La doctora Carmen Cecilia Pérez, abogada venezolana y especialista en materia penitenciaria, trazó un diagnóstico contundente sobre la crisis de Venezuela y la estrategia de presión de la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, en una entrevista concedida al programa “Desde New York con Fany Luna”, producido por Telelatina Studio. En la conversación, la experta advirtió sobre el profundo deterioro político, institucional y humano que, a su juicio, mantiene al país sumido en una situación límite con repercusiones regionales.
Durante su intervención, Pérez sostuvo que Venezuela dejó de ser un Estado de derecho para convertirse en un “estado ocupado, narcotraficante y narcoterrorista”, controlado por una cúpula político-militar que habría puesto las instituciones al servicio de una estructura criminal. Según su análisis, poderes como el Judicial, el Militar y los cuerpos de seguridad actúan alineados con intereses ilícitos, mientras la influencia de actores extranjeros, entre ellos Cuba, Rusia y China, se hace sentir en sectores estratégicos del país.
La jurista subrayó que este entramado de poder ha consolidado una economía paralela sustentada en el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, en contraste con una población sumida en la pobreza, la inseguridad y la falta de servicios básicos. Aseguró que la legalidad ha sido sustituida por la corrupción y la represión, y que las decisiones de Estado se toman bajo la lógica del control político más que del interés público.
En el plano humano, la experta Abogada y ex directora de prisiones de venezuela residente en New Jersey durante varios años describió el éxodo de millones de venezolanos como la prueba más visible del colapso interno, alimentado por la persecución política, el derrumbe económico y la ruptura del tejido social. Al referirse a quienes permanecen en el país, habló de un “pueblo secuestrado”, sometido a vigilancia, amenazas y castigos ejemplarizantes, donde el hambre y el miedo se utilizan como herramientas de control social para impedir la protesta y acallar la disidencia.
Sobre la respuesta de Washington, Pérez explicó que la administración de Donald Trump ha articulado una estrategia que combina sanciones económicas, acusaciones penales por narcotráfico contra altos jerarcas del chavismo y un despliegue militar en el Caribe orientado a cortar las rutas de la droga vinculadas al régimen de Maduro. Recalcó que estas acciones se dirigen a la cúpula gobernante y no a la población, y advirtió que el escenario podría derivar en un desenlace similar al del general Manuel Noriega en Panamá si se produce una confrontación directa con intereses estadounidenses.
La entrevistada también denunció el uso del sistema de justicia venezolano como brazo de persecución política, con condenas severas contra opositores, activistas y ciudadanos por sus opiniones, así como la amenaza de despojar de la nacionalidad a voces críticas, una medida que calificó de inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. En paralelo, destacó el papel de la oposición democrática y el simbolismo internacional de figuras como María Corina Machado, presentada como referente de la lucha por la libertad y la restauración del Estado de derecho en un escenario marcado por la disyuntiva entre una salida negociada o un endurecimiento de las consecuencias judiciales y políticas para la cúpula en el poder.
El contenido de esta entrevista forma parte de la propuesta informativa de “Desde New York con Fany Luna”, programa que se transmite todos los lunes a las 10:00 de la noche por el canal 1027 de Optimum en TV Quisqueya, además de todas las plataformas digitales de Telelatina Studio, la aplicación de Roku y la señal de Vegateve para la República Dominicana.
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FUENTE: >>https://telelatinaltd.com/nueva-york/trump-estrecha-el-cerco-a-maduro-experta-venezolana-revela-el-grave-deterioro-institucional-y-humano-en-venezuela/
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Durante su intervención, Pérez sostuvo que Venezuela dejó de ser un Estado de derecho para convertirse en un “estado ocupado, narcotraficante y narcoterrorista”, controlado por una cúpula político-militar que habría puesto las instituciones al servicio de una estructura criminal. Según su análisis, poderes como el Judicial, el Militar y los cuerpos de seguridad actúan alineados con intereses ilícitos, mientras la influencia de actores extranjeros, entre ellos Cuba, Rusia y China, se hace sentir en sectores estratégicos del país.
La jurista subrayó que este entramado de poder ha consolidado una economía paralela sustentada en el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, en contraste con una población sumida en la pobreza, la inseguridad y la falta de servicios básicos. Aseguró que la legalidad ha sido sustituida por la corrupción y la represión, y que las decisiones de Estado se toman bajo la lógica del control político más que del interés público.
En el plano humano, la experta Abogada y ex directora de prisiones de venezuela residente en New Jersey durante varios años describió el éxodo de millones de venezolanos como la prueba más visible del colapso interno, alimentado por la persecución política, el derrumbe económico y la ruptura del tejido social. Al referirse a quienes permanecen en el país, habló de un “pueblo secuestrado”, sometido a vigilancia, amenazas y castigos ejemplarizantes, donde el hambre y el miedo se utilizan como herramientas de control social para impedir la protesta y acallar la disidencia.
Sobre la respuesta de Washington, Pérez explicó que la administración de Donald Trump ha articulado una estrategia que combina sanciones económicas, acusaciones penales por narcotráfico contra altos jerarcas del chavismo y un despliegue militar en el Caribe orientado a cortar las rutas de la droga vinculadas al régimen de Maduro. Recalcó que estas acciones se dirigen a la cúpula gobernante y no a la población, y advirtió que el escenario podría derivar en un desenlace similar al del general Manuel Noriega en Panamá si se produce una confrontación directa con intereses estadounidenses.
La entrevistada también denunció el uso del sistema de justicia venezolano como brazo de persecución política, con condenas severas contra opositores, activistas y ciudadanos por sus opiniones, así como la amenaza de despojar de la nacionalidad a voces críticas, una medida que calificó de inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. En paralelo, destacó el papel de la oposición democrática y el simbolismo internacional de figuras como María Corina Machado, presentada como referente de la lucha por la libertad y la restauración del Estado de derecho en un escenario marcado por la disyuntiva entre una salida negociada o un endurecimiento de las consecuencias judiciales y políticas para la cúpula en el poder.
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