Hugo Chávez al inicio de su primer periodo ofreció al país que, al finalizar el mismo, no habría niños de la calle. Cerca de 25 años han pasado de ese ofrecimiento y lo cierto es que, como otras promesas, esa también se incumplió con un agravante, esos niños ya no están solo en Venezuela sino que, producto de las políticas públicas implementadas dentro de nuestros límites, los hemos exportado.
Colombia es el país del mundo donde más venezolanos nos encontramos. La población que aquí habita proveniente de nuestra tierra es cerca del equivalente a la de más de una docena de los estados que integran nuestra república y esa población migrante refleja perfectamente la situación nacional, incluyendo los niños motivo de estas líneas.
Ellos reflejan perfectamente la caracterizacion que, respecto de la población venezolana migrante en Colombia hizo la Corte Constitucional hace cerca de cinco años: personas en extrema condición de vulnerabilidad.
Quizás por deformación profesional producto de más de 40 años dedicados a la educación, los niños y jóvenes nos preocupan hondamente. Ver a niños migrantes en horas lectivas deambulando por nuestras calles colombianas, solos o acompañados de sus padres o algún acudiente o representante buscando el diario sustento, ha motivado nuestra preocupación de crear un programa de atención a ellos, ese que denominamos la “Casa de Atención Popular -CAP-“.
Un sitio donde ellos tengan la oportunidad de acceder a formación educativa en materias básicas, que incluya inglés y música, que les permita formarse mientras no tienen acceso al sistema educativo colombiano, para que cuando se integren a este lo hagan en la mejor condición posible.
La formación que en las CAP se imparta estaría a cargo, en forma paritaria de educadores venezolanos y colombianos, los primeros no necesariamente convalidados pues la institución no tendrá carácter de educación formal sino que sería una colaboración ciudadana en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del programa.
Quienes hemos pensado el programa, también lo hemos hecho con su financiamiento.
Coherentes con lo que hemos planteado siempre, no es el Estado colombiano el que debe asumirlo sino organizaciones que ven en la situación de los jóvenes marginados y de las organizaciones dispuestas a colaborar en su integración a la sociedad, un medio para construir un mundo mejor a través de la educación. Así, en ese supuesto, el papel del Estado en lugar de ser el de financista, pasaría a ser el de coordinador.
El programa CAP no se queda solo allí.
En el mismo participarían médicos para la primera atención de los beneficiarios del mismo y personal especializado en prevención de violencia basada en género, pues es ese un problema que afecta grandemente a la población objeto de atención. Ese personal, al igual que el profesoral, debería ser paritario colombo-venezolano, pues esa también es una manera de integrarnos a Colombia.
Si bien es cierto que el proyecto está pensado para la Colombia de hoy, no dudo que, en cualquier otro país donde exista una población como la que lo origina, sea posible aplicarlo. Basta integrar a quienes tienen los recursos, con los que disponen del tiempo, la preparación y las ideas. Así solo faltaría poner “manos a la obra”.
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FUENTE: >>https://www.gacetaregional.com/sitegr/desamparados/
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