La presencia de más de 2.5 millones de venezolanos en Colombia y la necesidad de integrarlos al país a los efectos de que su presencia en el mismo sea apreciada y reconocida, nos ha obligado en Fundación2Paises, a implementar tres líneas de acción judicial como consecuencia de decisiones gubernamentales que, de alguna manera, han impactado negativamente la presencia de ellos en el país.
La primera decisión que atacamos fue la de la Registraduría Nacional del Estado Civil de privar de su nacionalidad a mas de 40 mil personas, la mayoría de estas nacidas en Venezuela, hijos de colombianos que allá llegaron.
Aun cuando la explicación pública que al respecto se conoce respecto de dicha decisión en el sentido que a quienes fueron objeto de ella habían accedido a la nacionalidad de manera irregular, es lo cierto que en el 95% de los casos que hemos acompañado judicialmente, la solución ha sido favorable a los mismos, habiendo recuperado ellos el derecho del cual fueron injustamente privados, lo que evidencia lo erróneo de la justificación aducida para explicar la medida.
Por lo que se refiere al acceso a la nacionalidad colombiana de quienes nacieron fuera de sus fronteras y son hijos de colombianos, pero no fueron presentados como tales a las autoridades del país dentro de los 30 días siguientes al nacimiento, a pesar del empeño -nuevamente- de la Registraduría Nacional del Estado Civil de exigir como único documento demostrativo de dicha circunstancia la partida de nacimiento apostillada, el Poder Judicial colombiano, también en mas de un 95% de los casos que hemos acompañado, ha sentenciado contra dicha posición, reconociendo que, conforme a la legislación vigente, es posible acreditar esas circunstancias de nacimiento y parentesco con prueba de testigos y solicitud de inscripción extemporánea, tal como lo prevé la normativa vigente.
Finalmente, la última línea de actuación masiva que hemos acompañado es la atinente a la falla en el servicio que se desprende de la circunstancia de haber retardado Migración Colombia -en demasía- el tiempo de respuesta a los migrantes venezolanos respecto de su solicitud de inscripción en el Estatuto de Protección Temporal diseñado por el Estado colombiano, circunstancia esta que ha conducido a que nuestros migrantes estén impedidos de incorporarse plenamente a la vida del país, afectandoles no sólo personal sino familiarmente, tal como también ocurre con los dos casos precedentemente descritos.
Toda la actuación desplegada por Fundacion2Paises, que ha favorecido a la fecha a mucho más de 200 personas tiene una característica común, la actuación del Poder Judicial. Sin este, uno confiable que no tiene remilgos en decidir contra órganos del Estado que en su accionar no se ajustan a los términos de la ley, hubiere sido imposible para esas personas de carne y hueso, lograr las decisiones que hoy les permiten estar plenamente incorporados a la vida colombiana.
La lección entonces es obvia: La ley debe cumplirse y los juzgados, tribunales y Altas Cortes están allí para garantizarlo.
Sana envidia nos produce ver como ello es posible al compararlo con otro país que nos es tan cercano, cuyo índice de respuesta contraria a los intereses de quienes ocupan las altas instancias de gobierno, son absolutamente distintos a los que observamos en Colombia.
Gonzalo Oliveros Navarro
Fundacion2Paises
@barraplural
@fundacion2pais1
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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