Esos son, lamentablemente, los mecanismos de regularización que, faltando menos de año y medio para que culmine la actual gestión presidencial colombiana, se han implementado en el país para la regularización de la migración venezolana.
Los mismos serían innecesarios si nuestra presencia en el país fuere exigua, lo cual no es el caso.
A la fecha viven en Colombia, seguramente, más de tres millones de connacionales -sin contar con el regreso a esta tierra de Nariño y Caldas- de los hijos y nietos de los colombianos que a Venezuela se fueron en época más feliz para nuestro país, a muchos de los cuales, por el desconocimiento administrativo de la normativa interna, se les niega el reconocimiento de la colombianidad a la que tienen derecho, obligándoles a acudir a las mismas vías de regularización que nuestros paisanos.
Desde el 7 de agosto de 2022 a la presente fecha, transcurridos exactamente 2 años y 6 meses de gestión del señor presidente Petro, la actual administración solo ha aprobado -que no implementado- como mecanismo de regularización adicional al Permiso por Protección Temporal (PPT) diseñado por el gobierno Duque y que para la presente fecha, solo aplica a menores de edad, el PEP TUTOR para padres, representantes o acudientes de aquellos menores venezolanos que recibieron su PPT al 31 de diciembre de 2023; asimismo aprobó la VISA V Visitante especial que permitirá regularizar a quienes en el país se encontraban, con pasaporte vencido o vigente, al 4 de diciembre pasado y, finalmente, modificó la normativa que le permite a los solicitantes de refugio que presentaren la misma a partir del pasado 25 de enero, a trabajar, pero obviando solucionar la situación de la ingente cantidad de personas que previamente a esa fecha optaban a dicha condición.
Todas esas regulaciones requieren de un complemento normativo, cual es una resolución de Migración Colombia que desarrolle los procedimientos aprobados y las mismas, lamentablemente, no se han expedido.
La situación se complica aún más si se observa que el fenómeno migratorio venezolano en Colombia ha sido financiado en buena medida con recursos de la cooperación internacional, incluyendo USAID y vista la decisión del presidente Trump de suspender -aunque ahora por 90 días- la misma, ella impactará la política pública colombiana en esa materia.
Las medidas adoptadas por la actual administración se distinguen de las que tomaron las dos que le precedieron, en su restricción y selectividad.
Sin perjuicio de que las mismas se crearon y aplicaron inicialmente a la migración regular a través del Permiso Especial de Permanencia ideado en la administración Santos que permitió estudiar, trabajar, emprender y acceder a salud a los venezolanos que en el país se encontraban cumpliendo las disposiciones migratorias al 28 de julio de 2017, es lo cierto que, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional de febrero del 2017, implementó para los irregulares, el registro único de migrantes venezolanos que originó el PEP RAMV de agosto del 2018; a su vez, en la gestión Duque, se creó el Permiso por Protección Temporal -PPT– que regularizó a quienes en Colombia se encontraban al 31 de enero de 2021 y permitió integrar al país con sentido de permanencia a los que llegaron cumpliendo la normativa migratoria del país a Colombia, hasta fines de mayo de 2023.
La política pública de la actual administración a todos perjudica; lo hace a Colombia pues desconoce quien llegó, lo que puede hacer y a donde puede enviarlo para que coadyuve con el crecimiento del país; lo hace con los ciudadanos del país, porque quien aquí arribó no vino en la actual condición política venezolana como turista, sino a buscar trabajo y competirá con el colombiano, por los mismos puestos, a sabiendas los empresarios de que, por la situación migratoria de aquellos, aún a riesgo de multas, los podrá contratar por menos salario del que legalmente debe pagarle a un nacional en esta tierra de García Márquez.
Adicionalmente, lo hace con el migrante irregular pues genera respecto de él, sentimientos de xenofobia que el mismo no quiere causar, en tanto que le dificulta su desarrollo personal y finalmente lo hace con la familia de estos en Venezuela, quizás algunos colombianos, que no pueden recibir la ayuda económica que estimaban para complementar los ingresos que perciben en nuestra agobiada tierra patria.
La solución es factible, si existiere voluntad política para ello: plena regularización; Colombia requiere gente que esté dispuesta a trabajar aquí. Que quiera correr los mismos riegos que corre el colombiano. Eso somos los venezolanos que aquí llegamos. Solo necesitamos que el gobierno -uno progresista como el señor presidente Petro define al suyo- implemente amplias políticas de integración para ello. Eso, respetuosamente sugerimos.
@fundacion2pais1
@barraplural
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FUENTE: >>https://www.gacetaregional.com/sitegr/insuficientes/
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