Veraz… ONU: Urgente llamado por Venezuela

Por Robert Alvarado
(@robertveraz)

 
"La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes." Martin Luther King Jr.

Así como en la llanura abundarían los espantos, que en el pleno Siglo XXI seguirían causando temor, en el complejo contexto venezolano parecieran colarse algunos de éstos de tanto en tanto en la escena política, es el caso de la reciente acusación de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, un tema que merece un análisis profundo y sucesivo, porque los hechos que han dado lugar a esa acusación parecieran estar signados por una tendencia que luce incontenible. Este informe, que abarca un periodo crítico en la historia política del país, no solo resalta la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto de tales afirmaciones en el contexto internacional y en la vida cotidiana de los venezolanos.

El informe de 158 páginas documenta una serie de abusos perpetrados por fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura. Esta documentación meticulosa es significativa, ya que proviene de una entidad como la ONU, cuya autoridad y credibilidad son indiscutibles en el ámbito internacional, aunque por estos lares más de uno pretenda echarle tierrita como se dice en el argot popular. La diferencia entre un informe de la ONU y uno de una ONG local radica en su capacidad para influir en decisiones políticas y judiciales a nivel global, como un posible juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI). Y, en este punto, la cosa se pone buena. Y, ¿por qué?

Dicho informe documenta violaciones graves de derechos humanos y podría llevar a un juicio ante la CPI por dos (2) razones clave: Primero, el informe detalla crímenes de lesa humanidad, como asesinatos y torturas, que son jurisdiccionales bajo el Estatuto de Roma, el tratado que establece la CPI. Este tribunal tiene la autoridad para juzgar a individuos responsables de tales crímenes, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como la falta de acción judicial efectiva en el país donde ocurrieron los delitos y esto es resaltado por diversos organismos en relación a la administración de justicia en Venezuela. Segundo, la CPI ya ha estado investigando la situación en Venezuela desde 2018, lo que significa que el informe de la ONU puede servir como un documento crucial que aporte evidencia adicional a las investigaciones en curso y ojalá así lo hagan, pues para muchos esa Corte respecto a Venezuela estaría en Modo Shakira para presentar cargos.

Una de las acusaciones más perturbadoras del informe es el uso de la violencia sexual como método para humillar y controlar a las víctimas. La violencia sexual, además de ser un crimen atroz, tiene repercusiones psicológicas profundas que pueden afectar generaciones enteras. Por ejemplo, muchas sobrevivientes enfrentan trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad, lo que puede dificultar su reintegración social y su capacidad para formar familias saludables. Según el informe de la ONU, en Venezuela estos actos no solo buscan causar daño físico, sino que también tienen como objetivo desmoralizar y silenciar a las voces disidentes. Pero este fenómeno no es exclusivo de Venezuela; se observa en contextos similares, tales como Ruanda, donde durante el genocidio de 1994, las tropas utilizaron violaciones masivas como una estrategia para despojar a las mujeres de su dignidad y como un medio para ejercer control sobre la población tutsi. En Yugoslavia, en los conflictos de los años 90, se documentaron numerosos casos en los que la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra por diversas facciones. Este uso sistemático de la violencia sexual fue reconocido posteriormente como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad.

El reciente informe de la ONU respecto al régimen venezolano nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la responsabilidad internacional. La posibilidad de que este documento allane el camino para acciones más contundentes es un rayo de esperanza en un contexto donde las violaciones a los derechos humanos parecen ser la norma en muchos lugares del mundo. Sin embargo, esta esperanza se ve empañada por una inquietante realidad: la ineficacia del sistema internacional para prevenir y sancionar tales abusos. Por eso, y parece que, con mucha razón, la comunidad internacional ha sido criticada por su inacción en situaciones similares, lo que plantea preguntas sobre su compromiso genuino con la protección de los derechos humanos. ¿Por qué, a pesar de los informes y las evidencias, muchos gobiernos continúan actuando con impunidad? Todo un dilema, por el cual es crucial que el informe de la ONU no se convierta en otro documento olvidado en los archivos de la diplomacia internacional. Cada página representa no solo un análisis frío de datos, sino también las historias humanas detrás de esos números: personas que han sufrido, que han perdido seres queridos y que viven en un estado constante de miedo. Ignorar estas realidades es deshumanizar a las víctimas y perpetuar un ciclo de violencia y sufrimiento.

La responsabilidad recae no solo en los Estados que perpetran estos abusos, sino también en aquellos que tienen el poder de actuar. La efectividad del sistema internacional depende de su capacidad para movilizarse ante las injusticias, para traducir informes como el de la ONU en acciones concretas que protejan a los vulnerables y en ese sentido los tiempos de respuestas de los organismos internacionales, llámese OEA, ONU, CPI, tienen que ser más rápido, no es aceptable para con las víctimas lo tardío de sus pronunciamientos. Por supuesto, esto implica un compromiso real por parte de las naciones para reformar sus políticas y garantizar que la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad palpable. Recordemos que la lucha por los derechos humanos es una lucha por nuestra humanidad compartida. Cada acción cuenta, cada voz importa. La comunidad internacional debe recordar que detrás de cada informe hay vidas humanas que merecen dignidad y respeto. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde la justicia prevalezca sobre la opresión y donde el sufrimiento humano sea finalmente erradicado.

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