LA “JUSTICIA SOCIAL” ES UNA ESTAFA: UNA MIRADA DESDE HAYEK Y LA EXPERIENCIA VENEZOLANA.

Hablar de “justicia social” en América Latina, y particularmente en Venezuela, no es simplemente referirse a un concepto político o moral: es entrar en el terreno de una de las ideas más poderosas y peligrosas que han moldeado nuestras sociedades contemporáneas. Desde la perspectiva del pensamiento de Friedrich Hayek, esta noción no solo es imprecisa, sino profundamente engañosa. Y si hay un país donde esta crítica cobra vida con crudeza, es precisamente Venezuela.

Hayek sostenía que la “justicia social” es una expresión vacía de contenido real en una sociedad libre. ¿Por qué? Porque presupone que un gobierno, una élite, un planificador central puede distribuir los resultados de la vida económica de manera “justa”. Pero en un orden de mercado, los resultados no son diseñados por nadie. Surgen de millones de interacciones individuales, de decisiones libres, de información dispersa que ningún burócrata puede concentrar ni comprender en su totalidad.

En otras palabras, para Hayek, no tiene sentido hablar de justicia o injusticia en los resultados de un proceso que no ha sido deliberadamente diseñado. Sería como culpar al clima por ser “injusto”. La economía de mercado no es un tribunal moral: es un sistema de coordinación espontánea.

Sin embargo, en Venezuela, la “justicia social” fue convertida en bandera política, en consigna emocional y, finalmente, en instrumento de poder. Bajo ese lema, se justificaron expropiaciones, controles de precios, confiscaciones y una expansión masiva del Estado. Todo en nombre de los pobres. Todo en nombre de la equidad. Todo, supuestamente, para corregir desigualdades.

Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo prometido.

La crítica de Hayek se vuelve aquí profética. Cuando un gobierno asume la tarea de “hacer justicia social”, inevitablemente debe decidir quién recibe qué. Y para hacerlo, necesita poder. Mucho poder. Ese poder no es neutral: se convierte en una herramienta política. Los recursos dejan de asignarse por productividad o preferencia de los consumidores y pasan a distribuirse según criterios arbitrarios, ideológicos o clientelares.

En Venezuela, esto se tradujo en una economía cada vez más centralizada, donde el acceso a bienes básicos dependía no del esfuerzo individual, sino de la cercanía al poder. Se creó una ilusión de igualdad que, en la práctica, destruyó la riqueza existente y eliminó los incentivos para producir más.

La “justicia social”, entonces, no solo falló en su objetivo declarado, sino que generó una injusticia aún mayor: la del empobrecimiento generalizado.

Hayek advertía que este proceso no es accidental, sino inherente al intento mismo de imponer justicia social. Para redistribuir riqueza, primero hay que controlarla. Y para controlarla, hay que restringir la libertad. Así, lo que comienza como un ideal moral termina erosionando los fundamentos mismos de una sociedad libre.

En el caso venezolano, esto fue evidente. Los controles de precios, implementados para “proteger al pueblo”, generaron escasez. Las expropiaciones, justificadas como actos de justicia, destruyeron la capacidad productiva. La emisión monetaria, utilizada para financiar programas sociales, desencadenó una de las hiperinflaciones más severas de la historia moderna.

Cada medida, defendida en nombre de la justicia social, produjo efectos contrarios a los que decía perseguir.

Pero hay algo aún más profundo en la crítica de Hayek: la idea de que la justicia social no solo es impracticable, sino conceptualmente errónea. En una sociedad libre, la justicia no se refiere a los resultados, sino a las reglas del juego. Lo justo no es que todos tengan lo mismo, sino que todos estén sometidos a las mismas normas, sin privilegios ni discriminaciones.

Este principio, conocido como el Estado de derecho, fue progresivamente destruido en Venezuela. Más de 17.000 leyes dejaron de ser generales para convertirse en instrumentos de control. Se castigó la iniciativa privada y se premió la lealtad política. La justicia dejó de ser ciega para volverse selectiva.

En este contexto, la “justicia social” se revela como lo que Hayek denunciaba: una coartada ideológica. Un lenguaje moral que encubre decisiones políticas. Una narrativa que legitima la expansión del poder estatal a costa de la libertad individual.

Desde la perspectiva venezolana, esta crítica no es teórica. Es vivencial. Millones de personas han experimentado las consecuencias de un sistema que prometía igualdad y entregó miseria. Un sistema que hablaba de derechos mientras destruía las condiciones necesarias para ejercerlos.

Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué una idea tan fallida sigue siendo tan atractiva?

La respuesta, en parte, radica en su poder emocional y la estupidez humana. La “justicia social” apela a un sentido profundo de equidad, a la preocupación legítima por los más vulnerables. Pero Hayek no negaba la importancia de ayudar a los necesitados. Lo que cuestionaba era el método: el uso de la coerción estatal para imponer resultados específicos.

Para él, una sociedad libre puede y debe desarrollar mecanismos de apoyo a los más desfavorecidos, pero sin destruir el orden espontáneo del mercado. Sin sustituir la responsabilidad individual por la dependencia del Estado. Sin convertir la política en un juego de suma cero donde unos ganan solo si otros pierden.

En Venezuela, ese equilibrio nunca se buscó. Se optó por el camino más radical: el de la ingeniería social total. Y el resultado fue un colapso que hoy sirve como advertencia para el resto de la región.

Decir que la “justicia social” es una estafa puede sonar provocador. Pero desde la óptica de Hayek y la evidencia venezolana, es una afirmación difícil de refutar. No porque la justicia sea indeseable, sino porque este concepto específico ha sido utilizado para justificar políticas que producen exactamente lo contrario de lo que prometen.

La verdadera justicia, diría Hayek, no está en redistribuir arbitrariamente los frutos del trabajo ajeno, sino en garantizar un marco de reglas claras, estables y generales donde cada individuo pueda perseguir sus propios fines. Donde la prosperidad no sea otorgada por el poder, sino generada por la creatividad, el esfuerzo y la cooperación voluntaria.

Venezuela es, en este sentido, una tragedia, pero también una lección. Una demostración concreta de cómo las buenas intenciones, cuando se combinan con malas ideas, pueden destruir una nación.

Y quizás la conclusión más importante es esta: no basta con querer justicia. Hay que entender qué significa realmente y cuáles son los medios adecuados para alcanzarla. Porque cuando se confunde la moral con la política, y el deseo con la realidad, el resultado no es justicia social, sino injusticia institucionalizada.

Ese es el verdadero fraude.

Gervis Medina

Abogado, criminólogo y escritor venezolano

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FUENTE: >>Gervis Medina

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