Salud en Venezuela: Privatización Indirecta y Crisis Hospitalaria

En el contexto de la crisis sanitaria venezolana, la obligación de los pacientes de costear sus propios insumos se ha convertido en una "privatización indirecta" de la salud [1]. Esto significa que, aunque los hospitales son técnicamente públicos y gratuitos, en la práctica el 90% de la población no puede acceder a una atención adecuada sin desembolsar sus propios recursos.

Esta situación se manifiesta de las siguientes maneras según las fuentes:

1. Desabastecimiento y Gasto de Bolsillo

• Escasez generalizada: La falta crítica de medicinas y material médico-quirúrgico obliga a los pacientes y sus familias a comprar por su cuenta desde los insumos más básicos hasta los más complejos para poder ser atendidos.

• Áreas críticas sin suministros: El desabastecimiento es especialmente grave en áreas de emergencia y quirófanos, lo que paraliza las intervenciones si el paciente no trae consigo todo lo necesario.

• Dependencia total: La atención de enfermedades crónicas depende hoy casi exclusivamente de los recursos financieros que el paciente pueda movilizar por su cuenta.

2. Redes de Extorsión y "Mafias"

Más allá de la falta de suministros, existe un componente de corrupción que encarece la atención:

• Cobros ilegales: Se han documentado redes donde se exige a los pacientes pagos en dólares para acceder a quirófanos públicos.

• Alquiler de equipos: En centros como el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, se ha denunciado que los pacientes deben pagar por el alquiler de equipos privados (como craneotomos) para poder ser operados en el hospital público.

• Venta ilegal de insumos: En el Hospital Ruiz y Páez, se reportaron casos de personal que comercializaba sangre y material quirúrgico a precios elevados en dólares u oro.

3. Impacto en la Población Vulnerable

Esta realidad convierte el derecho a la salud en un "privilegio hecho en corrupción". El acceso a servicios vitales, como los oncológicos o las diálisis, se vuelve discriminatorio, ya que solo quienes tienen recursos pueden sortear las deficiencias del sistema.

Esta carga económica no solo afecta al bolsillo, sino que retrasa tratamientos críticos, como cirugías de cáncer, hasta que las familias logran reunir los montos exigidos.

Considerando que este gasto recae totalmente sobre las familias, ¿te interesaría conocer si existen organizaciones o mecanismos mencionados en las fuentes que intenten monitorear o denunciar estos cobros ilegales?

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FUENTE: >>Ricardo Archer

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