En el marco de las mesas técnicas y plenarias de este ciclo de diálogo, que avanzan en la restitución de partidos, levantamiento de inhabilitaciones, renovación del Tribunal Supremo de Justicia y bases para un Consejo Nacional Electoral y un proceso electoral creíble; , el consultor Aníbal Sánchez dejó propuestas específicas que buscan ordenar el marco normativo y evitar improvisaciones.
Restitución de partidos políticos
Sánchez recordó que la norma vigente es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010), superpuesta con la sentencia N.º 1 de 2016 del TSJ y resoluciones del CNE. “En la mayoría de los casos no se trata de cancelaciones del registro, sino de intervenciones de directivas mediante juntas ad hoc nombradas por el TSJ que retuvieron las tarjetas” Cualquier acuerdo debe contemplar:
• Definir si el 1 % exigido es de alcance nacional o estadal.
• Revisar la renovación biométrica.
• Separar con claridad la cancelación del registro, los conflictos estatutarios y la inhabilitación de personas.
• Pactar un censo único de organizaciones vigentes con reglas transitorias de símbolos y directivas
• Respetar el artículo 67 de la Constitución (métodos democráticos internos), quedando pendiente el tema del financiamiento; revisar las causas de judicialización, los estatutos y prohibir la doble militancia.
Levantamiento de inhabilitaciones:
Sánchez subrayó que no es lo mismo la inhabilitación política que se impone por sentencia judicial firme, conforme a los artículos 42 y 65 de la Constitución; que la inhabilitación administrativa del Contralor General de la República (artículo 105 de la Ley de Contraloría).
En la práctica, el CNE aplica códigos 7 y 8 en el Registro que producen el mismo efecto. Sus propuestas son:
• Separar nítidamente ambos tipos y definir el efecto de cada uno.
• Garantizar debido proceso real (notificación, expediente accesible, defensa y recurso judicial con efecto útil antes del cierre de postulaciones).
• Publicar el registro de inhabilitados de la Contraloría y cruzarlo con el Registro Electoral.
• Aplicar proporcionalidad y no selectividad.
• Reformar el artículo 105 y la cadena CGR–CNE–TSJ, alineada con la reforma judicial y un Código Electoral único.
«El tema no es poner fecha, es poner reglas claras y un cronograma integrado», afirmó Sánchez. Desde su experiencia insiste en que el debate no es cuál elección va primero o cuándo, sino bajo qué reglas se va a votar. Venezuela no necesita improvisaciones ni parches: hace falta decidir si se quiere una reforma electoral de fondo o solo un evento para desplazar fichas. Un Cronograma Integrado y un Código Electoral que integre y cierre la dispersión de leyes darían claridad, confianza y sustentabilidad.
«La gente perdió confianza en el sistema, No diferencia la operatividad sin esto no hay reconocimiento, participación ni representatividad», señaló. La política opositora ha oscilado entre la presión y la participación a cualquier costo, mientras la facción en gobierno busca mantenerse. «El problema de fondo sigue siendo que sin condiciones ni garantías, no hay competitividad».
Entre los elementos indispensables de una reforma destaca un Poder Electoral técnico y equilibrado; un Registro Electoral limpio y confiable, observación internacional seria con auditorías y resultados transparentes, representación proporcional e igualdad en campaña sin ventajismo.
Según la Ley de Procesos Electorales (artículo 42), quien convoca es CNE, norma que deja márgen a la discrecionalidad. Los períodos constitucionales (Presidente: 6 años; Asamblea Nacional: 5 años; gobernaciones y consejos legislativos: 4 años; alcaldías y concejos municipales: 4 años), lo que obliga a soluciones ordenadas, desde elecciones para completar períodos hasta
elecciones conjuntas, siempre sobre la base de reglas claras y acuerdos políticos.
Las bases técnicas que Sánchez ha venido trabajando en ocho puntos de sentido común electoral incluyen: registro de votantes confiable; partidos y candidatos sin bloqueos arbitrarios; organización electoral seria; voto secreto y auditado; resultados verificables; educación al elector; control del dinero en campaña; y justicia electoral imparcial. A nivel práctico se requiere un registro depurado que cumpla “un votante, un elector”, el sistema de identificación biométrica ya adquirido (cuya aplicación la ley debilita), sistema auditado (máquina + papel) y al menos cinco meses de tiempos técnicos para los pasos previos.
«Pedir elecciones ‘ya’ sin cambiar las condiciones es engañarse; una fecha sola no resuelve nada», advirtió.
El tema electoral está en la agenda, pero mal planteado cuando se reduce a un día en el calendario. La discusión real es cómo reconstruir las instituciones. Incluso decisiones recientes del TSJ sobre la situación presidencial podrían revisarse en un nuevo esquema institucional.
El punto de partida no es un comité de postulaciones electorales, sino un nuevo Poder Electoral producto de una reforma profunda a partir de un Código Electoral, un Cronograma Integrado y elecciones con condiciones y garantías
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FUENTE: >>https://x.com/anibalsanchezof/status/2111885426499752135?s=46
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