Sin reparación para víctimas, la reforma mira al futuro.
El día 4 de los corrientes, el diputado Rubén Limas anunció en la Asamblea Nacional que la reforma de la Ley contra el Odio acabará con la “cárcel inmediata” y la “persecución política por pensar distinto”. Suena bien. En Venezuela, sin embargo, las promesas también necesitan expediente, pruebas y derecho a la defensa.
Después de nueve años, la pregunta no es cómo bautizar la ley. Es por qué reformar un instrumento que, según sus críticos, debería derogarse. Cambiarle el nombre a “Ley de Convivencia Pacífica, Democrática y de Tolerancia” puede mejorar el membrete. No necesariamente cambia lo que ocurre cuando el Estado interpreta una opinión como delito.
Limas, integrante de la comisión que revisa el instrumento, dice que con la reforma debe terminar la cárcel y la persecución por pensar distinto. También asegura que la ley se “despenaliza completamente”. La palabra completamente trabaja aquí horas extra: las organizaciones que piden la derogación advierten que el proyecto conserva multas de 500 a 10.000 euros, cuya aplicación atribuyen a la discrecionalidad del Ministerio de Relaciones Interiores, y cuestionan la falta de procedimientos claros y garantías de defensa.
La prisión podría salir por la puerta principal. La sanción administrativa entraría por la lateral, con otro uniforme y un formulario nuevo. No es poca cosa cambiar cárcel por multa; pero tampoco basta con cambiar la etiqueta para que desaparezca el efecto intimidatorio.
Una sanción económica impuesta sin garantías claras puede pesar sobre la expresión tanto como una amenaza penal. A veces no hace falta encarcelar al mensajero: alcanza con que todos los demás vean cuánto cuesta hablar.
Los números no son un adorno para la discusión. Según Foro Penal, al menos 927 personas han sido imputadas por “instigación al odio” desde 2017. La CIDH y su Relatoría Especial documentaron 85 casos de personas y medios señalados por presuntos delitos de odio: entre ellos, 49 periodistas y trabajadores de medios y siete medios de comunicación. Son cifras que vuelven difícil tratar el problema como un simple desperfecto de redacción.
La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció que la ley fue “mal aplicada” y que hubo “un uso abusivo”. Es una admisión importante. Pero deja abierta una pregunta incómoda: ¿se abusó de una herramienta concebida correctamente o la herramienta permitió, y acaso facilitó, el abuso?
Si el problema está en el diseño, pulirlo no lo resuelve. Si está en la aplicación, habrá que explicar por qué quienes la aplicaron pudieron hacerlo sin controles suficientes.
Tampoco hay, según las organizaciones que reclaman la derogación, una respuesta integral para quienes ya fueron afectados: liberación plena, sobreseimiento de las causas y reparación. La reforma mira hacia adelante, pero el pasado sigue en la sala. Y no parece tener intención de retirarse.
Limas habla de reconciliación. La Plataforma Unitaria responde que Venezuela no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución, sino desmontar el marco que permitió usar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten. No es una diferencia de tono. Es una diferencia sobre el remedio.
La reforma promete quitar la cárcel. Falta saber qué deja en su lugar, quién decidirá cuándo una expresión merece sanción y qué garantías tendrá la persona señalada. Mientras esas respuestas no sean inequívocas, “despenalización” puede sonar menos a cierre de capítulo que a cambio de jurisdicción: del tribunal penal al escritorio administrativo.
El diputado describió el diagnóstico con palabras precisas: persecución política, pensar distinto, cárcel inmediata. La discusión es si su receta desmonta ese sistema o solo le cambia el nombre, el sello y la factura. Porque la convivencia no se decreta con un título amable. Y la tolerancia, cuando viene acompañada de una multa que puede arruinarte, tiene un sentido bastante peculiar.
FUENTE:José Luis Centeno S
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