“Vamos a teneruna grave crisis política que va a acentuar la crisis humanitaria”

José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, asegura que luce inminente un fallo del máximo juzgado del país contra el RR.

Caracas
El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y profesor de postgrado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Vicente Haro, lleva contabilizadas 32 sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra decisiones de la Asamblea Nacional (AN): cuatro de ellas corresponden a la Sala Electoral y el resto a la Sala Constitucional.


Una vez conocido el nuevo fallo del TSJ de fecha 11 de octubre que avala la decisión del Ejecutivo de no presentar el presupuesto 2017 ante la AN, expertos como Haro afirman que luce inminente una sentencia del máximo juzgado contra la realización del referéndum revocatorio (RR).

“Lo que procedía aquí como en el pasado era la reconducción del presupuesto, tal y como ocurrió durante la presidencia de Rafael Caldera y de Carlos Andrés Pérez, una figura jurídica y administrativa que está inserta en el artículo 313 de la Carta Magna”.

Demanda de nulidad contra el RR

Precisamente la Sala Constitucional maneja una demanda de nulidad contra el referéndum revocatorio que debería efectuarse este año. Jorge Rodríguez, en representación de la comisión presidencial para la verificación de firmas, introdujo la causa el 13 de junio.

En el libelo, Rodríguez solicita una medida cautelar de suspensión de efectos, una petición muy similar a la que sirvió a la Sala Electoral para suspender a los diputados de Amazonas de sus cargos, días después de que estos resultaron electos y proclamados por el Poder Electoral.

“El referéndum está en riesgo grave y para ponerlo en términos peloteriles, está en 3 y 2 porque no depende sólo de la voluntad de los ciudadanos sino de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que han actuado con demora y del TSJ que está por emitir un fallo que pondría la cita revocatoria en el congelador”, afirma Haro, quien sostiene que si los magistrados se saltaron a la torera los artículos 312, al 315 más el 387 de la Constitución de la República para asegurar que el presupuesto nacional puede ser presentado ante el TSJ, ¿quién dice que no harán lo mismo con lo concerniente a la material plebiscitaria? “Los tiempos para llevar adelante esta iniciativa de la oposición están altamente comprometidos y es muy probable que el referéndum no pueda llevarse a cabo antes del 10 de enero de 2017”.

-¿Qué podría ocurrir si la frustración electoral se apodera de la gente?

–Lamentablemente tengo que decir esto: el Presidente, con sus decretos de emergencia económica y su afirmación de que las elecciones no son prioritarias, sumado a la conducta de los magistrados que dictan 32 fallos contra la Asamblea, los diputados de Amazonas y en contra de los partidos políticos, y la reiterada posición obstruccionista del CNE impiden la realización de la cita refrendaria, lo que yo vislumbro es que vamos a tener una grave crisis política que va a acentuar la crisis humanitaria que afecta a los venezolanos. Ya no podemos decir que vivimos en un autoritarismo competitivo, mucho menos en democracia.

Haro visualiza un panorama de caos que podría desencadenar en una nueva Asamblea Constituyente de carácter originario que cambie el estatus de todos los poderes.

Un Estado enfermo

El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, no es mucho más optimista que Haro al referirse al posible “asesinato” del RR.

Pero advierte que ya lo ocurrido con la presentación del presupuesto ante la Sala Constitucional constituye un exabrupto. “Lo que hemos presenciado esta semana es una evidencia más del abuso y usurpación de un poder público contra otro”.

A juicio del experto legal, no es caprichoso que el Presidente tenga que presentar el proyecto de gastos de 2017 ante la Asamblea.

“Eso se corresponde con el hecho de que es el pueblo el que tiene que aprobar lo que se gaste y la soberanía popular está encarnada en el parlamento. No es el gobierno ni mucho menos la justicia la que tiene que dar el visto bueno al presupuesto”.

Sostiene que los problemas que padece Venezuela obedecen a que actualmente es un país que no tiene un sistema orgánico e institucional que le permita resolver sus conflictos.

–¿Vislumbra usted una sentencia contra el referéndum revocatorio?

–Si se toma en cuenta la trayectoria mostrada por la Sala Constitucional del TSJ, que se ha comportado como una oficina de asuntos judiciales de la Presidencia de la República, no me extrañaría que anulara la posibilidad que tiene hoy el pueblo de revocar a Nicolás Maduro.

El experto constitucionalista sostiene que lo que se está observando desde hace algún tiempo es el lento suicidio del Estado venezolano.

“Cuando a un Estado se le cierran los mecanismos constitucionales para resolver las controversias y el sistema judicial, que es su sistema inmunológico, está total y descaradamente sesgado y al servicio de un partido político; cuando las vías de escape constitucional para resolver una situación de crisis y alta impopularidad del Presidente, son cerradas, se está desafiando a que se produzca una explosión social.

No sé si es una maniobra calculada que pretende acusar a la oposición de instigar a la violencia y justificar una masiva represión pero, sea como sea, esta estrategia puede salirle mal al Gobierno que actúa con suprema irresponsabilidad.

Nikken asegura que actualmente hay un desconocimiento del Estado y una ruptura del hilo constitucional.

Afirma que la mejor recomendación que un abogado puede hacer a sus clientes es evitar llevar una causa a los tribunales.

“Es un disparate. Ahí nadie sabe qué puede ocurrir. Ya lo dijo una vez en la Asamblea el difunto Carlos Escarrá: la Sala Constitucional es tan arbitraria que si uno llega a cobrar una letra de cambio, capaz y le dan una sentencia de divorcio”.