Caracas — El nuevo proceso para renovar la magistratura en Venezuela avanza bajo una fachada de flexibilización procedimental que, en el fondo, oculta las costuras de un sistema diseñado por y para el cálculo político. Mientras los titulares se concentran en las novedades logísticas, como la opción de que terceros autorizados consignen los documentos de los aspirantes, tras bastidores se consolida una realidad alarmante: la justicia venezolana sigue siendo un tablero de negociación donde las leyes se moldean según el interés de las cúpulas.
El más reciente comunicado del comité para postulados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) expone una contradicción que roza el absurdo jurídico. A los magistrados nombrados en 2015 por la Asamblea Nacional, hoy en el exilio, se les
prohíbe taxativamente participar en la nueva selección. ¿El argumento oficial? Que postularse equivaldría a repetir en un cargo que "ya ocuparon".Se trata de un malabarismo retórico que
choca de frente con la realidad material. Debido a la persecución política,
estos juristas jamás pudieron dictar una sentencia, ocupar un despacho en
Caracas ni ejercer funciones reales en el territorio nacional. Es más, el
propio Estado nunca les reconoció salarios ni prestaciones sociales. Se les
reconoce el estatus solo para vetarlos, pero se les desconoce al momento de
validar su ejercicio. Esta exclusión no es un criterio legal uniforme; es una
línea roja política. La prueba de su naturaleza discrecional es que el propio
comité ha confirmado una excepción: al menos una persona vinculada a este
TSJ en el exilio sí fue habilitada para concursar, quebrando la supuesta
rigidez de la norma.
La factura que paga el ciudadano a pie
Más allá del choque de trenes
institucionales y las pugnas entre el gobierno y la Asamblea de 2015 en las
mesas de negociación, este escenario deja al descubierto el verdadero drama
nacional: la absoluta inseguridad jurídica que padece el ciudadano común.
Cuando las reglas para elegir a los
encargados de impartir justicia se anulan y relanzan de forma opaca —como
ocurrió hace meses por decisión directa de la mesa de diálogo sin explicaciones
legales públicas—, el mensaje para la sociedad es devastador. En Venezuela, la
ley no es una garantía certera ni una regla clara e igual para todos; es un papel
que se reescribe a puerta cerrada según las necesidades del momento político.
Para el venezolano de a pie, esta
discrecionalidad se traduce en total indefensión. Si el marco normativo es
incapaz de sostener la coherencia interna en la elección de sus jueces más
altos, ¿qué protección le queda al ciudadano frente a un tribunal local, una
disputa de propiedad, un despido injustificado o una detención arbitraria?
La flexibilización de entregar
documentos mediante un gestor o un tercero es una concesión menor en un proceso
que mantiene la entrevista final estrictamente presencial, blindando el filtro
político. Mientras el nombramiento de los jueces siga supeditado a vetos
cruzados y conveniencias partidistas, la posibilidad de contar con tribunales
independientes y transparentes seguirá en el exilio. Al final del día, la gran
víctima de este ecosistema de contradicciones no son los magistrados excluidos,
sino un país entero que sobrevive sin una red de seguridad jurídica que lo
proteja.
A continuación, se presenta un resumen ejecutivo
con los puntos clave sobre la situación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
en el exilio y el proceso de postulación judicial actual:
- Restricción
y contradicción de postulación: A los magistrados del TSJ en el exilio se
les impide participar en el nuevo proceso de selección bajo el
argumento de que ya ocuparon el cargo. Sin embargo, esto se considera una
contradicción debido a que nunca pudieron ejercer sus funciones en
Venezuela debido a la persecución política, ni recibieron los sueldos
o prestaciones de ley.
- Excepciones
detectadas: A
pesar de la prohibición general, se confirmó que al menos una persona
vinculada al TSJ en el exilio sí podrá participar en esta nueva
convocatoria.
- Flexibilidad
en la entrega de documentos: El nuevo proceso permite que los aspirantes entreguen
sus documentos mediante un tercero autorizado, aunque la entrevista
final se mantiene obligatoriamente presencial.
- Origen
de su nombramiento: Los magistrados en el exilio fueron elegidos y aprobados por la
Asamblea Nacional de 2015.
- Anulación
del proceso anterior: La convocatoria previa fue anulada por actores de la mesa de
negociación política (en la que participa la Asamblea Nacional de
2015), pero el documento no detalla los motivos legales específicos de la
cancelación.
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