La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de La Universidad de Los Andes, a través del presente comunicado, se dirige a toda la comunidad profesoral con la finalidad de fijar posición pública ante la situación planteada por la no cancelación a tiempo del bono vacacional por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, así como por la total ausencia de información oficial acerca de la fecha y condiciones en que esa instancia gubernamental realizará ese pago a los trabajadores universitarios.
De entrada, queremos y debemos recordar que el bono vacacional, como concepto, no es una dádiva o una concesión del gobierno nacional a los trabajadores, en este caso a los universitarios: ese bono es el resultado de las luchas históricas de los trabajadores venezolanos para su consecución, luchas que lograron en el pasado su incorporación a los beneficios permanentes que recibimos quienes laboramos en el sector público.
No en balde, la propia Constitución Nacional así lo reconoce en su artículo 90, en el que consagra el derecho de los trabajadores a las vacaciones remuneradas y, en consonancia con ese derecho constitucional, la Ley del Trabajo vigente establece las condiciones en que se desarrolla el goce de ese beneficio, señalando entre otras disposiciones, su base de cálculo en función del último salario devengado antes del inicio de período vacacional (art. 121), el carácter salarial del bono (art.192), así como, y esto nos resulta especialmente importante de subrayar, el derecho a recibir ese pago antes del inicio de las vacaciones (art. 194).
Adicionalmente, la III Convención Colectiva Única del Sector Universitario que, aunque ya vencida sigue vigente en la práctica, señala en su cláusula N° 32, tanto el monto a percibir por concepto de bono vacacional, que equivale a 105 días de salario integral, así como la obligatoriedad por parte del ministerio de cancelar ese monto al menos quince días antes del inicio de las vacaciones; además, esta contratación ofrece la fórmula de cálculo legal del bono vacacional, fórmula que junto al salario integral, incluye también las primas salariales y el 10% correspondiente al aporte para la caja de ahorros.
Hecho este necesario recuento, desde la APULA denunciamos con firmeza y también con absoluta responsabilidad, la flagrante violación de estas disposiciones legales por parte del MPPEU, violaciones que se expresan, tanto en la pretendida aplicación de un instrumento distinto de cálculo, el hoy tristemente célebre instructivo de la ONAPRE -adefesio pseudo legal a todas luces violatorio de nuestros derechos legítimamente adquiridos-, como en la demora injustificada y también ilegal en la cancelación del referido bono que, según lo dicho anteriormente, debió ser depositado a más tardar hoy 31 de julio de 2022.
Adicionalmente, queremos también denunciar ante los universitarios, el penoso papel que viene jugando en esta situación la FTUV, ilegítima y sumisa federación que no solo ha secuestrado la verdadera representación de quienes laboramos en las universidades venezolanas, sino que lo ha hecho sacrificando en macabra sintonía con el gobierno nacional, los derechos y conquistas que los universitarios, no sin sacrificio, hemos obtenido en las últimas décadas; esta federación de maletín ha puesto sus intereses y los de la élite política responsable de la penosa situación que hoy vive el país, por encima de los derechos de quienes hemos realizado y seguimos realizando desde la Universidad venezolana con nuestro trabajo, un esfuerzo por una sociedad más educada y próspera.
Ante esta delicada situación desde la APULA, 1) exigimos al gobierno nacional la cancelación inmediata y no fraccionada del bono vacacional, el cual además debe ser calculado de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente cuyo contenido hemos ya subrayado en sus aspectos fundamentales; 2) exhortamos a las autoridades universitarias a realizar todas las gestiones a las que haya lugar para lograr el pago justo y efectivo del bono vacacional a la brevedad; 3) invitamos a nuestros agremiados a sumarse, en caso de no concretarse el pago mañana 01 de agosto, a las acciones de protesta que oportunamente convocaremos por los distintos canales informativos y medios de comunicación.
En Mérida, a los 31 días del mes de julio de 2022.
La Junta Directiva
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FUENTE: @APULAINFORMA
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