“Tuchi”, la niña que sufrió la tortura nazista de Chávez y logró sobrevivir

Más de un millón de víctimas tiene el régimen chavista, bajo la práctica Sippenhaft, creada por Adolfo Hitler, que consiste en descargar la responsabilidad y castigo sobre los familiares de quienes disienten o se alzaron contra el barinés, primero y luego contra el cucuteño. “La Valiente Tuchi”, como la bautizó su padre, pudo huir del horror y contar lo sufrido a su familia. Hoy tiene 29 años de edad, vividos en libertad, más lejos de su amada patria.

HERNÁN LUGO-GALICIA

A los cinco años es quizás dudoso que una niña pueda escribir una carta de puño y letra.

Pero, de lo que usted no puede desconfiar es del temor, pánico e incertidumbre que padecen los infantes al ver que uno de sus padres no regresó a casa, como siempre; que unas personas, con máscaras, chalecos y pistolas entran a la fuerza a su hogar, revuelcan todo; y que ella y su hermano, tienen que esconderse hasta que la madre les canta: “¡Ganamos!”.

Si, esa fue la situación vivida por “Tuchi” a temprana edad en Caracas, Venezuela, en los inicios del régimen de Hugo Chávez.

Ella narra así sus recuerdos en texto de su padre en el exilio, luego que éste decidió denunciar al dictador con su uniforme militar, de manera pública en febrero de 2002, y más tarde, en abril de ese año, participará en la intentona castrense que dejó al barinés fuera del poder, al menos unas 70 horas, y que incluso firmará una carta de renuncia a la Presidencia que, posteriormente, ocultaron y desconocieron.

“Tuchi” entra en la lista de personas y familias de presos políticos, de exiliados y hasta de asesinados por el chavismo, que fueron víctimas de un patrón documentado de acoso, amenazas, persecución y detención de familiares de presos políticos (y de disidentes, especialmente militares) en Venezuela, utilizado para forzar entregas, auto incriminaciones, delaciones o silencio.

Ella, su hermano y su madre, sufrieron el “castigo extendido”, “criminalización por afecto” o Sippenhaft (responsabilidad/castigo familiar), una práctica asociada históricamente al nazismo (ya regímenes totalitarios como Corea del Norte), en la que se castiga al clan o parientes por actos atribuidos a un individuo.⁠

Chávez usó el Sippenhaft, pero para la época era desconocida esa maniobra política de manera pública. Hubo pocas denuncias.

Una vez, el alcalde Carlos Guyón Celis reveló que su ex compañero de armas amenazó con secuestrar a sus hijas sí él seguía al general Isaías Baduel y lo criticaba públicamente: “Si secuestras a los míos, voy por tus hijos”, fue la respuesta de Guyón Celis, quien participó en la asonada de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, liderado por Chávez.

Guyón Celis se graduó en el Ejército, en 1981, obteniendo el quinto lugar en una promoción de 73 oficiales. Por ser miembro del MBR-2000 fue senador de la república en 1999, pero años más tarde condenó al autoritario de Chávez y se pasó a la oposición.

La familia de Baduel, no sólo fue acosada por Chávez, sino por Nicolás Maduro, al extremo que detuvieron a sus dos hijos; uno de ellos, fue liberado y se exilió en Europa; el otro permanece preso en Venezuela, mientras que el ex ministro de Defensa del barinés falleció bajo custodia del Estado.

"Los niños sienten lo que pasa y, aunque por su edad olvidan al momento, los amargos recuerdos los llevan en su alma. Cualquier padre hará lo que sea para que no sufran, mientras los esbirros se ensanchan contra las familias, cual cobardes en su plan de doblar al otro", señalan los expertos.

Imagen de una antigua fotografía familiar en la que algunos rostros aparecen borrosos, simbolizando el castigo que sufrirían las familias durante el régimen de Sippenhaft.

Infancia feliz interrumpida abruptamente

“Tuchi” recuerda una infancia alegre y tranquila a los cinco años, junto a su hermano y sus padres, que cambió repentinamente sin que ella entendiera la razón.

La rutina escolar y los juegos finalizaron cuando su padre no pudo regresar a casa y la familia comenzó a ser custodiada.

Ante la persecución surgieron las estrategias de supervivencia. La madre ideó tácticas en forma de juegos para proteger a los niños durante los registros y allanamientos a su hogar.

