El Estado 51: Entre la Quimera y la Realidad

Por Iñartu Ruca

Cada cierto tiempo reaparece en el debate político venezolano una idea que, por audaz, despierta pasiones encontradas: la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos de América. Para algunos representa una salida definitiva al prolongado colapso institucional del país; para otros, constituye una renuncia inaceptable a la soberanía nacional. Sin embargo, más allá de las emociones que el tema despierta, conviene analizarlo con serenidad.

La historia demuestra que las naciones no progresan únicamente por la nobleza de sus aspiraciones, sino también por la capacidad de distinguir entre lo deseable y lo posible. Existen ideas que inspiran y otras que movilizan; pero también existen aquellas que, aunque teóricamente concebibles, terminan consumiendo un capital político y humano que podría emplearse en objetivos alcanzables.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, no existe una norma universal que haga absolutamente imposible que un país soberano decida integrarse a otro. Sin embargo, entre la posibilidad teórica y la viabilidad política existe un océano de distancia. La incorporación de Venezuela como un estado de la Unión requeriría el consentimiento pleno de ambos países, profundas reformas constitucionales, tratados internacionales de enorme complejidad, la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y la aceptación democrática del pueblo venezolano. Ninguna de esas condiciones parece siquiera cercana a materializarse.

Pero el verdadero problema no es jurídico. Es político, cultural e histórico.

Venezuela posee una identidad nacional forjada durante más de dos siglos de vida republicana. Ha conocido momentos de prosperidad y también profundas tragedias; ha sufrido dictaduras de distinto signo ideológico, errores propios y presiones externas. Pretender que todos esos desafíos puedan resolverse mediante una integración estatal con otra nación equivale a buscar una solución extraordinaria para un problema cuya raíz sigue siendo, esencialmente, interna.

La historia ofrece numerosas lecciones sobre pueblos que depositaron sus esperanzas en soluciones providenciales. Con frecuencia descubrieron demasiado tarde que ningún actor extranjero puede sustituir la responsabilidad de reconstruir instituciones, fortalecer la cultura democrática y exigir gobernantes responsables.

Esto no significa renunciar a una estrecha cooperación con los Estados Unidos. Todo lo contrario. Venezuela puede y debe cultivar relaciones económicas, comerciales, tecnológicas, académicas y de seguridad con las democracias occidentales. Puede aspirar a tratados de libre comercio, acuerdos estratégicos e inversiones que impulsen su recuperación. Pero cooperación no es sinónimo de anexión, ni amistad implica desaparición de la soberanía.

Existe además un riesgo silencioso en las propuestas de muy baja viabilidad: distraen energías. Mientras una sociedad debate proyectos prácticamente irrealizables, deja de concentrarse en reformas posibles y urgentes. La historia política está llena de causas nobles que fracasaron no por falta de entusiasmo, sino por haber confundido los sueños con los planes.

Toda nación necesita ideales. Sin ellos, la política se convierte en simple administración del presente. Pero también necesita sentido de realidad. Los pueblos que prosperan son aquellos capaces de combinar visión con pragmatismo, esperanza con estrategia y principios con factibilidad.

Quizá el verdadero desafío de Venezuela no sea convertirse en el estado número 51 de otra nación, sino volver a ser plenamente el primer Estado de sí misma: un país donde la ley prevalezca sobre la arbitrariedad, donde las instituciones sean más fuertes que los caudillos y donde la libertad deje de ser una promesa para convertirse nuevamente en una experiencia cotidiana.

Las quimeras pueden inspirar conversaciones. Las soluciones posibles son las que transforman la historia.

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FUENTE: >>Iñartu Ruca

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