Entre tanto, un sentimiento controversial y amargo azota a los más de 8 millones de venezolanos exiliados, a los miles de presos políticos del país y a los depauperados habitantes de nuestra nación, secuestrada y devastada por la perpetuación de un régimen político entreguista y delincuente, que sobrevive precariamente en el poder.
Tal como hemos señalado en nuestras declaraciones previas, la principal responsabilidad de esta agresión militar contra nuestro sagrado suelo, es del régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Ellos convirtieron nuestro territorio y riquezas en un campo de disputa y rebatiña para la voracidad de las potencias imperialistas que se han aprovechado del servicio que le han brindado sus capitostes en el país.
Bien han podido respetar la voluntad del 28 de julio de 2024 y entregar el poder. Pero su afán de perpetuación, saqueo y entreguismo sin escrúpulo, han puesto en vilo como nunca nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra libertad; y ahora ponen en vilo nuestra integridad territorial y nacional.
Las amenazas insidiosas del presidente Donald Trump contra el régimen restante, al que por ahora parece reconocer en la figura de la usurpadora vicepresidente Delcy Rodríguez con base en una suerte de “protectorado” continuista, es suficiente alerta para que la camarilla en el poder deponga su conducta y ceda paso al respeto a la Soberanía Popular, que intransferiblemente reside en el pueblo como lo indica el artículo 5 de la Constitución. El mandato y la ruta para salvar la República, fue dado el 28 de julio de 2024.
El régimen no ha sido derrotado pero la captura de Nicolás Maduro muestra una fisura profunda en las alturas de la mafia usurpadora. Este ataque pone de manifiesto la vulnerabilidad total de nuestro territorio y pone en entredicho la capacidad de las FANB para defender nuestra soberanía. Además, indica claramente que el camino del rescate de la senda democrática, constitucional y soberanista, debe prevalecer si se quiere salvar la República.
Las fuerzas políticas, militares y policiales están en la obligación constitucional de procurar y garantizar una transición en paz, que retome la senda constitucional, haciendo valer el mandato dado y facilitando que un Gobierno encabezado por presidente electo, Edmundo González Urrutia, pueda recorrer un cambio en paz, en democracia, con apego al mandato constitucional y en favor de la defensa de la soberanía popular, nacional y territorial.
Las riquezas de nuestra patria, sus minas, su petróleo y todo fruto territorial y del trabajo, pertenecen al pueblo de Venezuela. Nuestra nación no quiere seguir siendo Colonia. Sus riquezas deben ser administradas por un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que las rescate del saqueo y la barbarie; y que sea quien determine los mejores usos para reconstruir la nación. Nada le debe Venezuela a nadie si Venezuela resuelve en paz su propio su destino. Aún podemos salvarnos del tutelaje imperialista que hemos padecido.
Si, por el contrario, lo que queda del régimen madurista encarna el continuismo en la entrega de nuestra soberanía a cualquier potencia extranjera, para garantizar así la entronización inaceptable en el poder, estarán sellando un destino devastador para nuestra nación, en el que toda la gesta emancipadora de la independencia se habrá perdido por la apetencia abyecta de unos pocos.
Convocamos a las naciones del mundo y a todas las fuerzas democráticas del país, a impedir más ataques sobre nuestro territorio, reivindicando la ruta de paz y salvación que inició el pueblo el 28 de julio. Rescatemos la senda constitucional como base fundamental para la defensa de la soberanía nacional y territorial, porque es allí de donde emana la base fundamental de la soberanía republicana.
Exigimos a los Estados Unidos el cese de la amenaza sobre nuestro territorio y riquezas y, si quiere contribuir a la paz, debe aceptar el mandato popular expresado en el reconocimiento a Edmundo González como Presidente, quien fue desconocido por Nicolás Maduro y su régimen hasta el presente.
Exigimos al régimen restante y a sus facciones y líderes, que depongan su intención de perpetuarse en el poder y eviten nuevos ataques militares, allanando el camino hacia una negociación y entrega en paz del poder político a quien ya ha sido electo por el pueblo.
Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos y el inicio de una transición pacífica y de reconstrucción, que encuentre en la Constitución vigente la guía para salvar la República del riesgo de disolución. Que garantice el restablecimiento pleno de derechos democráticos, laborales y de salarios, pensiones servicios públicos y que se comprometa abiertamente con una política de superación de la pobreza y la exclusión social.
Un nuevo Gobierno debe impedir la apropiación de nuestras riquezas y garantizar una transición en paz que construya, junto a todos, una senda de bienestar, desarrollo, progreso y reinstitucionalización del Estado; que garantice el protagonismo popular en los cambios por venir y que siente las bases para el regreso de los millones de compatriotas que esperan volver a su patria para reconstruir, en democracia y libertad, una nación de prosperidad que sea faro de independencia, como siempre fue Venezuela.
¡Salvemos la República!
Alianza por la Soberanía y la Democracia
Caracas, 3 de enero de 2025
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FUENTE: >>https://alianzasoberaniaydemocracia.blogspot.com/2026/01/venezuela-tiene-la-ruta-para-salvar-la.html
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