Analista Politico - Abogado
Poniendo de lado las críticas, coincidencias, desavenencias y simpatías que puedan existir alrededor de los actores políticos venezolanos, es innegable que el 28 de julio de 2024 se produjo un hecho político trascendental en Venezuela que -sin mezquindad- fue impulsado por Maria Corina Machado.
Desde la perspectiva formal, a la cual me referiré en breve, hubo una movilización ciudadana masiva que inequívocamente expreso su voluntad de poner fin al régimen opresor, tiránico y criminal de Nicolas Maduro.
Este hecho quedo demostrado no solo con el resguardo de las boletas de totalización de votos que favorecieron a Edmundo Gonzalez Urrutia, sino con las manifestaciones de protestas cívicas posteriores, y la escalada de la persecución política que aún hoy mantiene presos a cientos en las cárceles venezolanas.
Ahora bien, en la búsqueda de la verdad y de una solución sostenible en el tiempo, debemos preguntarnos si son legítimas estas y otras recientes elecciones desde el punto de vista constitucional formal.
No es posible juzgar una conducta sin un marco jurídico de referencia, y el único vigente en Venezuela es la Constitución de 1999, cuyo artículo 350 establece que el pueblo de Venezuela “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.”
TODOS los venezolanos en libre ejercicio de la soberanía popular consagrado el artículo 5 de esa Constitución, y en resguardo al derecho a la participación política a través del elecciones libres y justas, conforme a los artículos 63 y 70, aun sin estar investidos de autoridad, tenemos el deber y el derecho de colaborar con el restablecimiento de la vigencia de tales principios y garantías democráticas. en los términos que establece el articulo 333, por lo que debemos desconocer todo régimen o autoridad que a través del control totalitario del estado haya impedido la partición UNIVERSAL de los venezolanos en todos los procesos electorales ocurridos en Venezuela al menos desde 2018.
En el caso particular, sin desconocer el mérito del hecho político y sus protagonistas, debemos entender que la congregación masiva de electores en Venezuela el 28 de Julio de 2024, no son constitucionalmente hablando elecciones legitimas tanto por la irregular designación de las autoridades a cargo del Consejo Nacional Electoral, como por las condiciones bajo las cuales se realizaron, en violación al artículo 63 de la Constitución Venezolana que exige que sean libres, UNIVERSALES, directas y secretas.
No pueden desaparecerse los efectos lesivos de actos en ejercicio del poder publico que violen la Constitución, ya que estos son NULOS absolutamente, en los términos expresados por el articulo 25 de la Constitución Venezolana.
Ni el Consejo Supremo Electoral ni los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pueden obviar esta situación, ya que es público, notorio y comunicacional que millones de Venezolanos que han sido forzados al exilio han sido impedidos de ejercer su derecho constitucional al sufragio de manera libre, UNIVERSAL directa y secreta, lo que vicia de nulidad absoluta todos los procesos electorales durante los cuales se establecieron mecanismos de supresión del voto en el extranjero.
Es por ello que se hace necesaria la reinstitucionalización y relegitimación de todos los poderes públicos venezolanos, con apoyo de actores de la comunidad internacional comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia.
No debe sorprendernos el punto de inflexión en que nos encontramos. Desde septiembre de 2019 se viene alertando acerca del agravamiento de la crisis humanitaria, económica y política venezolana. El Organo de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) estableció por mayoría calificada de votos que el régimen venezolano violaba sistemáticamente derechos humanos, albergaba y promovía actividades ilícitas y de terrorismo desde territorio venezolano.
La pasividad y complacencia de la Organización de las Naciones Unidas, incluida su inoperante Corte Penal Internacional, ha obligado a países como Estados Unidos a tomar acciones en defensa de su seguridad nacional, amenazada por mecanismos de guerra asimétrica y desplazamiento forzado de población con fines de desestabilización.
Desafortunada e injustamente esta situación está afectando a millones de inmigrantes venezolanos de buen carácter moral, que ningún delito han cometido, y que, por el contrario, se han integrado responsablemente a la vida social y económica de Estados Unidos.
La crisis venezolana y su solución “académica” no es identificable en forma pura con ningún caso de estudio previo, sea que se compare con España, Polonia, Chile, Guatemala, Tunez, Suráfrica, Colombia o Panamá, entre otros.
No se trata de la transición de un régimen político dictatorial a una democracia, sino del desmontaje de un sistema criminal complejo, con ramificaciones internacionales sustentadas por grupos terroristas y de narcotráfico con enorme poder logístico y económico.
La detención de Nicolas Maduro y sometimiento a juicio es solo el comienzo. El plan estratégico de transición tutelado por el Gobierno de los Estados Unidos es experimental y por tanto imperfecto, siempre sujeto a cuestionamiento, revisión y rectificación.
Venezuela necesita estabilización, recuperación económica, restablecimiento del estado de derecho, y reconstrucción de sus instituciones, para poder votar libremente, no al revés.
Solo podremos lograrlo si somos capaces de reconocer nuestros errores, nuestras diferencias, nuestras fortalezas y las debilidades que nos permitan crear terreno fértil al entendimiento y sentido comun.
Seamos agradecidos con quienes nos han ayudado, obrando con respeto e imparcialidad en la exigencia de cuentas y resultados.
En Dios creemos, que viva América toda.
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FUENTE: >>R/S/W
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