Los hermanos tuvieron que esconderse dentro de una caja bajo la consigna de no hacer ruido para ganar el “juego” mientras personas ajenas desordenaban la casa.

Luego, tuvieron que desplazarse constantemente y abandonar el hogar. La familia se vio obligada a dejar su casa, pertenencias, juguetes y recuerdos para trasladarse a refugios temporales.

Vivieron huidas nocturnas de emergencia, teniendo que viajar de noche en coche, en pijama y con lo mínimo indispensable.

Todo impactó en la salud física y emocional: La incertidumbre por el destino de su padre y el aislamiento constante provocaron angustia e incomprensión en la niña.

El alto nivel de estrés y el deterioro de la situación la llevaron a enfermar y ser hospitalizada.

Una vez recuperada, recurrieron al ocultamiento extremo para huir. La madre continuó buscando formas de resguardar la seguridad de los niños. Una idea fue que se escondieran en el maletero de un vehículo siguiendo la estricta indicación de no hacer ningún ruido.

Fue así como, en parte venta de Venezuela rumbo a otro continente, a otro país, con otras personas, otros niños y nuevas reglas y pudo reencontrarse con su padre.

Tuchi relató sus vivencias a una corta edad y hoy ya es mayor; unos 29 años, la mayoría en el exilio, fuera de su tierra natal, de su escuela, de su casa original, pero en libertad.

Sobrevivió pero los interrogantes surgen: ¿Cuántos niños sufrieron al régimen chavista? ¿Cuántos de ellos lograron ver a sus padres o parientes vivos? ¿Cuántos tuvieron que llorar por la muerte tras las rejas?

Evolución histórica de la maldad

Durante la gestión de Chávez (1999-2013) hubo presos políticos y casos de presión, pero el patrón de detenciones sistemáticas de familiares se documenta con más claridad a partir de 2014, bajo Maduro, coincidiendo con el aumento de la represión tras las protestas de ese año.

Con Maduro evolucionó de hostigamiento a detenciones directas, desde que alrededor de 2017, se intensificaron las protestas y crisis de 2017-2019, y se agravó notablemente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.⁠

Foro Penal registró más de 19.000 detenciones por motivos políticos desde 2014. En octubre de 2026 la cifra llegaba a 322 presos políticos (aunque las cifras fluctúan con liberaciones selectivas). Otros fueron objetos de medidas restrictivas.⁠

ElDato1:

El término Sippenhaft es usado explícitamente por OVP, Foro Penal, JEP, medios y la propia Misión de la ONU porque describe el castigo colectivo por parentesco para quebrar la voluntad del perseguido. En el derecho penal moderno e internacional, la responsabilidad es individual; la Constitución venezolana y tratados prohíben que la pena trascienda a la persona. Las ONG señalan que estas detenciones suelen carecer de órdenes judiciales válidas, pruebas individuales y debido proceso.⁠

https://mei1940.org/sippenhaft-collectieve-straf-nazi-duitsland

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU describe en informes (incluido 2021) el secuestro o detención de familiares como táctica para presionar a opositores reales o percibidos.

Investigaciones periodísticas (como Armando.info en 2023) identifican al menos 25 casos entre 2017 y 2020.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó 23 nuevos casos solo en 2025 y remitió el registro a instancias internacionales.

ElDato2:

Objetivos reportados: Coaccionar la entrega de un disidente (en el país o en el exterior), obtener confesiones o delaciones del preso principal, y ejercer castigo ejemplarizante y terror psicológico sobre el núcleo familiar. Se combina con asfixia económica, restricciones de visitas, amenazas de retirar visitas o empeoramiento de condiciones, y hostigamiento si las familias denuncian públicamente.⁠Infobae

Familiares afectados

No hay un censo exhaustivo oficial, pero las ONG estiman que un porcentaje significativo de familias de presos políticos sufren hostigamiento.

En 2026 se reportaron cerca de 215 familiares de casi 200 militares/policías disidentes judicializados y excluidos de amnistías por su vínculo sanguíneo (casi 43% de cierta población carcelaria política según un recuento).

Justicia Encuentro y Perdón (JEP) totalizó a más de mil personas en el entorno familiar sufriendo el rigor de la prisión política.

OVP y otros señalan que decenas de casos concretos de detenciones de familiares documentados en períodos recientes; el fenómeno se considera sub registrado por miedo.

Las liberaciones (especialmente tras la captura de Maduro en 2026 y anuncios de amnistía) han sido selectivas e incompletas; Muchas familias hicieron vigilias prolongadas frente a cárceles como El Rodeo.

