La farsa del pago reciente de un “bono vacacional” de $65 constituye un nuevo episodio de la política gubernamental anti-universitaria que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de profesores, empleados y obreros de las universidades públicas venezolanas.
Con la calificación de Bono “Especial” de Vacaciones el Ejecutivo vulnera el derecho a las vacaciones remuneradas cuyo disfrute supone, dentro del marco regulatorio de las relaciones laborales en las universidades públicas, el pago de un bono equivalente a tres meses y medio de salario integral, compuesto por el salario normal más la cuota parte del bono decembrino, y se paga por igual a activos y a jubilados.
Como es público, notorio y comunicacional, el gobierno ha destruido los salarios y los ha sustituido en la práctica por bonos. El bono vacacional debe ser, como poco, tres veces y media la suma de esos bonos, y no 65 dólares, los cuales no solo no garantizan el disfrute de las vacaciones, sino que ni siquiera representan el 10% de la canasta alimentaria en la inflacionaria e injusta Venezuela actual.
Para más infamia, el gobierno ha pospuesto el pago al personal jubilado del “bono especial de vacaciones”, con el único fin de sojuzgar aún más al sector más vulnerable de nuestra comunidad universitaria nacional.
Ocurre que aquellos a quienes hoy se les niegan absolutamente todos sus derechos de la seguridad social derivados de una vida de trabajo al servicio del Estado y la sociedad venezolana, son precisamente quienes antaño conquistaron los derechos laborales que hoy se niegan y construyeron el marco jurídico y el modelo de seguridad social vigente desde el punto de vista del derecho en Venezuela, aunque violentado de hecho por el propio Estado.
La saña sistemática que el gobierno venezolano practica contra los jubilados y pensionados de nuestro país revela el empeño de exterminar la memoria viva de los derechos sociales y laborales de los venezolanos.
No hay razón económica, política ni de ninguna otra naturaleza que justifique ese empeño, no hay propósito alguno de enmienda ni disposición a reparar el enorme daño causado a la población venezolana con estas políticas que han causado y hoy prolongan la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Precarización y discriminación es todo lo que tiene el Ejecutivo Nacional para ofrecer en una coyuntura trágica para el pueblo venezolano, que ha tenido que afrontar con las manos desnudas las consecuencias de los terremotos del 24 de junio, porque ya el gobierno se había encargado de destruir los salarios, los ahorros, las prestaciones sociales, el patrimonio familiar de los trabajadores.
En las ciudades más afectadas por los terremotos, nuestros agremiados se han volcado a las acciones de salvamento, solidaridad y apoyo a las víctimas como acción prioritaria.
En las demás regiones del país ha de mantenerse la lucha por la salarización de las remuneraciones, la recuperación de la seguridad social, la autonomía universitaria y la democracia.
JUNTA DIRECTIVA
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FUENTE: >>R/S/W
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