminadas o construidas por agentes particulares. Consideramos pertinente, comunicarle al Sr. Fiscal, que las pruebas de tantos crímenes, con testimonios de las víctimas y sus representantes, están completas, son más de 1.000 folios, en los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU; Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU; Comisión de las NU para los Refugiados y los informes de la OEA, al igual que las innumerables denuncias de las ONG que representan a las víctimas. ¿Las victimas nos preguntamos? No es creíble para el Fiscal:
a) Las deportaciones y traslados forzosos por hambre y expatriaciones de venezolanos a otros países, que ya pasa de los 5.000.000 de personas, evidenciadas en informes de ACNUR, cientos de ellas han muerto en las peripecias de cruzar las fronteras.
b) El exterminio de miles de ancianos jubilados y pensionados, trabajadores y sus hijos, quienes percibieron sueldos de menos de un (1) dólar mensual, por largos períodos de tiempo. Hoy sus ingresos no llega a 23 US$ al mes.
C) Asesinatos, (más de 160 personas, en protestas populares legítimas desde 2.014 al 2.017), torturas, encarcelamientos arbitrarios, abusos sexuales, desapariciones forzosas, persecuciones por razones políticas (resalta el asesinato del Concejal Fernando Albán y las últimas agresiones a Juan Guaidó y su equipo en los Estados Zulia y Cojedes).
Los venezolanos de bien esperamos la acción eficiente, imparcial y la alta consideración moral del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Es de nuestra gran preocupación, hechos públicos, que siguen aconteciendo, que han sido denunciados nuevamente por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Fuente: efecto cocuyo.com. Informe de ONUACDH, 29de junio 2.022), mientras que el Fiscal de la Corte Khan, no pide la apertura de juicio, después de haber fijado prorroga perentoria de 3 meses a la RBV, para que informara de los avances del Gobierno, en la investigación de altos funcionarios del Gobierno, solicitud que no fue satisfecha o son secretas los Informes.
Han continuado los crímenes de lesa humanidad en Venezuela; entre otros, las ejecuciones extrajudiciales, como lo ratifica la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en su último Informe, sin que se abran, la investigación o juicio formal en contra de los delincuentes de alto nivel gubernamental en esa Sala de Cuestiones Preliminares. En este sentido entre nosotros los venezolanos se crean las dudas sobre la eficiencia o probable negligencia de la Fiscalía de la Corte.
SIGUEN LAS DETENCIONES ARBITRARIAS. MÁS DE 110 MILITARES CONTINUAN DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS. (Ver lista anexa)
El articulo 7(e) del Estatuto de Roma de la CPI, contempla como crimen de lesa humanidad. Citamos: “Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. Según cifras estadísticas del Foro Penal Venezolano, el Regimen ha privado de la libertad arbitrariamente por razones políticas a más de 15.758 personas, desde el 2.014, por cierto conforme al artículo 29 del ER, NO PRESCRIBEN. Pues bien ciudadanos Magistrados, les hacemos llegar algunos de los tantos casos que encuadran perfectamente dentro de los crímenes de lesa humanidad, que investiga esa CPI, en relación con la situación Venezuela 1.
Se trata del caso del Tcnel. (Ej.) Igbert José Marín Chaparro, incluido como víctima y es un testigo calificado, dentro de las denuncias que reposan en el Informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humano de la ONU. Igualmente, el General (GN) Héctor Hernández Da costa, otro brillante Oficial de la Guardia Nacional, secuestrado por el Régimen, desde el 13 de agosto 2.018. Este último, ha sufrido cárcel por oponerse y denunciar el narcotráfico que ha protegido la Dictadura.
En el caso del Tcnel. Igbert Marín Chaparro, calificado como número uno de su promoción de oficiales, por sus virtudes intelectuales y morales inobjetables. Este fue injustamente encarcelado sin pruebas y sometido a innumerables vejámenes, fue enjuiciado por el mismo Juez que actuaba como Fiscal cuando recibió la imputación, por reclamar mejores condiciones de alimentación para los subalternos bajo su mando. Denunció, la corrupción de sus superiores y la falta de equipamiento de su unidad. Por ello, fue perseguido y encarcelado por razones políticas por supuesta “Instigación a la Rebelión Militar”, desde el 2 de marzo de 2018 y sentenciado a 6 años de cárcel.