Sippenhaft y persecución familiar en Venezuela (2014-2026)

2014-2016: Inicio del hostigamiento y primeros patrones

• Cifras y Registro General: Tras las protestas de 2014, Foro Penal contabilizó más de 6.500 detenciones políticas entre 2014 y octubre de 2016. Paralelamente, se inició el patrón sistemático de acoso a familiares.
• Casos y Patrón Operativo: Predominó el hostigamiento indirecto, restricciones severas de visitas, maltratos e intimidación económica. Un caso representativo fue el de los allegados de las víctimas del “Campamento PNUD” (2014).

2017: Escalada de detenciones directas

• Documentación General: Investigación periodística de Armando.info identificó al menos 5 casos emblemáticos de detención directa de familiares dirigidos contra militares disidentes y activistas en protestas.
• Caso Juan Pedro Lares Rangel: Hijo del exalcalde opositor Omar Lares (Ejido, Mérida). Detenido el 31 de julio de 2017 por el SEBIN en su residencia para forzar la entrega de su padre. Permaneció 10 meses incomunicado y bajo torturas en El Helicoide sin representación judicial formal. Caso bajo seguimiento de la CIDH.
• Caso Familia del Capitán Ányelo Heredia Gervacio: Tras la evasión del capitán de la cárcel de Ramo Verde en marzo de 2017, efectivos de la DGCIM aprehendieron a sus padres, hermanas y cuñado.

2018: Intensificación operativa contra militares opositores

• Documentación General: Armando.info documentó 6 casos de detención arbitraria. Foro Penal reportó que a partir de 2018 se contaron al menos 22 aprehensiones de personas vinculadas por parentesco a perseguidos.
• Familia del Coronel Oswaldo García Palomo: En el marco de la “Operación Armagedón” (febrero-mayo de 2018), la DGCIM apresó a su esposa, hijo, cuñado, nuera, primos ya la estudiante de Medicina Ariana Granadillo Roca (prima lejana). Se reportaron agresiones físicas, asfixias y vejaciones violentas durante los allanamientos.
• Caso Dr. José Alberto Marulanda Beyoda: Médico cirujano aprehendido en mayo de 2018 por la DGCIM con el propósito único de ubicar a una familiar relacionada con un oficial militar.

2019: Represión continua e incursiones tácticas

• Documentación General: 3 casos principales documentados exhaustivamente por investigación periodística.
• Caso Matrimonio Delgado Tabosky – Marrufo Capozzi: María Auxiliadora Delgado Tabosky y su esposo Juan Carlos Marrufo Capozzi fueron apresados ​​en marzo de 2019 por supuestas vinculaciones con la “Operación David/Paramacay”, motivadas por la persecución contra el hermano de María Auxiliadora.
• Reincidencia sobre la Familia Heredia: En mayo de 2019, la DGCIM ejecutó un operativo en Valencia en el que resultaron aprehendidos los padres, la abuela, el cuñado y el sobrino de 8 años del capitán Ányelo Heredia, empleando amenazas de mutilación infantil como medida de coerción.

2020: Incremento de casos durante la emergencia sanitaria

• Documentación General: Peak de persecución familiar registrado por Armando.info con 8 casos documentados, a excluyendo a productores agropecuarios y allegados de líderes disidentes.
• Caso “Operación Gedeón”: En mayo de 2020, tras la fallida incursión marítima, dos hermanas y un cuñado de un acusado fueron apresados ​​durante 32 días en la sede de la DGCIM (La Boleíta). El hecho fue reseñado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU (2021).

2021-2023: Sistematización e informes Internacionales

• Cifras e Informes Consolidados: A mediados de 2023, Armando.info confirmó un acumulado de al menos 25 casos emblemáticos de represalia familiar (14 vinculados a militares y 11 a civiles). La Misión de la ONU denunció formalmente la detención de familiares como táctica de Estado, mientras la ONG Familiares de Presos Políticos Militares (FPPM) registró más de 100 incidentes graves de violaciones de derechos humanos contra familias entre 2014 y 2020.
• Familiares de Oficiales Disidentes: Detenciones sistemáticas de hermanos y cónyuges de oficiales disidentes, como las registradas en el entorno del caso Piligra Jiménez / Rivas Jiménez.

