Edmundo Jacobo Molina
Telón de Fondo
En atención a una sentencia del Tribunal Electoral el INE aprobó lineamientos para regular las Pre-Precampañas (cualquier cosa que esto signifique). Más vale tarde que nunca dice el dicho, ahora el problema es que estas nuevas disposiciones, las leyes y la Constitución se respeten, he ahí el enredo.
Pensar en más regulaciones electorales es un exceso, dada nuestra churrigueresca normativa al respecto, pero la realidad dijeron algunos, más bien los afanes transexenales digo yo, han obligado a imponer más reglas fuera de plazo y contraviniendo lo dispuesto en la propia Constitución.
Vayamos por partes. Desde el año pasado se pretendió modificar de manera radical el sistema político electoral, hubo quien habló de refundación. La presión social y sentencias de la SCJN frenaron esas intentonas.
Después de eso entró en operación el plan C, aquel que por la vía de los hechos busca imponer lo que no procedió por la ruta de la civilidad institucional, por la vía de convencer en el diálogo público y con razones. El plan C también tiene en su guion, infiltrar y disminuir al árbitro desacreditándolo. También es parte de su libreto desacatar lo que disponga la autoridad, lamentablemente ya tenemos varios ejemplos al respecto.
Desde hace semanas, el presidente, el más obligado a respetar y hacer respetar los acuerdos sociales y políticos hechos normas, desató SU proceso sucesorio antes de lo legalmente dispuesto, utilizando su posición privilegiada y siendo permisivo del uso indiscriminado de recursos públicos para fines políticos-electorales violando con todo ello la Constitución. Hay que decirlo una y otra vez, ya que lo pinta de cuerpo entero, él exigió esas reglas, claro, cuando era oposición…
Ante esos hechos, ahora se dice que estamos en un escenario “inédito” y hay quien sostiene, en su papel de árbitro y para justificar su posición, que la norma electoral siempre está cambiando para ajustarse a la realidad política, lo cual tiene una buena dosis de realismo, pero eso no implica que los cambios normativos se realicen en cualquier momento y a capricho de una de las partes, ya que si eso ocurre estamos frente a la claudicación y no a la legalidad.
Peor aún, la Constitución señala con claridad que no debe haber cambios a la norma electoral noventa días antes de que inicie el proceso en el que se aplicarán, plazo que se venció en mayo pasado.
Una cuestión fundamental para la legitimidad y credibilidad de los resultados electorales aquí y en cualquier lado, es que las reglas del juego estén claras antes del inicio de la contienda y que se respeten, si no, lo más probable es que los jugadores azoten el tablero y desconozcan la partida ¿Será eso a lo que nos enfrentaremos?
El activismo político se impuso a la norma y para frenarlo la autoridad electoral acordó “lineamientos” para regular un periodo político ilegal. Por si fuera poco, lo hace cinco semanas después de que el “proceso político inédito” inició, después de más de la mitad del tiempo que los propios “sujetos regulados” se dieron a sí mismos para dar a conocer a quienes postularán a la presidencia de la República, las cosas como son.
Siendo precisos, lo que realmente hizo la autoridad fue reescribir lo que ya estaba dispuesto. Al parecer se presentarán impugnaciones contra lo acordado por el INE, al menos eso fue lo que anunciaron algunos de los representantes de partidos políticos, si fuera el caso esperemos que el TEPJF resuelva antes de la primera semana de septiembre para que todo esto no quede en los anales como un auto de imposible materialización (Ionesco dixit).
Por si fuera poco, la aprobación de estos lineamientos puede traer consigo el establecimiento de precedentes nada convenientes para regular lo más complejo de la naturaleza humana: los afanes por el poder. Me explico, consagrar a posteriori los hechos.
Cuestión adicional será verificar la eficacia de la aplicación de las normas. Por ejemplo, las consecuencias de lo que se aprobó van desde la amonestación pública hasta el retiro del registro de la candidatura, ¿será? ¿Será también que se retirará la vastísima e insultante publicidad hoy exhibida en todo el país y que parte de esta se sume a los gastos de precampaña?
Abonando al optimismo —Monsiváis dixit— otra cuestión tendrá que ver con el desacato y con la acumulación de “agravios” para desacreditar la elección si los resultados no resultan ser los esperados por cualquiera de las partes.
De ese tamaño el problema, de ese tamaño el reto. Lo que está en juego es la estabilidad política del país, nada más y nada menos.
POSDATA: Tantos años construyendo un Estado de derecho, la ley contra la arbitrariedad —nadie al margen de la ley, nadie por encima de ella— para ahora enfrentarnos a un escenario de vuelta al pasado. Lo anterior puede parecer romántico, ingenuo, pero creo que es un valor indeclinable para no transitar de un autoritarismo a otro.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
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