Resulta ahora que todos han levantado su voz, casi al unísono, como consecuencia de que Nicolas Maduro y su esposa, fueron extraídos del territorio venezolano por autoridades de otro país.
Han generado ellos un reclamo coordinado por esa actuación, prácticamente transcribiendo capítulos íntegros de libros de derecho internacional público que, con una lectura rápida y quizás simplista, les daría la razón.
El problema en la coherencia del argumento estriba en que, por ejemplo, nada dijeron ellos cuando, el 22 de julio de 2017, el señor Maduro anunció en Venezuela y al mundo, por prensa, radio y televisión, que, a las personas que habíamos sido designadas para integrar como magistrados el máximo tribunal venezolano, se nos abriría -como en efecto se hizo el mismo día de nuestra designacion- un juicio penal militar por traicion a la patria, obviando que todos los designados éramos civiles, asi como que, quienes aceptamos esa alta dignidad no tendríamos derecho a la defensa alguna, sí, no tendríamos derecho a la defensa alguna, como quedó recogido en medios impresos del día siguiente a dicha declaración, los que sirvieron como prueba, entre otras, para que se reconociere con rápidez, la condición de refugiado de los afectados.
Tampoco han hecho reclamo alguno por el hecho que, a diferencia de lo que ocurrió con la pareja Maduro Flores ayer en USA, cuando en su presentación ante el juez americano fueron representados por dos abogados privados por ellos elegidos, gracias a la manera como se ejerce el poder en Venezuela, quienes son detenidos por delitos políticos carecen de ese derecho y lo son por defensores públicos elegidos por el poder judicial que, sin excepción, les condenará.
Menos han reclamado la circunstancia que los detenidos políticos en Venezuela, son presentados extemporáneamente ante las autoridades judiciales una vez producida la detención -lo que obligaria a liberarlos automáticamente- y más aun que, habiendo cumplido condena, las autoridades no hacen efectiva la libertad sino cuando así lo creen conveniente, a pesar de que exista orden judicial de liberación.
Finalmente, para no extendernos mucho, tampoco se tomaron ellos la molestia de indagar, no con base a información gubernamental sino con las víctimas, el motivo por el cual los venezolanos decidieron abandonar el país en las cantidades que lo han hecho en los últimos años generando la mayor migración mundial sin que exista guerra interna y más recientemente, como fue posible que, sin contar votos ni publicar actas, se hubiere proclamado como presidente al señor cuyos derechos humanos tanto les preocupa.
Los políticos y gobernantes que así actúan no defienden derechos humanos, cuidan a sus amigos o compañeros de ideologías por lo que, asumirse como adalides en la defensa de tales derechos, es una impostura a traves de la cual pretenden engañar incautos.
Así como Nicolas Maduro y Cilia Flores tienen derecho a que se respete la normativa internacional que protege sus derechos humanos, los venezolanos que por el mundo estamos les exigimos a los declarantes, que volteen su mirada hacia Venezuela y le reclamen a quienes detentan hoy el poder allí, que hagan lo propio con nosotros y le recuerden a la pareja que tanto les preocupa, que no hicieron lo conducente con sus connacionales mientras detentaron el poder.
Cuando esas dos posiciones sean hechas públicas por quienes hoy reclaman en comandita, todos les creeremos y será a partir de ese momento entonces cuando reconoceremos su condición de defensores de tales derechos. Mientras no lo hagan, su posición, que pena decirlo, es una farsa.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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FUENTE: >>Gonzalo Oliveros Navarro
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