Argentina o la complicidad final

Por José Luis Centeno S.

En septiembre, la disyuntiva entre justicia universal e impunidad se hará ineludible.

Este jueves 20 de los corrientes, volví a conversar con el abogado argentino Tomás Farini Duggan, esta vez, sobre la convocatoria de una audiencia que él solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal, obligado por una tendencia adversa al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina.

¿El fin de la audiencia? Dirimir asuntos que, a estas alturas de la tragedia venezolana, no deberían ser objeto de consideración alguna, salvo que el propósito inconfesable sea dar al traste con la jurisdicción universal en esa nación austral. 

El escenario es el siguiente: el próximo 16 de septiembre de 2026, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal abrirá sus puertas, también sus micrófonos virtuales, para una sesión que podría definir si Argentina sigue siendo el refugio jurídico de los perseguidos o si se arrodilla ante la diplomacia de la impunidad.

Farini, con esa calma técnica que desespera a los burócratas, me explicó que la audiencia será oral y presencial. Allí estaremos, no como simples espectadores de una tragicomedia procesal, sino en el banco de los acusadores, hombro con hombro con él y con Ricardo Alberto Albacete Vidal. 

¿Ricardo Alberto Albacete Vidal? Sí, el mismo empresario cuyo crimen fue darle hospedaje a María Corina Machado en Táchira y terminar, como premio, en el sótano del DAET y luego en el “Inframundo” de la Zona 7 en Boleíta. 

Yo también presentaré alegatos. Lo haré porque lo que se juega en Buenos Aires no es solo el destino penal de un “extraído” o de un exgobernador como Justo Noguera Pietri; lo que se juega es la supervivencia de una cláusula constitucional, la del artículo 118, que permite a los jueces argentinos juzgar crímenes contra el “Derecho de Gentes” cuando en el lugar de origen la justicia es una entelequia.

El problema. La defensa de Noguera Pietri, viene con el mismo guión de siempre. Piden tres cosas que, en un sistema serio, serían rechazadas de plano: la nulidad de la jurisdicción universal, el principio de “non bis in idem” (alegando que la CPI ya se ocupa del asunto) y la supuesta inmunidad de Nicolás Maduro. 

Farini es tajante: nada de esto debería tratarse. ¿Por qué? Porque Noguera Pietri es un prófugo. Así de sencillo. En Argentina, la doctrina es clara como el agua del Nahuel Huapi: si no estás a derecho, si no te presentas ante el juez para quedar detenido, no tienes voz para impugnar competencias. 

Así las cosas, solo puedes discutir tu exención de prisión, y esa ya se la negaron a Noguera Pietri por todas las vías posibles debido al evidente riesgo de fuga y su conexión con las estructuras de poder que todavía manejan los hilos en Venezuela, bajo el ropaje de interinato.

Que los magistrados de la Casación hayan abierto esta queja por segunda vez es, para decirlo en criollo, un mal presagio. Es como si el árbitro decidiera repetir un penal que ya fue atajado tres veces solo para ver si esta vez entra. Farini no oculta su preocupación: “Es un muy mal indicio”, me dice. 

Si la Casación decide que la jurisdicción universal es nula, estaría destruyendo el caso más paradigmático del mundo en la materia: el de Venezuela. Sería un mensaje devastador para otros expedientes que buscan justicia por crímenes en otros rincones del globo. Estarían achicando la Constitución argentina para que quepa en el bolsillo de la conveniencia política.

Y el argumento de la inmunidad de Maduro es, sencillamente, un chiste de mal gusto. Para el Estado argentino, el presidente es Edmundo González Urrutia. Es Argentina quien otorga o quita esa inmunidad en su territorio y mal puede dársela a alguien que no reconoce como mandatario. 

Además, Maduro en este momento es un detenido, un hombre en manos de la justicia de Nueva York. Y para terminar de demoler el edificio de la defensa, la propia CPI, esa que a veces parece una oficina de correos lentos, ya respondió por escrito que los hechos y los imputados que investiga la Argentina son distintos a los suyos. Entonces, no hay doble juzgamiento, hay un complemento necesario ante el silencio ensordecedor de La Haya.

Ahí es donde entra Ricardo Alberto Albacete Vidal. Su adhesión como querellante no es un adorno. Es el testimonio vivo de un patrón represivo que no conoce de canas ni de diagnósticos oncológicos, como el de este septuagenario. 

Ricardo no solo cuenta sus 172 días de desaparición forzada y aislamiento; cuenta el asesinato de sus colaboradores, el despojo de sus empresas y ese destierro forzado a Madrid que el DGCIM le impuso el 20 de diciembre de 2024. Su presencia en la causa 2001/2023 le pone rostro y piel a los datos abstractos. 

Cuando Ricardo hable en la audiencia del 16 de septiembre, no lo hará un político con agenda, lo hará un ciudadano que fue devorado por la maquinaria del terrorismo de Estado por el simple hecho de ser hospitalario con la líder opositora de Venezuela.

En ese sentido, la cita en Buenos Aires será un duelo entre el rigor técnico de Farini y el testimonio descarnado de Ricardo Albacete versus la audacia de unos defensores que pretenden que la impunidad cruce el Atlántico sin pasaporte.

Si permitimos que se cierre la puerta de la jurisdicción universal, estaremos aceptando que el crimen de Estado tiene permiso de circulación internacional siempre que tenga buenos abogados y mejores amigos en las altas esferas.

Por eso, mi compromiso con esta causa trasciende esta columna semanal. El 16 de septiembre, desde ese banco de querellantes, recordaremos que la justicia universal no es un concepto vacío, es el recordatorio de que, tarde o temprano, todos los caminos de la tiranía conducen a un tribunal.

Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias

FUENTE: >>José Luis Centeno S

Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.