El día 21 de diciembre 2.021, inició una justa huelga de hambre como último recurso para hacer llegar sus denuncias, de las múltiples violaciones de los derechos humanos en Venezuela; tales como: uso sistemático de la tortura( por cierto más de 170 militares han sido presentados en los juicios ante los Tribunales Militares torturados), tratos crueles, deposito inhumano de personas, aislamientos en un calabozo llamado la “Casa de los Sueños”, en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar(DGCIM), en Boleíta, falta de atención médica oportuna, violaciones sistemáticas del debido proceso en tribunales militares arcaicos y dependientes de las ordenes de la Dictadura. En fin, señaló las injusticias que éste Régimen dictatorial sigue cometiendo en forma sistemática y generalizada, en contra de los presos políticos.
Este honorable Oficial puso en riesgo su vida en defensa de los derechos humanos, permaneciendo 17 días sin ingerir alimento alguno. Perdió más de 6 kilogramos de peso, hasta que logró su objetivo; que era entre otros, la presencia de representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.
Afortunadamente no corrió con la misma suerte del Ing. Franklin Brito, quien falleció el 30 de agosto 2.010, realizó un suplicio auto infringido de su vida, en huelga de hambre, para denunciar el poder arbitrario del Régimen, por los atropellos del cual fue objeto en contra de su propiedad usurpada. Este caso aún está impune.
Las demandas de Marín, no son otros que pedir justicia y libertad para más de 248 presos por razones políticas, secuestrados y vejados injustamente en las cárceles de la Dictadura, entre ellos 132 militares.
La mayoría de las detenciones de los militares son arbitrarias, se realizan sin orden de aprehensión de los tribunales, luego obligan a los jueces a convalidar la arbitrariedad. Mucho de los detenidos pasan hasta más de dos años sin ser llevados a los tribunales y algunos retenidos en la cárcel burlando las boletas de excarcelación. Desde el 2.014 hasta diciembre 2.021, se registran en forma sistemática más de 15. 700 encarcelaciones arbitrarias de personas (Fuente: Informe del Foro Penal Venezolano de Dic. 2.021). Resaltamos igualmente la muerte en prisión del General Raún Isaías Baduel, por presunto delito de homicidio intencional, a quien se le negó la atención médica. El caso del asesinato por torturas infringidas al Capitán de Fragata Rafael Acosta Arévalo.
Es por ello que nos dirigimos a ustedes para solicitar lo siguiente:
PETITORIO
Que el Fiscal ante la Corte, presente con carácter de urgencia, como es su obligación y responsabilidad jurídica y moral, el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala 1), para que conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma de la CPI, se abra definitivamente el juicio a los altos criminales responsables de estos crímenes. Igualmente, de ser procedente, se solicite su detención o comparecencia ente esa instancia internacional, para que se inicie el respectivo enjuiciamiento de los imputados.
Que se investiguen a profundidad las razones por las cuales, la Fiscalía de la Corte no ha solicitado la petición de apertura de investigación ante esa Sala.
Pedirle al Fiscal Karim Khan, se inhiba en la Situación Venezuela 1, de no tener la intención o el interés de enjuiciar a los presuntos delincuentes de lesa humanidad del País.
Sin otros particulares, a que hacer referencia por el momento, les hacemos llagar esta Comunicación, esperando sus buenos oficios, para lograr una solución urgente a nuestra delicada situación.
Atentamente.
Por: Defensores Populares de la Nueva República.- Equipo Jurídico
Abg. Dr. Hidalgo Valero Briceño. CI. No- V-4.058.442. IPSA. No-13.941. Email: hidalgo-valero@hotmail.com
Abg. Miguel Ángel Cegarra. CI. V-3.212.584. IPSA No- 41.977, Email: cegarramiguel@yahoo.com
Abg. Humberto Antonio Gutiérrez. CI. V-5.493.939. IPSA,N°32.793.Email:gutierrezhumb@hotmail.com
Abg. Rusbelia Astudillo Rojas C.I. V-5.116.881, IPSA N°- .20.191, Email:rusbeliaastudillo50@gmail.com
Abg. Felipe Ventura Petit. CI. 5288172, IPSA N°65.277, Email:fventurapetit@hotmai
Abg. Guillermo Heredia C.I. V-5.194.191. Email: derechopenal.ve@hotmail.com
Por: Frente Institucional Militar.
Gral. Bgda (EJ) ® Juan Antonio Herrera Betancourt, C.I.V- 1.335.642. Email: juanantonioherrerab@gmail.com.
Gral. Bgda. (AV)® Eduardo Arturo Caldera Gómez. C.I. V-3.634.760. Email: eduardoarturocaldera@gmail.com
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FUENTE: Hidalgo Valero
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