Mi conclusión no admite matices ni eufemismos de cuartel. Fue rotunda y categórica: la *Guardia Nacional* no cumplió ni una sola. Ni las pautas del derecho internacional humanitario, ni las constitucionales, ni las legales, ni las reglamentarias, ni las operacionales, ni las procedimentales, ni las doctrinarias. Ninguna. Cero.
Eso no es una opinión. Está consignado en un informe de 45 páginas que reposa en un expediente. Para los que creen que la historia se borra con opiniones de solidaridad por las redes sociales, les informo que el papel aguanta todo, menos la mentira.
Como secuela de este peritaje, y ya a título estrictamente personal para quienes tengan que asumir responsabilidades en el cambio político de Venezuela, he planteado algunas propuestas elementales, tomando como referencia las dos grandes lecciones de empleo militar en orden público de los últimos 50 años: el 27 de febrero de 1989 (El Caracazo) y el 11 de abril de 2002 (El Carmonazo).
No puedo, ni debo, hacer solidaridad automática contigua a la alcahuetería. Esa costumbre castrense de defender lo indefendible por el simple hecho de compartir componente es precisamente lo que nos trajo hasta aquí. Y hay que decirlo sin miedo: el balance en materia de derechos humanos en ambos eventos es negativo y determinante. En 1989 el Ejército cargó con la culpa. En 2002, la Guardia Nacional tiene toda la responsabilidad. No se puede tapar el sol con un dedo, aunque algunos insistan en usar la boina para hacerlo.
Mis propuestas para el cambio son específicas, para quien quiera oír y leer:
*Primero*: los tres componentes clásicos —Ejército, Armada y Aviación— no deben tener deberes constitucionales de orden público ni de orden interno. Que se dediquen de una vez por todas a lo suyo: soberanía y territorialidad. Lo que nunca debieron abandonar.
*Segundo*: iniciar una desmilitarización real de la *Guardia Nacional* y adscribirla al Ministerio del Interior, para que asuma desde allí lo que sí sabe hacer: orden público, orden interno y seguridad ciudadana. En eso, y hay que reconocerlo, tienen experiencia y un saldo histórico positivo que se pierde cuando los ponen a jugar a ser pretorianos del régimen.
La consecuencia lógica de esto es la desaparición del absurdo concepto del enemigo interno en los planes militares, la anulación definitiva del *Plan Ávila*, del *Plan Soberanía* y de toda esa carga de planificación militar diseñada contra su propia sociedad civil. Porque resulta que el enemigo nunca estuvo en la calle, sino en el propio guión.
Como militar procedente del Ejército, tengo sumamente clara la responsabilidad de mi componente en esta tragedia venezolana de medio siglo, que incluye los 27 años de revolución bolivariana. La *Fuerza Armada Nacional* en conjunto tiene una responsabilidad categórica. Allí no se salva ningún componente. Ninguno.
Lo mínimo que puede hacer hoy un militar venezolano responsable es asumir esa verdad que ya maneja toda la opinión pública y dejar de esgrimir esa solidaridad institucional y corporativa automática, tan cómoda y tan cómplice. En el caso del *11A,* defender la actuación de la Guardia Nacional es defender a Chávez, a José Vicente, a Lucas Rincón, a Belisario Landis, a García Carneiro, a Gutiérrez y toda la inconstitucionalidad de ese día. Así de simple. Así de grave.
La institución militar tiene una responsabilidad histórica ante esta crisis. Sus miembros activos y retirados deben asumir esa verdad ante la sociedad civil, sin ningún tipo de _celestinaje._ Porque la historia no va a absolver a los que se escondieron detrás de la solidaridad.
*Antonio Guevara*
16/10/2026
FUENTE: >>R/S/W
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