Las cuentas por pagar que Trump deja a EEUU en Venezuela.

Washington proclama la ilegitimidad de Nicolás Maduro cuando le sirve para capturarlo, y la olvida cuando le estorba para entenderse con su sucesora y disponer del petróleo venezolano. Esa doble vara no es solo una contradicción moral. Es una cadena de actos que, tarde o temprano, Estados Unidos tendrá que pagar.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses sacaron de Caracas a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Hoy ambos esperan juicio en el Distrito Sur de Nueva York, pero celebrar la captura como lo estamos celebrando no obliga a aplaudir todo lo que vino después.
Un título penal, no un título de conquista

La operación se justificó como apoyo a la ejecución de una orden de arresto. El secretario Rubio lo explicó así al senador Mike Lee: “La fuerza militar se usó para proteger a quienes cumplían esa orden”.

En enero, la acusación contra Maduro tenía cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y dos cargos de armas. El 8 de octubre la Fiscalía añadió la conspiración para cometer torturas, incluidas víctimas estadounidenses, y extendió a Flores el cargo de narcoterrorismo.

Ese es el título que Washington invocó: un título penal y personal contra dos acusados. Nada en una orden de arresto autoriza tomar el petróleo de un país ni decidir quién lo gobierna. Todo lo que excede ese título queda sin fundamento legal, ni político.

“Al vencedor, el botín”

En agosto, en un mitin en Las Vegas, Trump dijo que la “guerra de 48 minutos” se había pagado muchas veces con el petróleo extraído. Y remató con una máxima antigua: “al vencedor pertenece el botín”.

La versión oficial es otra. Según el Gobierno, el crudo se vende a precio de mercado y el dinero va a una cuenta del Tesoro a nombre de PDVSA, en custodia, para beneficio de los venezolanos. Pero no hay rendición pública de cuentas. Trump ha hablado de más de 13.000 millones de dólares cobrados, y ni el Congreso sabe cuánto se ha desembolsado ni a quién.

Las dos versiones no pueden ser ciertas a la vez. Si el dinero es de Venezuela y está en custodia, no puede haber pagado la guerra. Si pagó la guerra, ya no es custodia: es apropiación. La frase de Trump en Las Vegas es, en rigor, una confesión.

Una legitimidad prestada por el usurpador

Tras la captura, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la “ausencia forzosa” de Maduro y ordenó a Delcy Rodríguez asumir la presidencia como encargada. Trump no la nombró, pero la convalidó: declaró que ella era “ahora la presidenta”. Después la reconoció como única jefa de Estado y en abril le levantó las sanciones.

Aquí está la contradicción de fondo. Washington sostiene desde 2019 que Maduro usurpó el poder, y ha repetido que se robó las elecciones de 2024. Pero el vicepresidente es de libre nombramiento del presidente (art. 236.3 de la Constitución). Si el nombrante no tenía título, la nombrada tampoco. Reconocer a Rodríguez es reconocer un poder derivado del mismo usurpador que se dijo combatir.

Tampoco resiste la figura usada. La “ausencia forzosa” no existe en la Constitución. Aun dentro de ese orden que el chavismo invoca, la falta temporal dura 90 días, prorrogables por 90 más (art. 234). Han pasado más de 290. Y si la falta es absoluta en los primeros cuatro años del período, el art. 233 ordena elecciones en 30 días.

Queda Edmundo González Urrutia. En enero de 2025, Donald Trump lo llamó “presidente electo”. El reconocimiento de gobiernos es una potestad discrecional del presidente de EE. UU., y nadie puede obligarlo a reconocer a González. Pero quien afirma que hubo un robo electoral contradice sus propios actos cuando entrega el poder a los herederos del ladrón y no a la víctima. O dicho de otro modo, si Maduro se robó el resultado electoral implícitamente está reconociendo que la víctima de ese robo -Edmundo González Urrutia- fue el elegido y como tal debió -y debe- reconocerlo como tal.

La factura que heredará Estados Unidos

Los actos de un presidente obligan al Estado que representa. Cuando Trump deje el cargo, las consecuencias de lo hecho en Venezuela seguirán a nombre de Estados Unidos. Son al menos cuatro.

1. Una deuda de restitución. El petróleo es de la nación venezolana: así lo afirma el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales (Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, 1962). El derecho internacional prohíbe el pillaje (art. 47 del Reglamento de La Haya de 1907 y art. 33 del IV Convenio de Ginebra). Y todo Estado que comete un hecho ilícito debe reparación íntegra (art. 31 de los Artículos de la CDI sobre responsabilidad del Estado). Lo que se llevó como “botín” tendrá que devolverse o pagarse, con sus frutos y así tendrá que sentenciarlo la administración de justicia venezolana y norteamericana, ese será un “legado” que dejará el presidente Trump.

2. Acuerdos anulables. Washington dirá que el gobierno de Rodríguez consintió el arreglo petrolero. Pero el art. 52 de la Convención de Viena declara nulo el tratado obtenido por amenaza o uso de la fuerza. Y la amenaza consta: Trump advirtió a Rodríguez que, si no cooperaba, su destino sería peor que el de Maduro. A eso se suma que quien firmó carecía de cualidad para obligar a la República.

3. Un crédito que cobrará un gobierno legítimo. Hoy nadie reclamará: el gobierno de Caracas depende de Washington. Pero el día que Venezuela tenga autoridades electas, ese crédito será exigible. La confesión de Las Vegas será la prueba central.

4. Un precedente contra sí mismo. Si un Estado puede capturar a un jefe de gobierno extranjero con una orden de arresto nacional y luego quedarse con sus recursos, otros invocarán la misma regla. Estados Unidos pierde autoridad para condenar a Rusia en Ucrania o a cualquier potencia que se apropie de los recursos de un vecino.

Lo que corresponde hacer

La captura de Maduro pudo ser el inicio de la restitución democrática de Venezuela desde donde -sin lugar a dudas- el nuevo gobierno restablecerá las mejores relaciones de todo tipo -el comercio del petróleo incluido- con Estados Unidos, y mal se puede pretender que tal acción se haya convertido en un negocio legal y éticamente repudiable. Para corregir el rumbo, propongo cuatro medidas:Que el Congreso de EE. UU. exija una auditoría pública, cuenta por cuenta, del dinero del petróleo venezolano desde el 3 de enero.
Que esos fondos se mantengan intangibles, a nombre de la República, hasta que exista un gobierno electo que los administre.
Que se fije un calendario electoral conforme a los arts. 233 y 234, sin más prórrogas de una “ausencia” que la Constitución no conoce.
Que desde ahora se documente cada barril y cada dólar, para que el futuro gobierno legítimo que Venezuela se de pueda reclamar lo que se le debe.

Estados Unidos tiene derecho a juzgar a quienes acusa. No tiene derecho a cobrarse el juicio con el patrimonio de un pueblo. Esa factura llegará, y la pagará Estados Unidos, no Donald Trump ¿o quizás si?

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FUENTE: >>Carlos Ramírez López

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