2024: Escalada postelectoral

• Contexto General: A raíz de los comicios presidenciales del 28 de julio, se desencadenó una ola masiva de detenciones registradas por Foro Penal y ONG aliadas.
• Caso Rocío San Miguel: La defensora de DDHH fue aprehendida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía. De forma simultánea, se detuvo temporalmente a su hija, cónyuge/excónyuge y hermanos. San Miguel permaneció retenida casi dos años antes de su absolución formal en 2026; Durante ese período, uno de sus hermanos falleció de cáncer sin recibir atención humanitaria oportuna.

2025: Documentación masiva de represalias colectivas

• Registro OVP: El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó al menos 23 nuevos casos de agresión coercitiva contra núcleos familiares.
• Casos Destacados de Dirigentes e Históricos: Arresto de Diego Sierralta (hijo de la difunta dirigente Yenny Barrios); detención de Ana Carolina Guaita (periodista apresada en sustitución de sus padres); Rafael Tudares (yerno de Edmundo González); detención del hijo del dirigente Biagio Pilieri; arresto del hermano de Juan Pablo Guanipa; aprehensión de la esposa, padre, hermano y primo del activista Pedro Hernández; privación de libertad de Blanca de Loaiza junto a sus hijos Omario y José Castellanos.
• Entorno de Personal Militar y Colaboradores: Detención de 6 integrantes del núcleo familiar del militar José Rodríguez Araña; arresto de la madre, sobrina y cuñado del capitán Antonio Sequea; aprehensión de los hermanos Jesús Ángel y Juan Pablo Manrique (familiares del chofer de María Corina Machado).
• Detención de Menores y Grupos Colectivos: Aprehensión en Carabobo de cuatro familiares de Miguel Guillén, incluyendo a su madre de 72 años, dos hijos (uno de 17) y su nieta de 2 años. En Barinas se documentó la detención preventiva de cuatro menores de edad (entre 5 y 12 años) junto a su madre y niñera.
• Hermanas Hernández Castillo: Samantha Sofía (16 años) y Aranza (19 años) fueron apresadas debido a la búsqueda de su hermano (teniente en el exilio). El operativo incluyó el encarcelamiento de Maykelis Borges Ortuño, quien dio a luz estando bajo custodia de la DGCIM.

2026: Exclusión judicial y situación residual

• Cifras de Exclusión por Parentesco: Foro Penal denunció que, aproximadamente, 215 familiares de casi 200 militares y policías disidentes permanecen judicializados o excluidos de beneficios procesales y leyes de amnistía debido a su nexo consanguíneo, representando cerca de 43% de esta población carcelaria.
• Hostigamiento Activo: Se mantienen informes de vigilancia e intimidación contra allegados en las afueras de los centros penitenciarios (como El Rodeo I), al igual que medidas de asfixia económica sobre grupos familiares de excarcelados o disidentes en el exterior.

Balance cualitativo y cuantitativo global

Al consolidar los informes de las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Armando.info , OVP y Foro Penal, la cifra total de personas impactadas de forma directa e indirecta por el estigma o la privación de libertad secundaria supera el millar de víctimas. El conjunto de estas evidencias ha sido consignado formalmente ante la Misión Internacional de la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional (CPI) en el expediente sobre crímenes de lesa humanidad (Situación Venezuela I).

Denuncias ante la CPI

La CPI tiene abierta la Situación Venezuela I (investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad desde al menos 2014/2017), centrada en detenciones arbitrarias, tortura, persecución política y otros actos cometidos por fuerzas de seguridad y actores pro-gubernamentales.

La investigación fue autorizada a reanudarse y confirmada por la Sala de Apelaciones. Incluye el contexto de represión sistemática en el que se marcan estas prácticas.⁠Icc-cpi

La Misión de la ONU y ONG documentaron el Sippenhaft/castigo familiar como parte de ese patrón pero, para evitar la justicia, el régimen chavista notificó su retiro del Estatuto de Roma (2026), pero esto no afecta la investigación sobre hechos anteriores a la fecha efectiva del retiro.

Organizaciones han presentado información a la Fiscalía del CPI y otros mecanismos (CIDH, ONU). Sin embargo, no hay condenas específicas de la CPI aún centradas exclusivamente en el castigo familiar, pero forma parte del cuerpo de evidencia sobre persecución y crímenes de lesa humanidad.

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FUENTE: >>https://hlgnapita.wordpress.com/2026/10/28/tuchi-la-nina-que-sufrio-la-tortura-nazista-de-chavez-y-logro-sobrevivir/

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